EL PAÍS: El caso de Jeaneth Beltrán es el más llamativo, pero no es ni mucho menos el único. A esta mujer nicaragüense le envió el hospital de Toledo una carta de pago semanas después de que falleciera en urgencias de ese mismo centro tras aguardar cuatro horas sin recibir asistencia. El centro reconoció el error y se disculpó con la familia, pero para el colectivo Yo Sí Sanidad Universal lo relevante del caso es que demuestra cómo los hospitales y los centros de salud siguen sin aplicar correctamente el real decreto que, desde 2012, ha dejado fuera de la asistencia sanitaria normalizada a los inmigrantes en situación irregular. La exclusión tiene excepciones: las urgencias, la atención al parto, el posparto y a los menores. Pero tampoco se están respetando. Esta organización ciudadana ha recopilado en un informe, presentado hoy en Madrid, decenas de casos de incumplimientos.

"La población excluida no está yendo a las urgencias, cuando tienen derecho a ello", ha señalado Pablo Meseguer, portavoz de Yo Sí Sanidad Universal. "Estas personas están dejando de ir porque se les sigue facturando en los hospitales por la atención recibida", ha señalado. "En muchos casos, los incumplimientos son por desconocimiento. No se han adaptado los protocolos de facturación a la nueva normativa, ni se informa a los trabajadores de los centros públicos". El colectivo, uno de los más activos en el rechazo al real decreto de exclusión sanitaria, ha entregado esta mañana en la Consejería de Sanidad de Madrid un informe en el que recoge muchos de estos incumplimientos, y ha exigido a la Comunidad que aplique correctamente la ley estatal.

Los ejemplos de cómo se disuade a los inmigrantes de hacer valer sus derechos pueden verse en casi cualquier hospital o centro de salud de Madrid. Para empezar, muchos lucen carteles en los que se asegura que sin tarjeta sanitaria no se atiende a nadie. No es cierto, puesto que las urgencias están garantizadas por el decreto ley de 2012. No solo en los hospitales; también en los centros de salud de atención primaria. "Consideramos imprescindible la retirada de carteles supuestamente informativos que no hacen más que generar confusión", afirma el informe, que incluye multitud de fotos de estos anuncios tomadas en centros sanitarios.

El colectivo ha detectado denegación de asistencia a casos de urgencia, embarazadas y menores. Uno de los ejemplos asegura que el centro de salud de Paseo Imperial (Madrid) denegó la atención a un recién nacido de padres extranjeros sin permiso de residencia "que finalmente acabó ingresado una semana después en la UCI del hospital 12 de Octubre con una deshidratación del 25% y desnutrición franca", recoge. En otro de los ejemplos se relata cómo en el centro de salud de Baviera (Madrid) el personal administrativo estaba convencido de que la atención de urgencia a personas sin permiso de residencia solo era posible en hospitales. "No se convenció de lo contrario hasta que no se le mostraron las instrucciones del Servicio Madrileño de Salud, cuya existencia aseguraban desconocer". Estos episodios demuestran, según el colectivo, que pasados dos años del real decreto, Madrid sigue sin informar correctamente a su personal.

El informe recoge también casos de exigencia de fianza previa a la atención de urgencias, o de compromiso de pago. En otros casos, la facturación se produce con posterioridad a la atención de urgencias. Según esta recopilación, ocho grandes hospitales públicos de Madrid siguen requiriendo a la persona atendida que acredite su derecho al servicio como única forma de evitar la facturación. Los propios centros que remiten esas cartas no saben indicar cómo debe acreditar una persona extranjera sin permiso de residencia que carece de él, señala el informe.

Unos 15 miembros de Yo Sí Sanidad Universal se han concentrado esta mañana frente a la Consejería de Sanidad de Madrid para entregar el informe y exigir que se tomen medidas para evitar los incumplimientos de la ley. El portavoz ha explicado que se reunieron el 22 de mayo con responsables de varias subdirecciones para informarles de la situación y que no han vuelto a saber nada del departamento que dirige el consejero Javier Rodríguez. Los asistentes se han puesto máscaras blancas y han coreado "Sanidad pública y universal", "Vergüenza, vergüenza, ni una muerte más" y "Ana Mato mata". También han leído un manifiesto en el que han asegurado que los incumplimientos no son, a diferencia de lo que alegan las autoridades regionales, "casos aislados o puntuales", sino que "la situación no ha hecho sino agravarse".

Este colectivo ha solicitado que Madrid emprenda una campaña de formación e información al personal de todos los centros del Servicio Madrileño de Salud sobre las situaciones en las que las personas sin permiso de residencia tienen derecho a la atención sanitaria, y de los procedimientos para dar de alta como Transeúnte Sin Permiso de Residencia en el mismo centro. También han pedido que se prohíban los compromisos de pago y la facturación sistemáticos en urgencias y el establecimiento de protocolos "adaptados a la nueva realidad de exclusión sanitaria". Por último solicitan la "retirada de las deudas generadas hasta el momento (establecimiento de protocolos sencillos para tal efecto) y devolución del pago si este se ha efectuado". Yo Sí Sanidad Universal cree que, si Madrid no es capaz de cumplir el real decreto, lo que debería hacer es "no aplicarlo".