infoLibre: Este viernes se han cumplido tres años de la entrada en vigor del Real Decreto 16/2012 que vetó el acceso a la sanidad pública a miles de personas. Coincidiendo con este aniversario, los colectivos Marea Granate y Yo Sí Sanidad Universal han lanzado la campaña Nos echan de la salud para “visibilizar y denunciar” que con aquel decreto no solo comenzó la exclusión sanitaria para los inmigrantes en España, sino también para los españoles que emigraron a causa de la crisis.

Ambos colectivos exigen la derogación del “criminal decreto de exclusión sanitaria”, ya que les ha “castigado y robado” su derecho a la salud “por emigrar”, denuncia Faustina González, residente en Londres desde hace más de dos años. Si estás pensando en emigrar y tienes más de 26 años, “cruza los dedos para no ponerte enfermo”, advierte.

El decreto ligó el derecho a la asistencia sanitaria a la situación laboral, económica y administrativa de las personas, “cambiando así el modelo sanitario de nuestro país”, reivindica el comunicado de ambos colectivos. La normativa supone que los emigrantes españoles mayores de 26 años y sin un contrato indefinido no tengan cobertura sanitaria a los 90 días de haber salido del país.

“El Gobierno dijo que esta medida era para impedir que los inmigrantes que estaban durante un periodo de tiempo en España se beneficiasen de la salud pública cuando regresaban definitivamente a su país”, cuenta González, “pero es mentira”.

El Ejecutivo español no ha demostrado, después de tres años, el supuesto ahorro que ha producido esta medida a las arcas públicas. Para González, es una “modificación legal sobre la que nadie nos ha consultado y sobre la que no tenemos ningún control”, ya que ha sido implantada por Real Decreto.

“Más de 250.000 personas han salido de España desde que comenzó la crisis” en busca de un empleo, cuenta Víctor, representante de la Marea Granate en España. Son, en su mayoría, jóvenes que se han visto obligados a emigrar a causa “de las políticas del expolio, que no dejan un futuro” para ellos.

A todos esos emigrantes españoles que salen en busca de un trabajo “se les niega la tarjeta sanitaria europea porque no salen del país con un contrato indefinido”, denuncian ambos colectivos. La opción que les da el Gobierno español es un Certificado Sustitutorio Provisional que posibilita la cobertura sanitaria, en caso de no estar cobrando el paro, durante 90 días. Pero ese certificado sólo se expide para un año.

“Un certificado que en muchos países te rechazan porque dicen que España no les paga luego el tratamiento de sus ciudadanos, porque no saben lo que es o porque está escrito en español y no lo entienden”, denuncia Marta, del colectivo Yo Sí Sanidad Universal.

Pasados los 90 días de estancia fuera de España, los emigrantes son dados de baja en el sistema nacional de salud español y, si no han encontrado un trabajo indefinido en el país que los recibe, quedan completamente desprotegidos.

“Es muy complicado encontrar un trabajo indefinido en 90 días”, denuncia Marta. Además, los emigrantes españoles se encuentran con la dificultad, cuando vuelven a España, de no tener tarjeta sanitaria y no ser incluidos inmediatamente en el sistema nacional de salud.

Ambos colectivos denuncian las “trabas” que el sistema pone para obtener de nuevo la tarjeta sanitaria española. “Tienes que demostrar que no tienes trabajo en ningún otro país y que cotizas menos de 100.000 euros al año” para volver a reclamarla, cuetna Marta.

La Comisión Europea de Empleo ya remitió una carta al Gobierno español en la que le instaba a otorgar la tarjeta sanitaria europea a aquellos emigrantes que salen del país con un contrato temporal, “pero hacen caso omiso”.

“Somos fácilmente silenciables”, denuncia Faustina González, de Marea Granate, en relación a su exclusión sanitaria y a las trabas que el Gobierno también pone a los emigrantes para votar desde el exterior, “somos más de 200.000 personas y el Gobierno no nos quiere”.

La presentación de la campaña Nos echan de la salud también coincide con otro aniversario: se cumplen dos años de la muerte de Alpha Pam, un joven senegalés de 28 años que falleció en Mallorca a causa de la tuberculosis que padecía y a quien el sistema sanitario se negó a atender por no tener tarjeta sanitaria.

Faustina cuenta cómo los miles de emigrantes se sienten en la misma situación que los inmigrantes excluidos dentro de España. "De repente nos dimos cuenta de que a los emigrantes nos habían robado el derecho a la salud igual que a otros grupos de la población en España", algo que, como en el caso de Alpha Pam, "nos deja a solas con nuestras enfermedades.