PÚBLICO: Mala gestión, despilfarro y poca transparencia. Esto es lo que refleja el balance realizado por la Intervención General de la Comunidad de Madrid, dentro de la Subdirección general de Control Financiero, en los hospitales del Tajo y el Infanta Leonor, dos de los siete centros sanitarios PFI -iniciativa de financiación privada, en inglés-, levantados en la era Aguirre.

Mónica García, portavoz de Podemos en la comisión de Sanidad de la Asamblea de Madrid, asegura a Público que esta "mala gestión, despilfarro y falta de transparencia" se han detectado tanto en los hospitales tradicionales como los que siguen el llamado modelo Alzira o modelo Capio: financiación pública y gestión privada.

Cánones

Según el informe de auditoría interna del Hospital Infanta Leonor (Vallecas) de 2013, al que ha tenido acceso este medio, el mayor importe del saldo de la cuenta dedicada a Arrendamientos y cánones, 21.114.336,78 euros, corresponde a los gastos de la empresa concesionaria. La cláusula tercera del contrato de concesión de obra pública determina que "la concesionaria tendrá derecho a percibir una cantidad anual de 15.448.178 euros", pero esta cuantía sufrió una variación como consecuencia de la aprobación de obras adicionales, lo que aumentó la cantidad a 19.687.659,65 euros. 

Las auditorías contratadas por este hospital además lo han hecho sin someterse al Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), por un importe conjunto de al menos 124.999 euros, dinero detraído de la facturación del canon.

Gastos corrientes en bienes y servicios y proveedores

La Intervención General de la Comunidad de Madrid determina que la Empresa Pública Hospital del Tajo (EPHT) de los ejercicios 2013 y 2014 no contempla un plan anual de compras de todos los productos catalogados. 

Los informes señalan que el sistema de recepción de productos establecidos por la EPHT presenta deficiencias, ya que no consta la acreditación de la liquidación del gasto se ajusta a lo establecido en el contrato. Tampoco consta que se realice un informe de gastos formal y positivo. 

"Las prótesis que se encuentran en el Hospital constituyen un depósito irregular que se trata de material no pagado y propiedad de los proveedores", detectan estos dos balances.

Según los informes de los ejercicios de 2013 y 2014, la EPHT no dispone de un registro que recoja todos los gastos clasificados en función de los distintos procedimientos de adjudicación en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), lo que impide conocer el grado de publicidad y concurrencia que se ha producido en relación a dicho gasto.

Con respecto a este apartado, el hospital del Tajo utiliza de forma generalizada la contratación menor en el suministro de bienes fungibles, "vulnerando lo establecido en el artículo 138.2 del TRLCSP". Además, contempla "incumplimientos normativos de la Ley de Contratos del Sector Público y normativa de desarrollo".

Exceso de contratos menores

De los 109.136.135,22 euros pertenecientes a los gastos asumidos por el Hospital de Vallecas en 2013, 79.136.335,22 euros no son susceptibles de contratación pública. Sólo 30.817.159,29 euros debió seguir alguno de los procedimientos legalmente establecidos.

Los informes del Hospital del Tajo apuntan que no consta la convocatoria pública para la cobertura de puestos, ni están establecidos los procedimientos de selección para la realización de promociones temporales. Al igual que tampoco costa la relación de puestos de trabajo, plantillas o catálogos de personal desglosada por puestos que contenga los requisitos exigidos por la normativa. 

"El 80% de los contratos en el Hospital de Vallecas son contratos menores. ¿En en qué se basarán para asignar esas plazas?, cuestiona Mónica García.

Retribuciones incorrectas

La Intervención General de la Comunidad de Madrid señala que no hay control de asistencia y presencia física en la EPHT, al menos, durante los ejercicios de 2013 y 2014.

Sendos balances determinan que se han dictado actos por órganos no competentes en materia de gestión de personal al no existir delegación de competencias del Consejo de Administración en el Director Gerente en el resto de materias.

El Hospital del Tajo ha aplicado al personal laboral del centro las mismas tablas salariales del convenio colectivo del Hospital Fuenlabrada, sin cumplir los extremos establecidos en el artículo 92 del Estatuto de los trabajadores.

Se abona la manutención del personal que realiza guardias médicas y al resto del personal que prolonga su jornada sin que este concepto se encuentre aprobado en los sistemas retributivos aplicables al personal del Centro.

Durante los ejercicios auditados se han detectado retribuciones incorrectas de Jefes de área abonadas a Jefes de Sección, retribuciones incorrectas de Productividad fija al personal en PIT, y no acredita los cálculos de las retribuciones del liberado sindical.

Se abonan incentivos por importe de 372.747,67 euros al personal del Centro sin que se haya establecido el sistema de incentivos, evaluación y seguimiento.

Intereses de demora, una práctica generalizada

Los cuatro informes a los que ha tenido acceso Público señalan que en ambos hospitales se incurre en la "obligación de pagar intereses de demora" por superar en el pago de los proveedores los 30 días hábiles. Esto ocurre tanto en el pago de los materiales como en las inversiones e ingresos.

Los balances del centro sanitario del Tajo reflejan que la estructura de la información contenida en el inventario de inmovilizado es insuficiente. Asimismo, los dos informes demuestran que que existen bienes por importes de 21.358,25 euros y 45.483 euros que están contabilizados erróneamente en cuentas financieras diferentes a su naturaleza.

Facturaciones

La subdirección general de Control Financiero apunta en las auditorías del Hospital del Tajo que no se ha registrado bien la facturación de acuerdo con el principio de devengo -registrar las transacciones o movimientos económicos en el momento en que ocurren- en determinados casos. Estas facturaciones no se ajustan a lo establecido en la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Y, en el caso de la Unidad Central de Radiodiagnóstico, no se ha aportado ninguna documentación que verifique las horas facturadas. 

La EPHT y el Hospital Infanta Leonor no facturan todos los servicios condedidos en concepto de asistencia sanitaria prestada a pacientes, cuando existe un tercero obligado al pago, como los accidentes laborales o de tráfico, beneficiarios de identidades reguladores. En esta dirección, las facturas se emiten, en ocasiones, con considerable retraso.

Del mismo modo, no se inicia la vía de apremio en caso de impago -crédito ante la falta de pago del deudor- de las facturas por servicios prestados. Las facturas se conforman para su pago por personas que no tienen consentimiento para ello. Tampoco consta la resolución del órgano competente en la anulación de las facturas por asistencia sanitaria prestada a terceros obligados al pago.

Comparecencia del exconsejero

Todas estas irregularidades se abordarán este martes en la sesión de la comisión de estudio del endeudamiento y la gestión pública, donde el exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid Manuel Lamela deberá de justificar los datos ofrecidos por la Intervención General acerca de la construcción y sistema de concesión y financiación de los siete centros sanitarios concesionados de la Comunidad: Sureste, el Tajo, Henares, Infanta Leonor, Infanta Cristina, Infanta Sofía y Puerta de Hierro.

Asimismo, comparecerán los directores gerentes de los hospitales del Tajo, Antonio Romero, e Infanta Leonor, María del Carmen Pantoja.