Cadena SER: Luisa acudió al Hospital Gómez Ulla (Madrid) en junio. Quería que atendiesen a su padre, Ramón (69 años) tenía una herida en el pie que se estaba complicando. "Antes de inspeccionarle, me preguntaron si él tenía cartilla médica. Les dije que no, en ese momento me dan un volante que firmé. Más tarde me dijeron que era un compromiso de pago de 3.236 euros", explica Luisa.

Ramón, no tiene cobertura sanitaria en España, pasó tres semanas ingresado para ser tratado de una úlcera en el pie. Según informa su hija, después de estar un día en Urgencias le subieron a planta, le operaron, le limpiaron el pie: "A la semana me llaman a la habitación para que bajase a admisión a pagar la fianza".

Luisa dice que no sabía lo que había firmado, los nervios en el momento del ingreso, según comenta, no le permitieron ser consciente de que se estaba comprometiendo a pagar una cantidad a la que no podía hacer frente. Ella intentó explicárselo a un trabajador del departamento de facturación: "Me dice que me he comprometido a pagar 3.236 euros, pero que por la crisis han decidido reducirlo a 1.000 euros. No tenía ese dinero".

Al final, al día siguiente entrega 500 euros en metálico, una cantidad que le prestan en su empresa. A cambio el Gómez Ulla emite un comprobante en el que se lee que Luisa "ha realizado un depósito de 500 euros" en concepto del "ingreso del paciente". Después de que su padre haya sido dado de alta, ha recibido la llamada del hospital en tres ocasiones: "Me piden que pague los 2.739 euros que debo".

La plataforma Yo Sí Sanidad Universal denuncia que este incumplimiento del Real Decreto es sistemático, tienen constancia de que se factura a inmigrantes sin cobertura sanitaria que acuden por urgencias. "Dejan de acudir a Urgencias o lo hacen cuando las patologías están en un estado avanzado de gravedad. Hay casos de personas que han llegado ciegos o con diabetes muy avanzadas", estas son según Miriam, portavoz de la plataforma, las consecuencias de la emisión de estas facturas.