PÚBLICO: Después de 15 años trabajando en la Comunidad de Madrid, el doctor Marín ha decidido marcharse a Asturias porque los contratos temporales le impiden acceder a una hipoteca. La doctora Santos se irá a Castilla y León, tras 16 años, porque la incertidumbre laboral repercute en su salud mental. Mientras que la doctora Bisbal se mudará al País Valencià porque la precariedad le dificulta acceder a un alquiler. Pero no son los únicos. A ellos les seguirán otros tantos, si el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso no propone una solución a tiempo.
Tal y como explica a Público la Plataforma de Médicos y Facultativos No Fijos de Madrid, hasta el 54% de los especialistas se encuentra "en fraude de ley por temporalidad ilícita". Las cifras "son mucho más trágicas" en los casos de radiofarmacia, con un 100%; psicología clínica, con 85%; cirugía torácica, con un 74% y oncología, con un 72%.
Esta condición ha impedido a los facultativos cobrar algunos complementos salariales, disfrutar de ciertos derechos e incluso les ha repercutido para jubilarse.
Ahora, después de aguantar hasta 20 años encadenando contratos de guardia, mensuales, trimestrales o anuales —en el mejor de los casos—, sus puestos de trabajo están en peligro y corren el riesgo de ser desplazados. El Gobierno de Ayuso ha publicado una Oferta Pública de Empleo (OPE) que les obliga a presentarse a un examen tipo test si quieren incorporarse como personal fijo.
Sin embargo, los médicos hospitalarios explican que "más que un examen, lo apropiado, dado el elevado número de años que llevan profundizando en su especialidad y formando parte de investigaciones, es organizar un concurso de méritos", de acuerdo con lo recogido en la Ley 20/2021.
"Imagina el caso de un cardiólogo que lleve trabajando más de 10 años y se haya especializado en infartos. Está claro que el enorme volumen de trabajo diario no le permitirá prepararse el examen con el mismo tiempo que alguien que entra nuevo. Quizás, pese a toda la experiencia, se quede fuera de la plaza", afirman fuentes de Médicos y Facultativos No Fijos de Madrid. "No tiene sentido que se proponga esto ahora, cuando algunos no hemos tenido la oportunidad de hacer un examen desde 2009 para salir de la precariedad. Somo más de 3.000 personas con sus respectivas familias entre la espada y la pared", critican.