Federación de Asociaciones para la defensa de la sanidad pública: Tras conocerse el contenido de los pliegos de adjudicación a través de los cuales se pretende llevar a cabo la privatización de seis hospitales madrileños y la decisión de la Dirección General de Recursos Humanos respecto a las plantillas de profesionales que actualmente trabajan en los Centros de Salud Mental dependientes funcionalmente de esos hospitales,  el Observatorio Madrileño de Salud manifiesta que existe un  riesgo de deterioro de las prestaciones y la calidad asistencial en la atención a los problemas de salud mental para la poblaciones asignadas y una amenaza para el modelo de atención comunitario avalado por los planes de salud mental de la Comunidad de Madrid y por la Estrategia de Salud Mental del Ministerio de Sanidad. 

Tras un juego de confusión por parte de la Consejería finalmente ha quedado claro que las empresas concesionarias no tienen la obligación de asumir las plantillas de los Centros de Salud Mental (donde trabajan proporcionalmente la mayoría de los profesionales) al  no figurar estos en el anexo XVII de los pliegos donde aparecen los recursos humanos que deben contratar. No se ha dado una explicación al motivo de este trato diferenciado para la salud mental. De los 82 psiquiatras  que trabajan actualmente adscritos funcionalmente a estas gerencias solo aparecen 59, de los 28 psicólogos clínicos solo aparecen 6 y la totalidad del personal de enfermería de salud mental o los trabajadores sociales de los centros de salud mental no aparecen.  Si a esta omisión le sumamos que ni en los pliegos ni en el Plan Estratégico de Salud Mental 2010-2014 figuran ratios mínimas de profesionales el resultado es que se da carta blanca a las empresas para poder reducir las plantillas de los  futuros Servicios de Salud Mental  de esas zonas ya que serán estas mismas empresas las que decidan  lo que son plantillas suficientes para atender la cartera de servicios de salud mental.  
 
Los Centros de Salud Mental actuales cuentan con equipos multidisciplinares constituidos por psiquiatras, psicólogos clínicos, enfermería especialista, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales y personal administrativo que aseguran una atención integral, accesible, continuada e interdisciplinar acorde con el modelo de salud mental comunitario. Al no existir obligación de mantener la estructura actual de los equipos se corre el riesgo de que se configuren equipos que no garanticen la complejidad de las intervenciones interdisciplinares que actualmente se lleven a cabo, máxime si se tiene en cuenta solo las intervenciones que realicen los psiquiatras son facturables. En la búsqueda de beneficio de estas empresas las intervenciones psicológicas o las de continuidad de cuidados de los pacientes mentales graves realizadas por enfermería o trabajo social no son rentables. Ejemplo de esto ya lo estamos viendo en los servicios de salud mental ya privatizados de los hospitales de Móstoles, Torrejón o Valdemoro. No se trata por tanto simplemente del riesgo de recortes de plantillas sino del riesgo de un cambio del modelo de atención comunitaria que se ha ido construyendo con muchas dificultades en las últimas décadas
 
En el último año, mirando en conjunto, si sumamos las plazas amortizadas por jubilaciones, las no renovaciones de diciembre, los recortes de plantillas en los centros ya privatizados y el riesgo de pérdida de profesionales en este proceso de “externalización”, el deterioro de la calidad de la atención a la salud mental es evidente. Queda claro los problemas de salud mental, sobre todos los más graves,  no son un negocio rentable para estas empresas, ya que requieren intervenciones complejas, prolongadas en el tiempo y con una importante cantidad de recursos humanos. La salud mental comunitaria es incompatible con el modelo de negocio de estas empresas. O logramos parar este proceso de privatización o retrocederemos décadas en lo que se ha avanzado en el cuidado y tratamiento de las personas con enfermedad mental grave.