EL PAÍS: La presidenta regional de Madrid, Cristina Cifuentes, ha ordenado a los gerentes de hospitales y centros de salud prestar ya atención sanitaria a los inmigrantes irregulares. Quienes acudan a un centro sanitario, “con o sin documentación”, deben ser tratados, asegura una circular interna a la que tuvo acceso EL PAÍS, enviada por el director general de Asistencia Sanitaria el pasado viernes. La oposición critica que la nota consista en cinco renglones sin instrucciones sobre cómo llevarlo a cabo.

Según el documento interno, se hará así “en tanto en cuanto no se realicen las instrucciones oportunas y se elabore el documento acreditativo que les dé derecho a la asistencia sanitaria”. Esta comunicación fue enviada el viernes pasado, día 21, el mismo en el que Cifuentes anunció que en los próximos meses iba a crear un documento específico para que los inmigrantes irregulares puedan acceder a la atención primaria y especializada en la región.

Con estas declaraciones se sumó al frente común de las comunidades socialistas, que reiteraron que mantendrán la atención a los inmigrantes o la establecerán en breve, como Castilla-La Mancha. Ese viernes, la mayoría de autonomías salieron a criticar la advertencia del Ministerio de Sanidad, que amenazó con llevarlas al Constitucional por invadir sus competencias. El secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, llegó a aludir a unas supuestas “multas millonarias” de la Comisión Europea.

El tema de la sanidad universal protagonizó el primer pleno de la Asamblea con Cifuentes como presidenta. La oposición llevó una proposición no de ley (PNL) para urgir al Gobierno regional a atender a los inmigrantes. El PP votó en contra, pero toda la oposición se unió (salvo Ciudadanos, que se abstuvo). Cifuentes tenía un mes de plazo para atender la petición de la Cámara. Ese plazo acababa el 23 de agosto. Y dos días antes, el 21, la presidenta anunció que volvía a atenderse a los inmigrantes sin papeles y se mandó la circular a los centros sanitarios. Cuatro días después, Sanidad sigue sin detallar cómo aplicar la medida.

Los socialistas consideran que esta nota “no da acceso pleno a la atención sanitaria y farmacéutica” que plantea su proposición no de ley “al carecer por completo de instrucciones concretas. Da la impresión de ser una nota improvisada para salir del paso”, opinan. Por ello sostienen que se trata de un documento “desregulatorio, ajeno a los procedimientos normalizados de una buena organización”.

“Sin voluntad política”

El grupo socialista ve una “falta de voluntad política en cumplir el plazo y el contenido con la exigencia de la PNL” y recuerda que otras comunidades han “implementado sin dilación medidas formales” para atender a los inmigrantes. Sin embargo, en Cataluña, el candidato regional del PP, Xavier García Albiol, ve “con sentido común” limitar la atención de los inmigrantes a los servicios de urgencias.

El PSOE, que califica de “falta de respeto a la ciudadanía” no cumplir el mandato de la Asamblea de Madrid, va a solicitar que comparezca en la Cámara con carácter de urgencia el consejero de Sanidad madrileño, Jesús Sánchez Martos.

El portavoz de Podemos, José Manuel López, que apoyó con su voto la propuesta socialista, se muestra muy crítico con la presidenta: “Las declaraciones de Cifuentes en las que, menos de un mes después, afirma sentirse con la obligación moral de atender médicamente a cualquier persona son el resultado de una derrota parlamentaria. Esta medida no estaba en su programa y sí en el nuestro”.

López reclama a Cifuentes que “explique con transparencia que no lo hace por iniciativa propia, sino porque tenía un mandato de un mes para poner en marcha la proposición no de ley y si no lo hacía se enfrentaba a la posibilidad de que aprobáramos una proposición de ley que ya está redactada”.

Manuel Espinel, presidente de Médicos del Mundo Madrid, califica de “enigmático” el comunicado. “No hay forma de descifrar el acertijo”. Por eso pide que se aclare a los pacientes, los sanitarios y las ONG cómo se va a aplicar. “Sin tarjeta y sin posibilidad de recetas no estás en el sistema, no eres nadie”, argumenta. Para Espinel, la orden de Cifuentes “más allá de atender a los inmigrantes, lo que procura es que no haya más denuncias por incumplir el real decreto”. Y enumera situaciones ilegales como las facturas por urgencias o el no tratamiento de enfermedades de declaración obligatoria como la tuberculosis o el VIH.