rtve.es: Aunque sin huelgas ni manifestaciones masivas, como las que han marcado un inusual invierno y una primavera calientes en la sanidad pública, esta sigue colándose silenciosamente entre las principales preocupaciones de los ciudadanos. Según el último barómetro del CIS, es la cuarta preocupación y la segunda a nivel personal para los españoles, solo por detrás de los problemas económicos y por delante del paro o los políticos.
La pandemia puso de manifiesto un sistema en tensión y saturado, según denuncian muchos profesionales, y con el coronavirus en un segundo plano ya desde hace tiempo, tanto los sanitarios como los pacientes han salido a la calle para llamar la atención sobre la precaria situación de la joya de la corona del Estado del bienestar español, según reivindican políticos de uno y otro signo.
En Madrid, epicentro de estas luchas de los profesionales, los médicos de familia han mantenido una huelga indefinida durante cuatro meses, desde noviembre de 2022 hasta marzo de este año, por lo que denunciaban como sobrecarga asistencial. Pero esta comunidad no es la única que ha vivido movilizaciones por una sanidad pública que genera cada vez más descontento, con casi la mitad de la población reclamando "cambios profundos" en el sistema sanitario a finales del año pasado.
Los médicos de Cataluña también pararon, en este caso durante unos días, el pasado enero, en Galicia mantuvieron una huelga indefinida en abril y ese mismo mes hubo paros en la Comunidad Valenciana y en Andalucía, aunque con escaso seguimiento en este último caso.
El sector, poco dado tradicionalmente a las huelgas, consiguió arrancar compromisos importantes a las administraciones de varias comunidades, en algunos casos mejoras salariales y en otros un tope a la cantidad de pacientes que podían ver en un día, una de las reclamaciones principales de la atención primaria.
Meses después de esta intensa temporada de movilizaciones, "seguimos con los mismos problemas", asegura a RTVE.es Francisco José Sáez Martínez, de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG). Aquellos compromisos que los profesionales arrancaron a las administraciones están suspendidos a la espera de que se formen los nuevos gobiernos autonómicos tras las elecciones del 28M, en las que además muchas comunidades cambiaron de manos.
Es ahora, en verano, es cuando se debería atender a los pacientes crónicos, asegura Sáez, "pero como hay una gran saturación y hay ese concepto de inmediatez terrible que existe en nuestro país, el problema es que se está alargando la atención" a estos pacientes, como aquellos con cáncer, artritis o diabetes. Este concepto de "inmediatez", impuesto tras la pandemia, impide la prevención de estas enfermedades y a la larga provoca un aumento de muertes, como se ve con las estadísticas del exceso de fallecimientos en 2022, que ya no se puede explicar solo por el coronavirus.
La falta de personal en la atención primaria es uno de los grandes responsables de haber llegado a esta situación. "Esto es uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro país. El número de médicos es uno de los más altos que hay en Europa, sí, pero no así el número de médicos de familia", señala, lo que se explica porque estos "acaban trabajando en las urgencias hospitalarias, donde se hace una mejor oferta salarial", y esto a su vez tiene su origen en que "no se entiende que la atención en los centros de salud sea importante".
"Lo que da votos, desgraciadamente, es estar en un hospital y políticamente lo que interesa es poner hospitales", continúa el representante de la SEMG, centros que se acaban llevando la inversión destinada a la atención primaria, incluso de los fondos europeos.
En el lado del paciente, la saturación se sufre especialmente en forma de largas listas de espera. Aunque hay importantes diferencias por comunidad, los españoles esperan de media los 120 días para ser operados, lo que supone una vuelta a la situación justo anterior a la pandemia (finales de 2019), y aunque se sitúa en la media de los últimos cinco años, es muy superior a la los números anteriores a 2012 y a los recortes provocados por la crisis, cuando oscilaba alrededor de los 70 días.
Hay casi 800.000 españoles esperando operaciones no urgentes, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, correspondientes al final de 2022, más incluso que en lo peor de la pandemia.
En cuanto a las citas para un especialista, el tiempo medio de espera es de 95 días, por debajo también de los niveles de la crisis del coronavirus, pero igualando los máximos históricos más allá de la pandemia. Para acudir a un neurólogo o un dermatólogo, las especialidades con listas de espera más largas, hay que esperar casi cuatro meses.
Ante esta situación, especialmente en cuanto a las listas de espera, todos los partidos menos el PP coinciden en sus programas en reducir estos tiempos, algunos por ley (PSOE y Sumar) y otros con más inversión o con conciertos con la privada (Vox). Algunos plantean también invertir más en atención primaria y contratar más médicos de familia (PP), incorporar nuevos servicios a la cartera del Sistema Nacional de Salud (Sumar y Vox) o eliminar algunos de ellos como la eutanasia, el aborto o los tratamientos de cambio de sexo (Vox). Todo ello siempre con la limitación de que la competencia de sanidad está transferida a las comunidades autónomas.
El PSOE, que ha presumido durante la campaña de su gestión de la pandemia como uno de sus principales fuertes, ha planteado como una de sus promesas estrella limitar por ley las listas de espera a 120 días para intervenciones quirúrgicas, 60 para consultas externas especializadas, y 30 días para pruebas complementarias, así como un tiempo máximo de 15 días para atención a salud mental a menores de 21 años.
También promete en su programa aprobar una ley de equidad para "consolidar la equidad, la universalidad y la cohesión en el Sistema Nacional de Salud" y evitar copagos en el futuro o una ley de donantes vivos. En cuanto al personal sanitario, entre las medidas se incluye promover la "jubilación activa" en especialidades deficitarias hasta los 72 años, aumentar un 15% las plazas universitarias de Medicina, y nuevas especialidades como Urgencias.
Por su parte, el PP se centra en la atención primaria, para la que propone un plan de choque con la contratación de 1.000 plazas adicionales de medicina familiar y comunitaria a la oferta de 2024, así como dar incentivos a quienes elijan esta especialidad para hacerla más atractiva. En algunas medidas coincide con los socialistas: la jubilación activa hasta los 72 años para la medicina de familia o crear el título de especialista en urgencias, así como aumentar las plazas universitarias, aunque en este caso en Enfermería.
Otras medidas de su programa también incluyen aprobar una ley de pandemias, crear una Agencia Estatal de Salud Pública, una Agencia Española de Innovación y Calidad Sanitaria, un Centro Nacional de Investigación de la ELA, así como una nueva Estrategia Nacional en Salud Mental y un Plan Nacional de Prevención del Suicidio. Respecto al aborto, plantea volver a exigir el consentimiento paterno o de tutores legales para las menores de edad, como hizo el PP con la última reforma de Alberto Ruiz-Gallardón, y garantizar el derecho a la objeción de conciencia de los sanitarios.
Vox propone, para empezar, la "devolución inmediata" al Estado de las competencias autonómicas de sanidad, así como las de educación o justicia. También plantea, mientras no se logre esta recuperación, una tarjeta sanitaria única en toda España, la unificación de la historia clínica y farmacéutica digital, una cartera de servicios común y la compra centralizada.
Además, propone dar "preferencia sanitaria" a los españoles y solo atender a los inmigrantes irregulares en situaciones de "urgencia vital y enfermedades infecto-contagiosas". El programa también plantea la libertad de elección de médico y centro, incrementar la inversión en atención primaria, reducir la lista de espera mediante incentivos a los centros públicos y más conciertos con la sanidad privada. Otras medidas incluyen derogar las leyes del aborto y la eutanasia, y que estos servicios no se presten en la sanidad pública, ni tampoco "intervenciones quirúrgicas y hormonales" como el cambio de sexo.
Por último, Sumar presenta entre sus medidas el aumento de la inversión en sanidad, que deberá crecer anualmente medio punto del PIB, reforzando especialmente la atención primaria, aprobar una ley que imponga tiempos máximos en las listas de espera y blindar el carácter público del Sistema Nacional de Salud, "desprivatizando" servicios como limpieza u hostelería.
Además, el partido de Yolanda Díaz promete en su programa incorporar a los servicios sanitarios públicos nuevas prestaciones, como la salud bucodental, la nutrición, la salud óptica, la audioprótesis, la psicoterapia, la terapia ocupacional y la fisioterapia, y acabar con las guardias médicas de matronas y enfermeras de 24 horas, avanzando desde el sistema de guardias a un sistema de turnos, como ocurre en otros países europeos.