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Los médicos proponen un "extra" en su nómina para pagarse la formación

Redacción Médica: Una vez solventada la polémica generada por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, al señalar que los profesionales médicos deberían tributar por su formación, los galenos no han parado de demandar que se cambie el modelo de lo que consideran un derecho y una obligación. Por eso, sindicatos y partidos políticos ponen sobre la mesa su postura y sus alternativas sobre cómo debería regularse la formación continuada del médico. 


Una de las iniciativas mencionadas viene de la mano de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), cuyo secretario general, Francisco Miralles, explica a Redacción Médica que su demanda es un plan de formación para los profesionales que sea elaborado por el Servicio de Salud correspondiente, financiado por él y que se imparta en la jornada laboral y no en las horas de descanso. 

"Todo lo que tenga que ver con la formación no puede tener repercusión negativa en la nómina ni en la declaración de la renta de los médicos. Si esto es así, a partir de ahora CESM exigirá a todos los servicios de salud una partida en la nómina destinada a formación, para lo que nos gastamos y el trabajo que hacemos en nuestra casa. Si nos lo cobra Hacienda de nuestra declaración de IRPF, que nos paguen en la nómina la parte que estamos poniendo nosotros en formación, por la que se están beneficiando el Estado y los pacientes", declara. 


"Igual que existe una estrategia de crónicos o salud mental debería haber una de formación continuada"



Otra opción propuesta que esa formación se imparta en la jornada de trabajo o en su centro, o enviando a los médicos donde sea necesario pero sufragando los gastos de viaje, dietas, etc., algo que los servicios de salud no están haciendo y ni siquiera facilitan la asistencia, según Miralles. 

Sin pagos de farmacéuticas

En la misma línea se muestra el diputado asturiano de Izquierda Abierta Gaspar Llamazares, que en su perfil de Twitter recordaba que no quieren donaciones de farmacéuticas a los profesionales por su formación. La idea de la formación política, compartida por la Plataforma Actúa de la que forma parte, es que la formación no puede ser parcial, no puede estar orientada y tiene que ser profesional y fundamentalmente técnica, y quien garantiza esos parámetros son las Administraciones Públicas, que o están cumpliendo con su tarea. 

"Tiene que haber una reconsideración por parte del Gobierno, tanto central como de las comunidades. No basta únicamente con una formación online, tampoco con las guías terapéuticas o los protocolos, es necesario que haya un sistema tan importante como el universitario, de formación médica, sanitaria y de colaboración entre Gobierno central y comunidades. Igual que existe una extrategia de crónicos o de salud mental, debería existir una estrategia de formación con su presupuesto y su personal, profesionales que tienen un tiempo para la formación y características y acreditación para ello", defiende en conversación con este diario. 

En su opinión, no se trata tanto de tener una partida en la nómina, sino de que los servicios autonómicos de salud liberen tiempo de los profesionales y pongan en marcha cursos de formación de manera programada y seria. Pero nada de industria farmacéutica o de otras instituciones porque al final tienen sus propios intereses. "Para garantizar la neutralidad y la profesionalidad es imprescindible que sea una organismo público quien lo gestione", sentencia. 

Plan de la Administración

También desde UGT consideran que lo básico para que el modelo funciones es que la administración elabore un plan de acuerdo con las necesidades de la población y para eso forme a sus profesionales, más que una intervención de la industria farmacéutica o de otras asociaciones. "Yo creo que la formación es responsabilidad de la administración, que debe decidir qué líneas de actuación va a tomar y formar a sus profesionales en este sentido, algo que no está haciendo. Entendemos que la responsabilidad de prestar la asistencia sanitaria es del Gobierno y de la Administración", sentencia Gracia Álvarez.