Redacción Médica: El curso político ha arrancado con fuerza en el plano sanitario con el acuerdo para tramitar un texto único para la futura Ley ELA, por un lado, y la firma del pacto de reforma de pensiones que podría beneficiar al colectivo sanitario en lo que se refiere a coeficientes reductores para la jubilación anticipada. Sin embargo, hay aún retos pendientes sobre la mesa en un horizonte medio cercano. Para los dos socios de Gobierno las prioridades están claras: tanto PSOE como Sumar coinciden en que hay que seguir potenciando la Atención Primaria. En el caso de los socialistas, además, valoran el aumento de plazas MIR y abogan por acortar los tiempos de las listas de espera sanitarias. En el de Sumar, apuestan por dar más fuerza a la parte comunitaria del primer nivel asistencial.
En el PSOE valoran logros sanitarios de la primera etapa de la legislatura como la creación del Comisionado de Salud Mental y el “avance importante” en cuanto al número de plazas de Formación Sanitaria Especializada (FSE), con casi 12.000 puestos en juego en 2025. Al margen de ello, para los socialistas, en un plazo medio-corto queda pendiente el reto de paliar los problemas de saturación y falta de profesionales en Atención Primaria. “Tenemos que abordar mejoras contra la precariedad laboral, aunque siempre desde la coordinación con las comunidades autónomas, dado que las competencias sanitarias son suyas”, indica Isabel Moreno, vocal del PSOE en la Comisión de Sanidad del Congreso.
Uno de los aspectos fundamentales para abordar dichas mejoras será la reforma del Estatuto Marco. En julio, el Ministerio de Sanidad y los sindicatos implicados en el diálogo se dieron un plazo de reflexión que, en teoría, iba a concluir en septiembre. En agosto, desde Sanidad señalaron a Redacción Médica que ya se estaba organizando la agenda postveraniega y que el Ámbito de Negociación se volvería a reunir “en breve”. No obstante, según ha podido saber este medio, aún no hay ninguna fecha confirmada para ello, por lo que ya se baraja la posibilidad de que las conversaciones se reanuden ya en octubre.
En cuanto a la congestión de los servicios sanitarios, Isabel Moreno señala la importancia de tomar medidas para acortar las listas de espera, precisamente uno de los objetivos que puso sobre la mesa el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su rueda de prensa por el inicio del curso político.
En cualquier caso, la diputada socialista valora el trabajo previo del “Gobierno progresista” en el ámbito sanitario, “siempre defendiendo la sanidad pública frente a las comunidades autónomas en las que gobiernan el PP y Vox” que, según la diputada, “están derivando cuantías millonarias a la sanidad privada”.
Por su parte, el portavoz sanitario de Sumar en el Congreso, Rafael Cofiño, recuerda los proyectos legislativos cuya tramitación completa quedó pendiente antes del parón veraniego: la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, la ley de Universalidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) y el proyecto de ley de Equidad y Cohesión del SNS.
El diputado progresista avanza que, además de ello, su grupo presentará en la Comisión de Sanidad de la Cámara Baja varias Proposiciones No de Ley (PNL): una para el reconocimiento y la atención a personas que padecen Covid persistente, otra sobre Atención Sociosanitaria Integrada “para trabajar los elementos de coordinación entre dispositivos sanitarios y asistenciales a nivel territorial y local” -algo “clave” para el partido, según Cofiño- y una última sobre acción y desarrollo comunitario en salud: “Se basaría en cómo establecer espacios de participación ciudadana y de coordinación con estructuras de salud y estructuras sociales para, así, dar importancia a los movimientos ciudadanos asociativos y vecinales en el ámbito de la salud”, concreta.
Dos de los partidos integrantes del Grupo Mixto en la Cámara Baja ponen en duda, sin embargo, los supuestos avances sanitarios por los que el Gobierno saca pecho. En el caso de Podemos, coinciden con el PSOE en su apoyo al sistema sanitario público y en destacar la necesidad de mejorar la atención sanitaria y la situación laboral de los trabajadores públicos. No obstante, aseguran que la situación actual al respecto es de “parálisis”.
“Han pasado cuatro años desde el Dictamen de la Comisión de Reconstrucción, y la Atención Primaria sigue padeciendo los mismos problemas. Nada de lo que se trabajó y prometió entonces se ha llevado a cabo”, dicen fuentes parlamentarias del partido de Ione Belarra, que también hablan de avances escasos en torno a la salud mental: “Continúa la desprotección a las personas que necesitan de esta atención”. Frente a ello, recuerdan que su grupo ya propuso, tanto en esta legislatura como en la anterior, un aumento de las plazas MIR y FIR “en lo relativo a salud mental”.
“También vamos a seguir apostando por la gestión pública y trabajando en la desprivatización del sistema sanitario, y estamos expectantes en lo relativo a Muface. En este sentido, nos preocupan las declaraciones de miembros del Gobierno alabando la sanidad privada y la gestión privada”, añaden las mismas fuentes.
En UPN, la médica y presidenta del partido regionalista, Cristina Ibarrola, considera necesario “un cambio de modelo” en sanidad que “ponga de verdad el foco en las necesidades del ciudadano”. “No podemos permitir que, tras meses y meses de incertidumbre, se saque a pacientes de la lista de espera sin ser vistos. Tenemos que volver a ser referentes en programas de detección precoz de cáncer que hoy siguen con un retraso inaceptable y tenemos que garantizar la atención adecuada en la sanidad pública sin tener que recurrir a la privada”, traslada la responsable política a este periódico. Al respecto, cree “imprescindible” que cambie “el modelo de toma de decisiones en salud” para incluir a profesionales y pacientes.
Además, Ibarrola lamenta que aún se siga notando la carencia de médicos en determinadas zonas: “Todavía este Gobierno no ha implantado, como están haciendo en otros lugares, incentivos para cubrir plazas de médicos en todas las localidades y en los hospitales comarcales. Hay que actuar ya”. Por último, echa todavía en falta un acceso “ágil” a la sanidad para personas mayores o dependientes: “Esto pasa por poner los recursos necesarios para realizar una valoración inmediata de la dependencia y empezar a recibir ayudas cuando la persona lo necesita y no tras meses de espera”.