EL PAÍS: Una clara mayoría de los ciudadanos se opone a dejar en la cuneta de la atención sanitaria a los inmigrantes en situación irregular. El 64% rechaza la medida del Gobierno de impedir a los extranjeros sin permiso de residencia el acceso a la tarjeta sanitaria y, en consecuencia, a la red pública normalizada, según un sondeo de Metroscopia elaborado para EL PAÍS.

Esta opinión está en sintonía con la mostrada por el Tribunal Constitucional, que acaba de manifestarse en contra de la restricción de la cobertura a este colectivo. Un auto hecho público el lunes (la sentencia definitiva tendrá que esperar) levantó la suspensión dictada por el Gobierno contra un decreto del País Vasco que garantizaba la universalidad de la atención en su territorio. Por encima de eventuales ahorros económicos, sostiene el alto tribunal, se encuentra el derecho a la salud, a la integridad física de las personas y el interés de la protección sanitaria de toda la población. Algo muy parecido a lo que opina la sociedad española, a tenor de los resultados del sondeo.

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Fuente: Metroscopia / EL PAÍS

La encuesta de Metroscopia —a partir de una muestra de ámbito nacional de 500 personas— revela que buena parte de las personas consultadas es contraria a poner trabas a la asistencia a los sin papeles. Aunque existen claras diferencias en función de la opción política de los ciudadanos. Entre los votantes del PSOE, el desacuerdo con la restricción a la asistencia es claro: un 75% no la comparte. Entre los votantes del PP, la opinión está más dividida. Un 59% apoya la medida y un 41% no la justifica.

Existe mayor sintonía en otras dos cuestiones. El Constitucional destaca en el auto la “importancia singular” que tiene en el marco legal español el derecho a la salud y a la integridad física de las personas a las que se obstaculiza el acceso a la sanidad. Preguntados por si la exclusión sanitaria va en contra de los derechos fundamentales de las personas, la respuesta es contundente: el 77% de españoles así lo cree. En este caso persisten las diferencias entre partidarios del PP (66%) y del PSOE (80%).

También hay un sentimiento generalizado de que dejar a los inmigrantes al margen del sistema —solo se garantiza la atención a menores, embarazadas y el acceso a los servicios de urgencias— puede suponer un peligro para la salud pública por obstaculizar el tratamiento a personas con enfermedades contagiosas. Es lo que cree el 72% de los consultados. Este argumento, el de evitar riesgos para la salud del conjunto de la sociedad, también fue empleado por el Constitucional para justificar el levantamiento de la suspensión del decreto vasco. Entidades humanitarias como Médicos del Mundo, sin embargo, destacan que la frecuentación de los servicios de salud entre inmigrantes es más baja que entre los españoles, ya que, al ser población joven, goza de mejor salud.

La exclusión de la asistencia normalizada a los extranjeros sin papeles es uno de los aspectos centrales de la reforma sanitaria que el Gobierno aprobó en abril. Como el resto de medidas incluidas (copago en nuevas prestaciones, aumento de la aportación en los medicamentos con receta) Sanidad lo justifica con las exigencias del control del gasto.

El sondeo también se detiene en esta cuestión. El 54% de los españoles no considera que la exclusión sanitaria suponga ahorro alguno, como también puso en duda el Constitucional.

Entre los votantes del PP, un 58% cree que el veto sanitario sí permitirá controlar el gasto, frente a un 39,2% que opina lo contrario.

Desde que el peaje sanitario entró en vigor, el pasado mes de septiembre, su aplicación ha sido dispar y caótica. País Vasco, Andalucía, Cataluña y Asturias atienden a los sin papeles y no aplican la norma del Gobierno. Comunidad Valenciana, Castilla y León, Galicia y Navarra han desarrollado procedimientos para seguir atendiéndolos sin contravenir la norma. El resto sigue la exclusión a rajatabla, según un informe de Médicos del Mundo.