La Comunidad de Madrid ha decidido no esperar a ver qué determina la justicia —“no podemos parar un procedimiento administrativo”, argumentó ayer la viceconsejera, Patricia Flores— y firmar las adjudicaciones, que han exigido que las tres empresas ganadoras del concurso depositaran avales por valor de 28 millones de euros. Cantidades que, según recuerda Patricia Alonso, la portavoz de la asociación de médicos Afem, la más activa en la marea blanca de protesta contra la privatización, “podrían quedar en suspenso hasta que se resuelvan los procesos judiciales”. La Comunidad de Madrid asegura que ahorrará 168 millones de euros al año. Pagará, durante 10 años, una cápita (cantidad por persona y año) de entre 448 y 549 euros. Asegura que es un 20% inferior a lo que cuestan ahora.

La marea blanca no solo ha estado activa en la calle, con continuas manifestaciones y actos de protesta desde que, en octubre pasado, se anunciara la intención de entregar la gestión de seis hospitales y un número indeterminado de centros de salud —los primeros cuatro se podrían licitar este otoño— a empresas. También han llevado a los tribunales, a través de la oposición, sindicatos sanitarios y asociaciones de médicos, sus objeciones al plan madrileño: desde el Constitucional a los contencioso-administrativos, pasando por el Tribunal Europeo.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) es el que con mayor probabilidad deberá pronunciarse durante el mes de septiembre. A principios de mes admitió a trámite un recurso del Ayuntamiento de Parla, que argumenta que cedió gratis una parcela municipal —valorada en 29,5 millones de euros— para construir en ella un hospital público y que ahora el objeto de esa cesión ha cambiado. Exige una compensación económica o incluso poder revertir la cesión.

Otros recursos contencioso-administrativos también están en la agenda de septiembre del TSJM. Tiene que decidir sobre el recurso que presentó el PSOE después de que se le denegara la legitimación para llevar el asunto a los tribunales. Y también debe pronunciarse sobre la petición de la asociación de médicos Afem de suspensión cautelar del proceso de privatización. Las dos organizaciones denunciaron que Sanidad redujo, mediante una corrección de errores publicada en el boletín oficial, a una décima parte la garantía que deben aportar las empresas para hacerse con las concesiones. El TSJM archivó el recurso del PSOE sin estudiar el fondo del asunto.

También en septiembre están llamados a declarar los imputados y los testigos de la querella que Afem presentó en junio por delitos de malversación y prevaricación presuntamente cometidos por la cúpula sanitaria madrileña (dos exconsejeros y dos actuales altos cargos) durante la primera ola privatizadora en Madrid, la que empezó en 2003 con la llegada de Esperanza Aguirre a la presidencia. El magistrado ha pedido exhaustiva información mercantil y económica que, según la Consejería de Sanidad, se le enviará en breve.

Una de las consecuencias del plan de privatizaciones es la incertidumbre sobre los puestos de trabajo de 5.200 sanitarios. El 60% de todos ellos son eventuales o interinos. El personal fijo, que supone otro 30% —el resto es personal laboral, que será subrogado—, podrá elegir entre quedarse en su hospital bajo las órdenes de la empresa pero cobrando del Servicio Madrileño de Salud, pedir una excedencia o reclamar el traslado a un centro de gestión pública. Patricia Flores explicó ayer que las concesionarias están obligadas a ofrecer a los eventuales quedarse en sus puestos, pero en las condiciones que consideren oportunas. “Estoy convencida de que ofertarán buenas condiciones para que se queden. La gestión solo les es rentable si fidelizan a los pacientes”, dijo.