La Xunta se desentiende de los pacientes de un hospital en huelga
30 Agosto, 2013 - 15:47 | 
AAS
EL PAÍS: Pese a sus 95 años, hasta la semana pasada Emilio García era uno de esos ancianos que hacen una vida prácticamente normal. Se duchaba y afeitaba él mismo, paseaba hasta el quiosco para comprar el periódico o hacía pequeñas compras en el supermercado. Pero una mala caída pudo con su débil fémur el 20 de agosto. Lo que debía haber sido un rápido paso por quirófano, con apenas cuatro días de postoperatorio, se ha convertido en un asunto de vida o muerte. Emilio agoniza en una cama de un hospital concertado de Vigo, Povisa, porque una huelga ha retrasado su operación sin que nadie, ni el centro ni la Xunta, se hagan responsables de su situación. El convenio suscrito entre ambos —por el que Povisa tiene adjudicada la atención de 150.000 personas de Vigo y su entorno— no contempla la derivación de un paciente a otro hospital cuando algo falla, cosa que sí está prevista entre centros públicos.
Emilio agoniza porque su frágil organismo no ha podido aguantar una inmovilización forzosa que va por su décimo día. El viernes pasado estaba listo para quirófano, pero un médico informó a la familia del primer retraso provocado por el paro. El segundo llegó el lunes, y así hasta ayer. Pero la situación del enfermo se agravó este martes. El estómago y los pulmones comenzaron a llenarse de líquidos y el intestino dejó de funcionar. Se alimenta a base de suero, y su estado resulta demasiado débil para afrontar la operación. Ya es demasiado tarde. “Los médicos nos han dicho que nos preparemos lo peor”, reconoce entre lágrimas su hija Concepción.
Cuando la salud de Emilio comenzó a resentirse, su familia pidió que se le derivara a otro hospital. “En Povisa nos dijeron que el Sergas (Servicio Gallego de Salud) rechazó esa posibilidad”, afirma su hija. Pero no es esa la explicación oficial del centro. “No se le solicitó al Sergas porque Povisa no deriva, no está previsto en el concierto y no podemos subcontratar”, sostiene un portavoz de la empresa, que añade: “Es como si un inquilino quiere realquilar su casa; no puede”. Fuentes del Sergas, mientras, afirman que es un problema del hospital que debe resolver en el hospital.
“Si no hay quirófanos, se pintan, y si no, se traslada al paciente”. El presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, José Antonio López Trigo, es drástico al valorar lo sucedido con Emilio García. “A un hombre de su edad no se le puede tener más de 48 horas sin operar, salvo que haya un inconveniente médico. A partir de ese plazo se corre el riesgo de hacerle un discapacitado, cuando, si no, en dos días estaría en su casa y en un mes, caminando”, explica. Los riesgos de mantener una hospitalización prolongada —en este caso, además, inmóvil por la fractura— son evidentes para el geriatra. “Las complicaciones aumentan exponencialmente. Aparecen úlceras de presión, y la atrofia muscular es rapidísima. Además, en los hospitales los pacientes tienden a beber y comer menos, con lo que se van desnutriendo. Es una cascada de desastres”, afirma.
El de Emilio García es el primer problema grave que surge desde que comenzó la huelga indefinida en Povisa, un hospital privado que, ante la incapacidad de la red pública, atiende a 150.000 personas de Vigo y su entorno. Lo hace merced a un concierto singular que le cuesta cada año 75 millones de euros a las arcas autonómicas, el más caro de la sanidad pública española. La construcción, repleta de sobresaltos, de un nuevo hospital en Vigo impulsado por un modelo de colaboración público-privada no alterará las cosas, ya que, como ha reconocido la Xunta, no permitirá absorber a la población ahora atendida en el centro privado.
171,6 días, la mayor lista de espera de Galicia
Povisa es, de largo, el hospital de Galicia con las mayores listas de espera. Tanto es así que la situación le supuso una reprimenda del Valedor do Pobo, el Defensor del Pueblo de Galicia. En su informe de 2012, publicado en mayo, la institución que dirige José Julio Fernández llamaba la atención sobre el hecho de que el hospital concertado concentre a la mayoría de los pacientes que llevan seis meses o más en espera de ser operados y a los que aguardan desde hace más de un año.
Según la información facilitada por la Xunta el pasado mes de julio, el tiempo medio que se tarda en Galicia en entrar en quirófano asciende a 82,1 días, pero la influencia de Povisa en esa estadística es tal que la Xunta también ofrece el dato sin incluir al centro concertado (68,5 días). Eso ocurre porque la espera media en ese hospital asciende a 171,6 días, más del doble del resto de hospitales de la red pública.
El Valedor do Pobo atribuye esa situación a los conciertos sanitarios, de los que afirma que “deberían estar supeditados a un estricto cumplimiento de los plazos que legalmente están establecidos”. Ese incumplimiento, añade, “tendría que provocar la imposibilidad de realización de nuevos conciertos” y obligar a establecer “derivaciones a otros hospitales públicos de la red sanitaria gallega”. El convenio al que alude el Valedor do Pobo se firmó por primera vez en 2001, siendo Manuel Fraga presidente de la Xunta, y caducó en 2010, pero ha sido prorrogado en tres ocasiones ante la falta de acuerdo entre el Gobierno gallego y el hospital, propiedad del Grupo Nosa Terra 2000.
Las negociaciones están rotas, pero Povisa sigue ingresando anualmente los 75 millones de euros que le corresponden por atender a una población de 150.000 habitantes, 80.000 de ellos de determinados distritos de la ciudad de Vigo. El nuevo hospital de Vigo, cuya inauguración se demorará al menos dos años, se ha concebido con una capacidad de 1.465 camas, por lo que “no supondrá esencialmente un aumento de oferta sanitaria, sino una reorganización del complejo hospitalario”. Eso significa que la sanidad pública gallega seguirá necesitando de la colaboración con Povisa para atender a la población de Vigo y su entorno, la mayor de Galicia, aunque con una salvedad: en lugar de asignar a los pacientes por su procedencia domiciliaria se realizará de forma voluntaria. Lo que la Xunta no aclara es cómo podrá atender a esos 150.000 pacientes si todos deciden que se les atienda en un centro no concertado.
La huelga indefinida comenzó el día 19, la víspera del ingreso de Emilio García. A ella se sumaron todos los sindicatos representados en el comité de huelga excepto el que representa a los médicos, menos vinculados al convenio colectivo que la empresa ha anulado ante el fracaso de las negociaciones para su renovación. En aplicación de la reforma laboral —aunque pendiente de juicio, que se celebró el martes— la dirección del hospital ha impuesto su sustitución por el sectorial de la provincia, lo que supone una rebaja salarial de en torno al 40% para los trabajadores. Con 1.383 empleados, unos 400 de ellos facultativos, la de Povisa es la segunda mayor plantilla de Vigo, después de Citroën.
Las únicas declaraciones sobre la huelga de la consejera de Sanidad, Rocío Mosquera, se produjeron el 20 de agosto. Ese día, preguntada por los periodistas, la máxima responsable del Sergas se limitó a recordar que Povisa es un centro “concertado, pero privado”, por lo que rehusó cualquier intervención de la Xunta, más allá de llamar a las partes a negociar y alcanzar un acuerdo “cuanto antes”. “Es lo que podemos hacer”, se justificó. Esa negociación entre dirección y trabajadores no existe. Desde antes de que comenzara el paro indefinido, la dirección del centro advirtió que no mantendría ningún contacto con el comité de empresa hasta una reunión prevista para el 15 de septiembre. Las relaciones entre el comité y el centro está prácticamente rotas y la tensión ha ido creciendo a medida que han pasado los días, con escraches a los directivos del hospital en la calle y altercados a las puertas del juzgado en el que se celebró la vista por el conflicto colectivo, de donde el consejero delegado del centro salió escoltado por la policía. Según los sindicatos, el 74% del personal no facultativo secunda el paro, porcentaje que la empresa rebaja al 15% del total de la plantilla. Las únicas conversaciones entre las partes han tenido que ver con los servicios mínimos y a instancias de la Inspección de Trabajo.
Ayer mismo, empresa, comité de huelga e Inspección celebraron una nueva reunión para intentar revisar los mínimos en traumatología, en donde según fuentes sindicales hay otros 11 pacientes en espera de intervención. Los servicios mínimos que se aplican en el paro solo mantienen operativos tres de los 15 quirófanos con que cuenta el policlínico. Los departamentos relacionados con oncología, otras patologías graves y urgencias funcionan con normalidad, en tanto que el personal de planta trabaja con los servicios habituales de los fines de semana. Las consultas externas arrancaron el paro con relativa normalidad, atendidas por los médicos sin personal auxiliar, pero los efectos comienzan a notarse ante la falta de plantilla para concertar citas o realizar pruebas.
“El Sergas es responsable absolutamente de atender a la población. Si no incumple un mandato constitucional”. “Si hay un conflicto laboral, que lo solucionen entre ellos, pero no a costa del paciente”, dice López Trigo. “En el caso de Emilio lo importante era operar cuanto antes, porque una rehabilitación temprana es tan importante como una buena técnica quirúrgica”. Además, él cree que en este caso se abusa de una persona “frágil, en edad avanzada, que va a quejarse poco”. Su hija sí se queja. “Mi padre ha trabajado toda su vida y ha pagado puntualmente sus impuestos y la Seguridad Social. ¿Cómo me dicen que no lo pueden operar?”, se indigna la hija del paciente, que no duda en culpar al Sergas: “Ellos son los responsables y los que tienen que buscar una solución, a mí me da igual que este hospital sea público o privado, él tiene que ser atendido, y si es necesario trasladarlo, que lo trasladen. Mi padre tenía que estar ya de vuelta en casa con nosotros y ahora está muriéndose en una cama”.