Redacción Médica: La Región de Murcia ha regulado mediante decreto la publicidad sanitaria, estableciendo un nuevo marco regulador que sustituye a la vigente normativa, que data de 2003, y que prohíbe dañar la figura del profesional sanitario.

Así lo recoge la orden publicada en el boletín oficial de la comunidad, donde destacan que “no se podrá efectuar publicidad a través de cualquier medio de difusión, formato, imagen o sonido que pueda atentar contra la dignidad, ética, seriedad y rigor del ejercicio de las profesiones sanitarias o puedan dañar la figura del profesional sanitario frente a los ciudadanos”.

El objetivo del nuevo decreto es proteger a los usuarios y destinatarios de esta publicidad, a fin de evitar actuaciones engañosas que puedan generar perjuicios económicos y riesgos para la salud de los ciudadanos, especialmente de la población más vulnerable.

En virtud de esta nueva regulación, todas las formas de publicidad sanitaria, efectuada por cualquier medio o soporte, dirigida a promover directa o indirectamente la contratación de actividades, productos o servicios prestados por centros, servicios o establecimientos sanitarios de la Región de Murcia, relacionada con los riesgos para la salud o que tengan cualquier tipo de repercusión para la salud humana, deberán obtener autorización administrativa previa por la Consejería de Salud.

 Objetivo 

Esta publicidad deberá identificar con claridad y rigor el producto o servicio que se ofrece con textos comprensibles en su integridad, evitando cualidades o propiedades no suficientemente demostradas o que puedan suponer confusión con otros productos y no podrán contener afirmaciones que no puedan ser probadas científicamente.

En total, son 13 los criterios que figa esta nueva ley para controlar el uso de la publicidad sanitaria. Entre ellos, a parte de preservar la figura del profesional sanitario, también recoge que “no podrán inducir al abandono de prescripciones o tratamientos preventivos o terapéuticos ni considerar como indiferente o negativo la consulta a otros profesionales sanitarios”. Cualquier persona que incumpla esta ley podrá ser sancionado con multas de hasta 15.025 euros.