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Los médicos reclaman medidas contra la agresión de pacientes

EL PLURAL: Era prácticamente inconcebible hace décadas y, sin embargo, es una realidad cada vez más frecuente. Las agresiones al personal sanitario no han dejado de aumentar en los últimos años. Este mismo mes en Ceuta, cuatro sanitarios del 061 fueron atacados en un domicilio por el padre de la persona a la que iban a prestar asistencia y pocos días antes otro equipo de urgencias fue amenazado con un cuchillo en Santaella (Córdoba). A estos casos se suman muchos otros.


Desde CESM, sindicato mayoritario entre los médicos, hacen un llamamiento a profesionales, pacientes y autoridades políticas y judiciales para luchar de forma conjunta esta lacra.

Valoran las medidas que se han adoptado hasta el momento en este sentido, como considerar al médico autoridad pública (de modo que la agresión denunciada sea susceptible de ser considerada delito, en lugar de falta), la puesta en práctica en la mayor parte de Comunidades Autónomas de protocolos de actuación, la creación en 2017 del Interlocutor Policial Sanitario, o que ya haya sentencias en base a la aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y no del Código Penal (responsabilizando así a la Administración sanitaria pública de la falta de medidas de prevención).

Sin embargo, pese a todos estos logros, no se ha conseguido frenar las agresiones.

Trabajar en la prevención

Por esta razón desde CESM proponen “trabajar en la prevención, implementando todo tipo de recursos que permitan garantizar la integridad física de los facultativos en todos los centros y, de modo especial, en aquellos más conflictivos, que por regla general son los servicios de urgencias de Atención Primaria, Hospitalaria y 112”.

En este sentido proponen:

  1. Más y mejores dispositivos de seguridad en los centros: Vigilantes de seguridad que protejan a los profesionales, cámaras, interfonos y timbres de alarma,softwares específicos en ordenadores y teléfonos móviles, etc...
  2. Realización de las visitas domiciliarias por parejas y con dispositivos de seguridad personales que permitan su localización. Si es necesario, acudir acompañados de los cuerpos de seguridad del Estado.
  3. Establecer programas de capacitación para los profesionales, de manera que puedan afrontar situaciones difíciles.
  4. Actuar sobre aquellos factores que disparan la agresividad de ciertos pacientes y familiares.

Recortes y falta de recursos

Aunque ningún tipo de agresión es justificable, los médicos advierten de que la masificación de la asistencia, provocada por los recortes en recursos humanos y técnicos, está detrás de muchas acciones de estas características.

En este sentido, indican, es fundamental ampliar plantillas e invertir en sanidad, ya que la falta de recursos y excesivas expectativas crea frustraciones en los pacientes, y esto está en manos de la Administración sanitaria corregirlo.

Otras actuaciones

Al mismo tiempo, subrayan, conviene llevar a cabo otras actuaciones:

  1. El médico debe concienciarse de que ha de seguir los protocolos de prevención y denunciar todo tipo de agresiones, ya sea físicas, gestuales o de tipo verbal (injurias, calumnias, amenazas, coacciones o vejaciones).
  2. Los facultativos víctimas de cualquier tipo de violencia han de contar con asistencia sanitaria y psicológica, además de con asesoramiento legal y defensa jurídica por parte de expertos penalistas, ya que, dicen desde CESM, “ha de ser la Administración quien persiga de oficio a los agresores de sus trabajadores”.
  3. Hay que unificar la tipificación judicial para que las agresiones sean penadas con los mismos criterios en todas las comunidades autónomas y así evitar que las lesiones y amenazas sean consideradas delito, en unos casos y faltas en otros.
  4. Los procedimientos judiciales han de ser rápidos, expeditivos y ejemplarizantes.
  5. Cuando no haya testigos, los profesionales deben contar con la presunción de veracidad al enjuiciar los hechos.
  6. Es necesario poner en marcha campañas para concienciar a la sociedad de que los servicios sanitarios son un bien público “que hay que cuidar y utilizar de forma responsable”


 

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