EL PAÍS: El Ministerio de Sanidad ha avisado de que no tendrá validez nacional la tarjeta que se les dé a los inmigrantes en situación irregular en el País Vasco. Es la respuesta del departamento que dirige Ana Mato al auto emitido ayer por el Tribunal Constitucional en el que acepta un recurso interpuesto por el Gobierno del ya exlehendakari Patxi López para seguir facilitando la atención sanitaria a extranjeros sin papeles, en contra del decreto aprobado por el Ejecutivo de Rajoy que excluye a estas personas de la asistencia normalizada.

"Respetamos el auto, pero en ningún caso la intención del ministerio ha sido quitar la asistencia a nadie. Lo que ha hecho ha sido regular la condición de asegurado y ha dicho quién puede tener tarjeta y quién no", señalan fuentes del ministerio. El responsable del PP en Sanidad y Asuntos Sociales, José Ignacio Echániz, ha declarado, por otra parte, que la sentencia "no pone en cuestión" el decreto porque "no se pronuncia sobre el fondo de la cuestión". "Simplemente, levanta cautelarmente la suspensión hasta que se produzca una sentencia definitiva', ha recalcado. Para concluir: "El Gobierno mantendrá las medidas".

Al presentar su recurso, el Gobierno vasco argumentó que el colectivo de sin papeles es “el que resulta más afectado por patologías infecciosas” como el VIH, la tuberculosis, la meningitis tuberculosa, el paludismo y la hepatitis B, “que presentan una prevalencia en la población inmigrante superior a la española y cuya falta de seguimiento puede dar lugar a un estado de alarma social por deterioro de la salud pública”. Dejar a estas personas “sin el apoyo clínico sanitario, supondría un riesgo de contagio para el resto de la población”, defendía también.

El Constitucional ha admitido este argumento e indica que todos los poderes públicos deben “garantizar a todos los ciudadanos el derecho a la protección de la salud”, y esgrime que el objetivo del ahorro, en el que se basó el Gobierno para limitar la atención sanitaria, no puede prevalecer sobre el interés general de preservar la salud.

Por otra parte, el departamento de Ana Mato se congratula de que el Constitucional haya avalado el recurso interpuesto por el Gobierno contra el decreto del Ejecutivo de López que impedía la aplicación del nuevo copago farmacéutico en la Comunidad. Así, a partir de ahora, el País Vasco va a tener que aplicar este copago farmacéutico, que se aplica en toda España desde el pasado 1 de julio, y por el que las personas en activo pagarán entre el 40% y el 60% de los medicamentos en función de la renta.