EL PAÍS: El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha hecho un envío masivo de cartas tipo en las que informa a más de 7.000 ciudadanos de que ya no tienen derecho a asistencia sanitaria por cobrar más de 100.000 euros al año. “Dicho límite opera como requisito”, señala la misiva, que añade que “esta circunstancia determina la extinción de su derecho como asegurado y el de sus beneficiarios con efectos de 1 de abril de 2013”. El Ministerio de Sanidad aprobó el año pasado un polémico decreto ley que expulsa a los inmigrantes en situación irregular de la asistencia normalizada —solo se les reconoce la atención en urgencias, parto, posparto y pediatría— y deja sin derecho a tarjeta sanitaria a los rentistas que ingresen más de 100.000 euros al año y que nunca hayan cotizado (también instauró el copago farmacéutico).

El envío de estas 7.000 cartas es una revisión con datos actualizados de la declaración de la renta de 2011. El año pasado se hizo una primera remesa con datos de 2010. El Ministerio de Sanidad estimó entonces que había unas 47.000 personas en esta situación y precisó que solo los que nunca hubieran cotizado se verían privados de su tarjeta sanitaria. Sin embargo, en esta actualización se han producido errores, que el INSS asegura que no podrá cuantificar hasta que reciba las alegaciones de los afectados.

Es el caso de una mujer sin apenas ingresos propios (unos 550 euros) que hizo la declaración de la renta conjunta con su marido y el miércoles recibió la carta del INSS de Madrid con la referencia “Asistencia sanitaria legislación española”. Su marido tuvo unos ingresos por rendimientos del trabajo en el año 2011 de algo más de 200.000 euros. El INSS le atribuye a ella la mitad para considerar que ya no tiene derecho a la tarjeta sanitaria. La mujer no trabaja actualmente, pero sí lo hizo durante años. Su última cotización es de 1980. Un portavoz de la Seguridad Social explicó ayer que se trata de “un error puntual” y descartó que se hayan hecho envíos indiscriminados a todas las personas que no trabajan y tienen ingresos superiores a los 100.000 euros. “En este caso puede haber fallado el registro con los datos de los cotizantes, porque la afiliación es muy antigua”, añadió.

Una portavoz del Ministerio de Sanidad aseguró que los afectados tienen que alegar porque si no lo hacen se les retirará la prestación el 1 de abril. La propia carta del INSS informa de que es posible, en casos como el de esta pareja, separar los ingresos imputables a cada miembro y hacerlo constar en la alegación. “Nos preocupa que el trámite administrativo se alargue y le quiten a mi mujer la tarjeta”, contó ayer el hombre. Aseguró que en la oficina del INSS a la que acudió a informarse le dijeron que, si a partir del 1 de abril dejaba de figurar en el sistema, le recomendaban pagar el tratamiento y exigir el reembolso después.

No es la primera vez que la aplicación del real decreto ley genera problemas. El año pasado farmacias y centros de salud detectaron casos de personas a las que se había atribuido un código —que indica el porcentaje de copago de medicamentos— incorrecto, porque las bases de datos no estaban actualizadas. Un ejemplo fueron los jubilados recientes que seguían pagando como si estuvieran en activo. La Defensora del Pueblo critica en su informe de 2012 la nueva regulación sanitaria: “Esta situación no resulta congruente con el sistema de financiación sanitaria”, que desde 1999 descansa “en la carga tributaria soportada por todos los contribuyentes”, afirma.