EL PAÍS: La sanidad pública madrileña va a perder a 1.200 de sus médicos en los próximos cinco años. Plazas de especialista que no se van a recuperar, puesto que se trata de jubilaciones que no se compensan con nuevos contratos. La Consejería de Sanidad está a punto de aprobar su plan de ordenación de recursos humanos, que incluye la obligación de jubilarse a los 65 años, y no a los 70 como podían hacer hasta ahora los facultativos que lo solicitaran y se encontraran en condiciones para seguir en activo. Según esta nueva normativa, que está previsto aprobar en las próximas semanas, solo el 30% de los médicos que cumplan 65 años —como máximo— podrán prorrogar su actividad.

El Servicio Madrileño de Salud (Sermas) cuenta actualmente con unos 15.500 especialistas. En los próximos cinco años se van a jubilar 1.231 —son los que ahora tienen entre 60 y 64 años—. Además, hay 625 médicos actualmente en activo que tienen más de 65 años a los que se va a dar de baja. Otros 238 cumplen esa edad durante este año, es decir, unos 20 cada mes. Si se suman las dos primeras cantidades y se le añaden 60 más —los que cumplen 65 años entre enero y marzo de este año— resulta que 1.916 médicos quedarán fuera del sistema en los próximos cinco años. Suponiendo que el 30% pueda continuar, serían 1.341. Y dado que la tasa de reposición es, como con el resto de funcionarios, del 10%, solo se sustituirán 134 plazas. Resultado: 1.207 médicos menos.

El consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, aseguró ayer que con esta medida espera ahorrar 60 millones de euros. Los facultativos que rondan los 65 años son los mejor pagados del sistema, puesto que suelen acumular décadas de carrera profesional y muchos ocupan jefaturas. El director general de Recursos Humanos de Sanidad, Armando Resino, explicó ayer durante la rueda de prensa de presentación del plan que la franja de edad 60-64 es la más abultada actualmente, según un estudio pormenorizado de la plantilla del Sermas que ha realizado su departamento. Un estudio que ayer no se facilitó a los medios de comunicación, pero que Lasquetty se comprometió a hacer público.

El último intento que hizo la Comunidad de Madrid para establecer la jubilación forzosa de los médicos, en 2009, resultó un fiasco. La Consejería de Sanidad publicó la resolución que dificultaba seguir en activo pasados los 65 en el Boletín Oficial el 27 de noviembre. Solo 14 días después se veía obligada a anularla y a publicar otra para dejarla sin efecto. Se volvía así a la normativa de 2004, que permite a la gran mayoría de los médicos que lo pedían acogerse a una prórroga hasta los 70 años tras pasar un examen físico y psicológico. Los facultativos, entre ellos la entonces presidenta del Colegio Oficial, presionaron a la Comunidad para que diera marcha atrás.

El plan de ordenación de recursos humanos que consagra la jubilación forzosa a los 65 años se ha estado negociando con los sindicatos durante 11 jornadas, destacó ayer Lasquetty. Sin embargo, se va a aprobar sin el apoyo de cinco de las seis organizaciones presentes en la mesa sectorial de Sanidad. Solo el sindicato de enfermería Satse ha dado su visto bueno al plan. Y con matices. En el sector cunde la idea de que el plan no hace sino facilitar el proceso de privatización de la gestión de 6 hospitales y 27 centros de salud.

El consejero de Sanidad anunció ayer que “en pocas semanas” se publicarán los pliegos de licitación del concurso para ceder a empresas la gestión de estos hospitales. Y aseguró que su departamento sigue hablando con los profesionales, pese a que hace más de un mes que no hay reuniones con el comité que representa a los jefes de servicio, los directores de centros de salud, el Colegio de Médicos, la asociación de facultativos Afem, etcétera. Pese a asegurar que sigue negociando, “la externalización se va a llevar a cabo”, zanjó.

CCOO, uno de los sindicatos que se opone al plan de ordenación, asegura que es “una herramienta más del plan privatizador del Gobierno regional que conllevará la pérdida de miles de puestos de trabajo”. Añade que “su objetivo es adecuar los recursos humanos a ese nuevo modelo de sanidad”, puesto que contempla la movilidad forzosa de los profesionales y “alianzas estratégicas” que permiten “prestar profesionales a otros centros”.

El sindicato médico Amyts alertó ayer de que “en las circunstancias actuales, con jubilaciones en 2013 de aproximadamente un 10% de facultativos, y en los próximos cinco años de otro 20%, con tasas de reposición mínimas, la pérdida de facultativos en el sistema será muy elevada, lo que se traducirá inexorablemente en un incremento de las listas de espera, una disminución de la calidad y un deterioro del sistema”. Amyts rechaza el plan entre otras cosas porque “da libertad para mover personal de centros públicos hacia centros privatizados”.

Satse, en cambio, cree que el plan de ordenación “no se debe confundir con el plan privatizador” y que su “apoyo parcial”, que destacó Lasquetty, “no significa de ninguna de las maneras que Satse apoye las medidas de privatización”. El sindicato USAE ha comunicado hoy formalmente a la Consejería que se opone al plan de recursos humanos por considerar que supone "ineludiblemente, un paso más hacia la privatización de la sanidad madrileña". El sindicato UGT aún no se ha pronunciado.