Diario de Burgos: La Junta de Castilla y León sigue adelante con la implantación delas unidades de gestión clínica a partir de enero a pesar del rechazo unánime por parte de las organizaciones sindicales del sector. El consejero de Sanidad, Antonio María Sáez, explicó ayer que este modelo supone «un cambio organizativo en la sanidad castellana y leonesa, que pretende incorporar la cultura de la corresponsabilidad de los profesionales en la gestión de los recursos públicos y su descentralización».
El Consejo de Gobierno aprobó ayer el decreto que regula la constitución y funcionamiento de estas unidades, por lo que en poco más de un mes podrían estar en funcionamento las primeras. Sáez informó que más de 110 equipos de centros de salud y de hospitales de Castilla y León ya se han interesado en la presentación de proyectos para constituirse en una unidad de gestión clínica.
El responsable de Sacyl aseguró que esta fórmula «descentralizará la gestión para reforzar la capacidad de los profesionales en pro de una mayor calidad y eficacia». El consejero destacó que, tras un dilatado periodo de negociaciones y tramitación, se ha reforzado la naturaleza jurídica pública de las unidades, su funcionamiento de acuerdo con las normas de los hospitales y de la atención primaria, el mantenimiento de los profesionales como trabajadores públicos y la voluntariedad para formar parte de ellas.
El objetivo de este «cambio tranquilo y progresivo» es conseguir un nuevo modelo de gestión «voluntario», ha reiterado Sáez Aguado, que permita demostrar que la sanidad pública puede funcionar mejor y ser más eficiente con la corresponsabilización de los profesionales.
El consejero precisó que aún hay cuestiones que requerirán un desarrollo normativo, «momento en el que se procederá a negociar con las organizaciones sindicales», por cuanto el objetivo del decreto se limita a sentar las bases comunes sobre las que han de pivotar la creación de las futuras unidades de gestión clínica.
De momento, la posición de los sindicatos es de rechazo frontal. Todas las organizaciones con representación en el sector se muestran contrarias por unas razones u otras. Las principales, que es una puerta abierta a la privatización del sistema y por las incertidumbres sobre la situación en la que quedan los trabajadores de un servicio que no quieran participar en la unidad de gestión.
«Tenemos que ver el texto definitivo pero nos preocupa la regulación de las unidades de gestión tal y como se concibió inicialmente», expresó el secretario general del sindicato médico Cesm, Mauro Rodríguez, quien también ve problemas en los criterios para el reparto de la productividad o que los jefes de la unidad puedan se elegidos por libre designación y no teniendo en cuenta los méritos y servicios de cada uno.
Desde Comisiones Obreras van más allá y ya anticipan movilizaciones. «Esta medida recibirá una constestación adecuada tanto de los trabajadores como de la ciudadanía», aseguró el secretario general de la sección sanitaria del sindicato, Pablo Vicente, quien aseguró que los profesionales «ya están implicados en la gestión sin unidades».