EL PAÍS: Nuestro sistema sanitario se encuentra en una situación crítica y por ello habría que abordar, con la mayor brevedad posible, las siguientes cuestiones.

Financiación. La sanidad pública necesita una financiación suficiente para recuperarse de la etapa de recortes, que debería de situarse en torno al 7% del PIB. Además, debe acabarse con la gran variabilidad de los presupuestos autonómicos. La financiación sanitaria debería ser finalista e ir ligada a los objetivos del Plan Integrado de Salud, también como un instrumento de cohesión y coordinación interautonómico.

Exclusión. El real decreto ley 16/2012 estableció importantes exclusiones en el acceso al sistema sanitario. El real decreto ley de sanidad universal palió en parte esta situación, pero todavía se producen problemas por una interpretación cicatera de algunas comunidades autónomas. Por ello es importante aprobar un reglamento que garantice la atención sanitaria a todas las personas que se encuentren en el país.

Copagos. Los establecidos en 2012 siguen vigentes (aunque algunos no se hayan aplicado, como el de transporte sanitario) y suponen un obstáculo para el acceso de prestaciones necesarias para las personas más pobres y más enfermas (1,4 millones de personas no retiran, por motivos económicos, medicamentos prescritos). Es urgente acabar con esta situación y eliminar los copagos.

Privatizaciones. Hay la opinión de que se logró paralizar la ofensiva privatizadora de la sanidad, pero no fue así, y aunque se detuvieron privatizaciones en lugares concretos, el proceso privatizador continuó con medidas menos llamativas y más silenciosas. El resultado es contundente: aumentó el coste de los servicios, favoreció la corrupción y no se mejoró la atención. Por ello hay que, primero, paralizar las privatizaciones y luego recuperar lo privatizado para lo que, como se comprobó en el caso de Alzira, lo fundamental es la voluntad política.

Mayor utilización de recursos públicos. En paralelo a la privatización se han subutilizado los recursos de la sanidad pública que se ha deteriorado de una manera intencionada. Es importante garantizar la utilización intensiva de los grandes recursos tecnológicos e infraestructuras de esta, para lo que se requiere un aumento significativo del empleo en el sector que recupere los recortes de los últimos 10 años.

Gasto farmacéutico. Esta partida no ha cesado de incrementarse en estos años (14% de gasto total entre 2014-2017 y 22% en el gasto hospitalario), favorecida por un pacto con Farmaindustria que le garantizaba un crecimiento del gasto en paralelo con el PIB mientras el gasto sanitario decrecía en relación a este, poniendo en riesgo la sostenibilidad del sistema. Además existe constancia de una utilización poco racional de los medicamentos y de la influencia de la industria en aspectos clave como el de la formación continuada de los profesionales. Debe garantizarse un crecimiento del gasto farmacéutico inferior al aumento de los presupuestos sanitarios, racionalizar la utilización y frenar las políticas abusivas de la industria (desabastecimientos, precios, etcétera), así como regular estrictamente los actuales conflictos de interés.

Disminuir la sobreutilización. La sobreutilización se produce con casi todas las tecnologías sanitarias (alrededor del 30% de su utilización no está justificada). Es necesaria una activa intervención para mejorar la utilización y reducir la variabilidad, lo que sobre todo tiene que ver con cambio en la cultura profesional, potenciando instrumentos como la evidencia científica y la seguridad de los pacientes.

Atención primaria. La Atención Primaria (AP) tiene que ser la clave y la base de todo el sistema sanitario. La AP es el nivel con capacidad desarrollar las actividades de promoción y prevención, facilitar el acceso de la población en condiciones de equidad, realizar la asignación racional y eficiente de los recursos en base a las necesidades, garantizar la continuidad a los cuidados de salud de las personas en todas las etapas vitales, etcétera. Por ello es fundamental potenciarla articulando una estrategia que acabe con su postergación actual.

Política de personal. Es clave en el sistema sanitario y ha sido abandonada en años en los que el personal sanitario es quien ha sufrido especialmente los recortes (menos personal, peores condiciones laborales). Necesitamos una nueva política que garantice unas condiciones laborales dignas, potencie la adherencia de los profesionales al servicio público (dedicación exclusiva) y asegure una formación continuada independiente de los intereses comerciales.

Salud pública. La salud pública (SP) esta postergada en nuestro sistema sanitario porque la Ley General de Salud Pública no se ha desarrollado y hay una gran desconexión entre la SP y el sistema asistencial. Necesitamos potenciarla haciendo efectiva la Ley, aprobar el Plan Integrado de Salud y favorecer la relación entre AP y SP.

Participación social y profesional. La sanidad pública es propiedad de la ciudadanía y por eso es necesario que exista la capacidad de quienes mantenemos el sistema con nuestros impuestos de hacer un seguimiento, ser escuchados y participar en las tomas de decisiones del sistema sanitario, es decir, de participar para la gestión de lo que es de todos/as, la sanidad pública.

Por supuesto existen muchos más problemas que deben de abordarse para garantizar una sanidad pública de calidad para toda la población, pero para poder hacerlo con garantías de éxito, lo primero es pararle los pies al tripartito neoliberal y de ultraderecha que amenaza con desmontarla definitivamente.

Marciano Sánchez Bayle es médico y portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública.