FADSP: Como el Gobierno tiene problemas para continuar con la estrategia que ha seguido hasta ahora de desmantelamiento y privatización de la sanidad pública, debido a la presión en contra de:

• Las movilizaciones ciudadanas y profesionales que se oponen al deterioro del sistema sanitario público
• Los problemas económicos asociados a la financiación mediante la colaboración privada
• Las resoluciones judiciales, que han paralizado la adjudicación de hospitales a empresas multinacionales y a fondos de inversión.

El Gobierno pretende resolver esta situación de parálisis mediante una estrategia fundamentada en la Creación de Unidades de Gestión Clínica, pero desvirtuando la naturaleza integradora y racionalizadora de las mismas[1]. Su intención es fragmentar los centros sanitarios públicos en microempresas dotadas de entidad jurídica propia (lo que les confiere autonomía para administrar su personal y su presupuesto), gestionadas mediante las diferentes fórmulas empresariales de la Ley 15/1997 y con capacidad para apropiarse de los beneficios generados por la venta de sus servicios a otras Unidades o Centros Sanitarios. Así se fomenta el desorden asistencial y la creación de un mercado interno dentro del sistema sanitario. Se daría entrada al sector privado (farmaindustria, multinacionales sanitarias, fondos de capital-riesgo, etc...) a cambio de aportar recursos y capitalización. El sector privado podría controlar la elaboración de las estrategias y decisiones clínicas dirigidas a los procesos asistenciales más prevalentes y/o de mejor relación coste-beneficio, lo que le proporcionaría incalculables beneficios económicos financiados con fondos públicos.
Por otro lado esta estrategia pretende también pasar la responsabilidad de la prestación sanitaria a una maraña de empresas interpuestas que en época de recortes gestionaran la escasez y servirán de dique para las protestas.
En suma bajo la apariencia de un termino que parece inofensivo, se pretende introducir Este concepto es de manera  encubierta, una empresarización de los servicios hospitalarios y de los centros de Salud, que pretende convertirlos en empresas "autónomas",- lo que nuevamente suena muy bien-  abiertas al capital empresarial personal, rompiendo la unidad de los centros, introduciendo el mercado, los beneficios, los incentivos económicos puros y duros, y la precariedad laboral  de los profesionales derivada de la su imprescindible laboralización y renuncia al estatuto vigente, entre otras muy perversas consecuencias. Estamos realmente ante lo que se podría llamar un proyecto de “Gestión Clínica SA”.
 
Para alcanzar estos objetivos el Ministerio de Sanidad ha adoptado dos medidas:
 

1. De manera oculta y solapada, aprovechando la elaboración de la Ley 10/2013 destinada a regular temas relacionados con la farmacovigilancia, ha introducido en su disposición final quinta la creación de Áreas de Gestión Clínica (AGC), con su personal regulado por el régimen laboral de las empresas privadas. Esta medida elimina el régimen estatutario de los trabajadores de la sanidad pública, que perderán estabilidad y derechos laborales y quedarán sometidos al control empresarial de gerentes y responsables de las unidades clínicas.
2. El Gobierno ha firmado un acuerdo con el denominado Foro de la Profesión[2], formado por algunas organizaciones conservadoras muy alejadas de la gran mayoría de los colectivos sanitarios y sindicales que, a cambio de algunas prebendas, han dado su apoyo a la laboralización del personal de las Unidades de Gestión Clínica, lo que supone un respaldo a la política privatizadora del gobierno y divide al colectivo sanitario.

 
Consecuencias previsibles:
 

1. Desregulación y privatización del sistema sanitario, que se fragmentará en múltiples empresas, en las que entraría el capital privado y de grupos empresariales, que podrán influir de manera directa en las decisiones sobre: qué hacer, cómo, quién y con qué, en la política sanitaria y en los procesos y procedimientos asistenciales más interesantes económicamente
2. Las decisiones clínicas de los profesionales sanitarios se someterán a las políticas empresariales. La laboralización del personal otorgará un gran poder de control a las gerencias para influir en la libertad de decisión que hasta ahora garantiza el Estatuto del Personal
3. Pérdida y deterioro de los derechos de los trabajadores sanitarios, que para integrase en las Unidades de Gestión Clínica deberán renunciar a las garantías del Estatuto del Personal (estabilidad, seguridad y libertad de decisión). Los que no lo hagan quedarán marginados dentro de los centros, sin acceso a las innovaciones y nuevos recursos.
4. Desaparición del modelo actual de Atención Primaria, cuya actividad quedará sometida a los intereses empresariales de la nuevas unidades, con la función de realizar el cribado de pacientes y patologías atendiendo a criterios de rentabilidad (selección adversa).
5. Aumento del gasto sanitario innecesario, ya que las unidades deberán dotarse de un aparato burocrático administrativo para gestionar los recursos como empresas autónomas (gestión del personal, facturación de servicios, etc.). Además, el sector privado buscará maximizar beneficios promoviendo el uso intensivo de las tecnologías.
6. Pérdida de calidad, seguridad y de acceso a los servicios de la ciudadanía, especialmente de los pacientes aquejados de patologías no rentables económicamente para las nuevas Unidades Clínicas (selección de riesgos), las cuales podrán apropiarse de los beneficios económicos que generen.

 
Quienes ganan:
Empresarios, laboratorios, fondos de inversión, aseguradoras, consultoras, profesionales con capacidad de influencia, personajes vinculados a la actual administración que participen en la llamada puerta giratoria, el clan de gestores interesados en ampliar el modelo empresarial y la burocracia .
 
Quienes pierden:
Los ciudadanos,dado que la atención sanitaria quedará sometida a los intereses empresariales de las Unidades de Gestión; profesionales y trabajadores sanitarios, que perderán estabilidad, seguridad y libertad de decisión; el sistema sanitario público, que además de fraccionado, será ingobernable, más costoso y provocará más desigualdad; la Atención Primaria, que en un contexto de debilidad, quedará relegada a portera de las Unidades de Gestión para seleccionar pacientes y procesos.
 
¿Que hacer para frenar este proyecto?
 

1 . Crear un clima de rechazo profesional y social en contra de estas Unidades de Gestión Clínica, informando y demostrando la pérdida de derechos y de calidad de la atención para la gran mayoría de ciudadanos y profesionales. Una buena manera es colaborar firmando esta petición: http://www.fadsp.org/index.php/sample-sites/manifiestos/648-contra-el-pacto-entre-los-autodenominados-foros-profesionales-y-el-ministerio-de-sanidad

2. Articular una alianza profesional lo más amplia posible, que aísle a los sectores qué han suscrito un acuerdo de apoyo, para rechazar esta Gestión Clínica que plantea el Gobierno, que fragmentará y privatizará el sistema sanitario público, y que no tiene nada que ver con la mejora de la integración y de la efectividad del sistema.

3. Ampliar y reforzar la alianza social y profesional en defensa del sistema sanitario y de rechazo a estas medidas de desmantelamiento y privatización.

4. Convocar medidas de movilización social y profesional que exijan la retirada de las Unidades de Gestión Clínica