EL PAÍS: Dos centenares de personas se han concentrado este mediodía frente a la sede del Ministerio de Hacienda, en la calle Alcalá de Madrid, para protestar por los recortes en la asistencia sanitaria de un millón de funcionarios (más otro medio millón de sus beneficiarios) de Muface. Desde el 1 de enero pasado las tres grandes aseguradoras privadas que este año han firmado el concierto con Muface (Adeslas, Asisa y DKV) han recortado su cartera de médicos y hospitales, de forma que hay especialidades e incluso centros enteros a los que muchos pacientes ya no pueden acudir.

El sindicato CSI-F, convocante de la protesta, ha presentado en el ministerio una carta en la que solicita al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas que negocie un plan de viabilidad de Muface a varios años, en el que se contemple la mejora de la financiación para evitar "la pérdida de derechos que han ocasionado estos recortes".

Desde la entrada en vigor del nuevo convenio, personas ya en tratamiento han tenido que cambiar de hospital o se han visto obligadas a solicitar autorizaciones para cada una de las pruebas o las consultas que necesitan. En la concentración de este mediodía había funcionarios que contaban cómo les habían indicado que ahora deben trasladarse a otro centro para hacerse los análisis rutinarios o que ya no van a poder ir a consulta con sus especialistas de siempre.

Los funcionarios del Estado pueden elegir dónde recibir su asistencia sanitaria: con entidades privadas o en la sanidad pública. A 1 de diciembre de 2014, había 1.518.434 personas adscritas a Muface. Algo más del 81% escogieron la privada el año pasado, entre una de las aseguradoras que firmaron el concierto con Muface.

Los mutualistas eligen, a principios de año, entre la pública y la privada, y dentro de esta, con qué aseguradora entre las que han firmado el concierto. Este año lo han hecho Adeslas, Asisa, DKV e Igualatorio de Cantabria. En todos los casos, tienen garantizadas las mismas prestaciones. Sin embargo, las aseguradoras deciden con qué hospitales o con qué medicos contratan a su vez esos servicios. El plazo para volver a escoger terminó el 31 de enero pasado.

CSI-F había solicitado por escrito al ministerio una prórroga hasta el 20 de febrero porque, según explica su portavoz, Eliseo Moreno, aún no se sabe exactamente qué prestaciones ya no se ofertan. También solicitó a Hacienda una lista de las especialidades y los centros que figuraban en 2014 y que se han eliminado en 2015. "No nos han contestado", dijo Moreno. "Muchas personas se han visto obligadas a optar por una compañía sin saber exactamente la oferta sanitaria que recibirán", añadió.