EL PLURAL: Andrea, una niña de 12 años, afectada por una enfermedad degenerativa, entró el pasado mes de junio en un proceso de empeoramiento que ha llevado a sus padres a pedir que se les deje ejercer el derecho a una muerte digna. Esos días la niña sufrió una trombopenia (una disminución drástica del número de plaquetas en sangre) que complicó todo su estado. En estos momentos ni siquiera puede asimilar la alimentación artificial, por lo que Andrea está condenada a un proceso de desnutrición que le llevará a una muerte inevitable y penosa.

El comité de bioética apoya la petición de los padres
Ingresada en el Hospital de Santiago, los padres solicitaran que se impidiera alargar la vida de su hija por medios artificiales. Una vida que no sería para ella sino sufrimiento. La madre de Andrea, Estela Ordóñez, en la Cadena SER ha declarado que “no pedimos eutanasia, sino que la seden y que me hija pueda irse poco a poco, sin sufrir”.

Sin embargo se han encontrado con que la dirección del hospital compostelano y su servicio de pediatría se han negado a cumplir hasta el momento su petición. La historia tiene un lado que la hace más incomprensible, porque el comité de bioética que funciona en cada hospital, aunque es verdad que su opinión no es vinculante, apoya la petición de los padres de Andrea de que se le retire todo soporte vital.

El Parlamento Gallego aprobó una ley de derechos y garantías de enfermos terminales
Los padres han tenido que acudir a los medios ante la situación a la que les lleva el Hospital, y esto pese a que Galicia cuenta desde el pasado mes de junio con una de las legislaciones más abiertas en este sentido en toda España. El día 22 de ese mes el Parlamento Gallego aprobó por unanimidad una iniciativa legislativa de derechos y garantías de los enfermos terminales, por la que, se decía, quedaba asegurado que el paciente tenga garantizados los cuidados paliativos, se encuentre “en el hospital que se encuentre y tenga la edad que tenga”.

El PP se había negado una semana antes de este acuerdo, a aprobar siquiera la discusión de una proposición de ley que había presentado el PSOE con la que se pretendía garantizar el respeto absoluto de la voluntad de los enfermos en fase terminal. Pero sí acepto la nueva norma, que venía a regular la libertad para decidir en el proceso de la muerte, aunque en ningún caso se contemplaba la eutanasia.