EL PAÍS: Italia se ha convertido en el primer país en Europa en obligar a sus profesionales de la sanidad a vacunarse contra el coronavirus. Todos los médicos, enfermeros, auxiliares y sanitarios de cualquier tipo del sector público o privado que estén en contacto con los pacientes —incluidos los farmacéuticos— deberán ponerse la vacuna, por ley. De lo contrario, podrán ser sancionados con cambios de funciones —para que no atiendan al público— o ser suspendidos de empleo y sueldo.

El Gobierno considera que la vacunación es esencial para el ejercicio de la profesión sanitaria y ha elaborado un decreto, preparado entre los ministerios de Sanidad, Justicia y Trabajo, para instaurar la obligatoriedad de la vacuna. El objetivo es “proteger la salud pública y mantener unas condiciones de seguridad adecuadas en la prestación de cuidados y asistencia”.

El debate sobre la obligatoriedad o no de la vacuna para determinados profesionales siempre ha estado sobre la mesa e incluso se plantea para los profesores. Sin embargo, la presión sobre el Ejecutivo para elaborar una norma de estas características se redobló hace unas semanas, cuando se conoció que varios pacientes se habían contagiado de covid-19 en dos hospitales de la región de Liguria por sanitarios que no se habían vacunado.

Desde este martes y durante los próximos diez días, las autoridades sanitarias regionales preguntarán a los sanitarios que no estén vacunados cuál es el motivo, ya que hay quien no puede inmunizarse por razones de salud y otros no requieren la inyección porque han pasado recientemente la infección. Al resto los invitarán a ponerse la vacuna y los que la rechacen voluntariamente entrarán en la rueda de sanciones. Primero se les relegará a otras funciones —incluso de menor rango—, para que no trabajen en contacto con los pacientes. Si esto no es posible, se les suspenderá de empleo y sueldo, hasta el 31 de diciembre de este año.

La medida cuenta con el apoyo de los sindicatos y de las asociaciones del sector y con el consenso de gran parte de la opinión pública. “Consideramos oportuno que los médicos tengan que vacunarse. Un número importante de sanitarios que decida no hacerlo en un hospital puede poner en crisis el servicio, crea un problema de asistencia”, señala a este diario Filippo Anelli, presidente de la Federación Nacional de los Colegios de Médicos.

Anelli añade: “La norma es un poco farragosa, no será fácil aplicarla, ya que prevé que el empleador suspenda al trabajador hasta diciembre, preferíamos una más drástica: si trabajas, te vacunas y si no lo haces, te vas a casa. Este planteamiento hubiera simplificado la aplicación”. También subraya que la consigna que debería priorizar todo médico es estar protegido para proteger a los demás. “Más que una obligación es un deber deontológico para los médicos. Quien no cree en la vacuna no puede ser médico, es como un ingeniero que no cree en las matemáticas”, explica.

El presidente de los médicos resalta que las asociaciones están presionando al Gobierno para que se vacune a todos los profesionales que trabajan por cuenta propia y a los jubilados, que en un momento dado pueden volver a prestar sus servicios cuando se les requiera.

Italia comenzó la vacunación con el personal sanitario y en la actualidad, de las más de 11 millones de dosis suministradas, casi cuatro millones han sido para los profesionales de la salud. Aunque no hay datos uniformes y completos sobre el total de sanitarios vacunados, según algunas asociaciones como la Fundación Científica Gimbe o la Agencia Nacional para los Servicios sanitarios Regionales (AGENAS), los profesionales de la sanidad vacunados están en torno al 95% y sobre el 60% en el caso del personal que trabaja en residencias de ancianos.

Rechazo marginal

El ministro de Sanidad, Roberto Speranza, ha insistido en que el número de sanitarios que voluntariamente no se han adherido a la campaña de vacunación es marginal. Anelli calcula que de los casi 500.000 médicos inscritos a la federación, “apenas un centenar” ha rehusado la vacuna. Las autoridades esperan recabar datos completos estos días para tener una panorámica más clara de la situación.

En Italia existe un movimiento antivacunas bastante arraigado y en torno al 18% de los ciudadanos no piensa vacunarse contra el covid-19, según una encuesta realizada a finales de febrero por la AGENAS y la Universidad Santa Ana de Pisa, mientras que otro 17% está indeciso. Otro sondeo reciente de Demos y Euromedia Research muestra que en torno al 58% de la población está a favor de que las vacunas sean obligatorias.

El Gobierno también ha introducido una medida que asegura la protección legal del personal que administra las vacunas contra la covid-19. Muchos se habían vuelto reacios a vacunar a la gente después de que varias personas fueran investigadas por la fiscalía por homicidio involuntario tras la muerte de dos personas en Sicilia poco después de que se les administrara la fórmula de AstraZeneca el mes pasado.