EL PAÍS: La plantilla del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) se ha reducido un 7,7% (5.858 profesionales) entre 2009 y 2014, pese a haber crecido la población asistida en 110.000 personas, según datos de la Consejería de Sanidad a los que ha tenido acceso EL PAÍS. Pero la puesta en marcha de nuevos centros públicos en el extrarradio disfraza la verdadera sangría que ha supuesto para los grandes hospitales de referencia. Los cinco mayores (La Paz, Gregorio Marañón, Ramón y Cajal, San Carlos y 12 de Octubre) han recortado sus plantillas en 3.000 trabajadores, mientras que crecía levemente en los nuevos centros hospitalarios.

Puerta de Hierro, el sexto hospital más grande de la región, ha sufrido una enorme sangría tras su traslado a Majadahonda. Se ha dejado 633 trabajadores (el 21%) en un lustro por la inauguración del hospital de Villalba, público de gestión privada, en su área de influencia, y porque se han externalizado puestos no sanitarios en el nuevo edificio.

 

La marea blanca, el movimiento de los profesionales de la Sanidad que logró parar las privatizaciones en 2014, siempre ha sostenido que Sanidad pretendía adelgazar y precarizar su plantilla para externalizar la asistencia médica. La nueva presidenta regional, Cristina Cifuentes, se ha comprometido a no seguir privatizando y en 2016 se va a integrar en la red pública a seis hospitales de gestión privada.

De los 5.885 puestos de trabajo perdidos, José Manuel Freire, portavoz de Sanidad socialista en la Asamblea, recuerda que la mitad corresponde a médicos, enfermeros y auxiliares de enfermería (2.678) y ello tiene varios impactos negativos: se pierden competencias técnicas y profesionales; se engorda la lista de espera quirúrgica; empeora la calidad de la asistencia; se deteriora el clima laboral y, además, supone la marcha del capital humano. Se calcula que formar a un doctor le cuesta en total al Estado unos 300.000 euros.

La Comunidad de Madrid no incluye en la memoria anual del Sermas los datos básicos de la plantilla, pese a detallar, por ejemplo, de qué universidad proceden los estudiantes de MIR. Todo un misterio que ha provocado que estos años se hayan manejado cifras de personal muy dispares, dependiendo de si correspondían a documentos de cada hospital o al boletín de personal del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. De ahí la relevancia de estos datos que responden a una petición parlamentaria.

 

Al recortar los presupuestos, los gestores han castigado especialmente, según los datos oficiales de Sanidad, a los administrativos y auxiliares de administración (con bajadas del 32% y 6,1%), los pinches (19,4%), los celadores (10,3%) y los auxiliares de enfermería (9% menos).
Hay servicios que se han privatizado, como la lavandería hospitalaria. O la gestión telefónica de las citas médicas. Un mandato de la Asamblea, que salió adelante con los votos de la oposición y que no es vinculante, insta al Gobierno a que el Sermas se haga cargo del call center ahora que en abril finaliza el contrato.

A menos plantilla, los profesionales han tenido menos tiempo para atender a los pacientes y ello ha engordado la lista de espera quirúrgica, que alcanzó su récord histórico este pasado diciembre con 80.000 personas aguardando un quirófano. Tampoco ha ayudado que, pese a construirse nuevos hospitales en los últimos años, se han cerrado camas hospitalarias: 226 menos en 2014 que dos años antes.

Muchos factores han facilitado esta caída de la plantilla, propiciada por el gran recorte presupuestario. En 2012 el Ministerio de Hacienda decretó que solo podían reponerse a uno de cada 10 funcionarios que se jubilaban. En 2015 subió a la mitad el porcentaje.

También ha agravado la situación que las conocidas como OPEs —las oposiciones sanitarias— llevan mucho retraso. En algunas especialidades se arrastran convocatorias de 2009. Los sindicatos exigen que se celebren OPEs todos los años para ajustar la plantilla sin sobresaltos. Además, 400 médicos fueron jubilados en 2013 por sorpresa y forzosamente por superar los 65 años. En los tribunales algunos han ganado su reincorporación.

Julián Ezquerra, secretario general de AMYTS —el mayor sindicato médico—, recuerda que esta inestabilidad profesional pasa factura no sólo personal sino profesional a los afectados. “Yo he visto cirujanos con 10 años de experiencia a quienes no dan un crédito porque su contrato tiene fecha de vencimiento. No puedes entrar a un quirófano con esas preocupaciones”.

Ezquerra cree que hay que reorganizar las urgencias “para que no haya esos cuellos de botella”, pero sobre todo apostar por la asistencia primaria. “El 80% de las dolencias de los pacientes se deberían poder solucionar en los centros de salud. Y el resto que se viesen en los hospitales”.

La Consejería de Sanidad recuerda que este año va a haber un incremento en 30 millones de euros para Atención Primaria, lo que va a suponer que se contraten a 372 profesionales, entre ellos 70 médicos de familia, 71 enfermeras y 26 pediatras. En AMYTS pretenden recuperar los derechos laborales exigidos durante años y que parecían haberse logrado en 2008, pero que se han paralizado. Como que existiese una carrera profesional para los médicos, un calendario de oposiciones o facilidades en los traslados.

El consejero de Sanidad, Jesús Sánchez Martos, calificó en el último pleno de la Asamblea de “excelente pero mejorable” el sistema de urgencias del Sermas, pues el servicio funciona “con enorme agilidad y coordinación entre los centros”. Sin embargo, los medios de comunicación, entre ellos EL PAÍS, han mostrado en las últimas semanas la situación extrema en algunos hospitales con las urgencias saturadas. Sánchez Marcos considera que se trató de “un pico porque hubo un cambio brusco de temperatura”, pero para la oposición se trata de un problema “sistémico”. El consejero recomienda que los enfermos llamen al 112 “que le van a atender de maravilla” o acudan a los centros de salud.

El embotellamiento de la lista de esperas abre el debate. El consejero cree que abriendo los quirófanos por la tarde y los fines de semana se aliviará el problema. Para la oposición la solución solo pasa por contar con nuevo personal, tras perderse a 5.858 profesionales.