EL PAÍS: La Inspección de la Seguridad Social ha detectado una gran bolsa de fraude entre las empresas que prestan los servicios de rehabilitación y logopedia en la sanidad pública catalana. El organismo exige a las tres primeras empresas cuya inspección ya ha cerrado —hay media docena más aún abiertas— más de ocho millones de euros en cotizaciones no pagadas y la regularización de unos 300 fisioterapeutas, médicos rehabilitadores y logopedas.

El foco de las irregularidades se centra en la práctica, muy extendida en el sector, de prestar la asistencia domiciliaria con trabajadores autónomos. La Inspección considera que estos profesionales ejercen su labor en unas condiciones que "en realidad son de trabajadores por cuenta ajena" y, por tanto, tenían que haber sido contratados laboralmente. Las actas califican los hechos de “infracción muy grave". Las empresas, por su parte, discrepan de esta interpretación y han anunciado la presentación de alegaciones y recursos.

La más reciente e importante de las inspecciones es la llevada a cabo contra Fisioterapia SA, del grupo Corporación Fisiogestión. Esta es la mayor empresa del sector y acapara más de la mitad de los 16 millones de euros anuales que la Generalitat destina al servicio. El acta, cerrada el pasado mes de abril, exige a Fisioterapia SA un total de 7,3 millones de euros por las cotizaciones de unos 230 profesionales no pagadas desde noviembre de 2012. Como en los otros dos casos, la Inspección también ha abierto un expediente sancionador que acabará con una multa y obliga a la empresa a contratar a los profesionales.

Todas las inspecciones se han producido por denuncias sindicales, que arrancaron tras la publicación por EL PAÍS, en diciembre de 2014, del caso de la empresa Codebi BCN. Entre otras irregularidades, esta compañía atendía a pacientes de dos distritos de Barcelona —una población de 250.000 personas— sin apenas plantilla y recurriendo a médicos y fisioterapeutas autónomos.

El Sindicato Profesional Sanitario de Cataluña presentó entonces una denuncia contra Codebi BCN, que acabó en abril de 2016 con un acta de la Inspección que exigía a la empresa 445.000 euros en cuotas no pagadas y la regularización de una treintena de profesionales. Dos meses más tarde, y por otra denuncia del mismo sindicato, la Inspección reclamó a una segunda empresa, UTE Acerf, 318.000 euros y la contratación de unos 20 trabajadores.

Mientras la Seguridad Social cerraba estas primeras inspecciones, el sindicato UGT decidió extender las denuncias a prácticamente todo el sector. "Era un problema generalizado que se arrastraba desde el último concurso del servicio, adjudicado en 2012", explican fuentes del sindicato. "Habíamos alertado a la Generalitat varias veces de la grave precariedad que esto suponía para el sector, pero no hizo nada. Al final tuvimos que denunciar a todas las empresas que tenían falsos autónomos. Es decir, a casi todas las del sector", añaden estas fuentes.

UGT augura que, cuando acaben las inspecciones en marcha, la cifra de profesionales regularizados podría ascender al millar. "Incluso más", añade desde el sindicato, "si tenemos en cuenta que aunque el problema se centra en la atención domiciliaria, también hay falsos autónomos ejerciendo en la ambulatoria".

Todas las fuentes consultadas destacan que la intervención de la Seguridad Social "marca un antes y un después en la historia del sector". "Esto es el fin de un modelo de negocio que se apoyaba en estructuras ligeras de personal y el recurso generalizado a trabajadores autónomos", explica el responsable de una empresa del sector.

Estas fuentes destacan que fue Corporación Fisiogestión, por peso y estrategia empresarial, la gran impulsora de este modelo, que se vio definitivamente consolidado en el gran concurso público del sector celebrado en 2012 que adjudicó el servicio para 10 años. "Llamativamente, las cláusulas del concurso no ponían límite alguno a la composición de las plantillas y el recurso a los autónomos", afirman desde UGT.

El director en 2012 del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut), organismo que licitó el concurso, era Josep Maria Padrosa, que antes de ser nombrado para el cargo era precisamente director general de Corporación Fisiogestión. Padrosa ocupó el cargo entre 2011 y 2015 bajo los gobiernos de Artur Mas (CiU) y con Boi Ruiz como consejero.

El equipo del actual consejero de Salud, Antoni Comin, asegura que, tras tener conocimiento de las inspecciones de la Seguridad Social, "ha activado la vía de la inspección propia para valorar el estado de la situación y su alcance". Sin dar más detalles, Salud añade que tras este primer paso "actuará en consecuencia para asegurar la situación laboral de los trabajadores afectados".

El Ayuntamiento de Barcelona, ciudad atendida casi en su totalidad por las tres empresas sancionadas, aboga por "la rescisión inmediata de los contratos vigentes con empresas sancionadas por vulnerar los derechos de los trabajadores", según la comisionada de Salud, Gemma Tarafa. La posición del equipo de la alcaldesa Ada Colau es que "los dispositivos públicos asuman la rehabilitación ambulatoria y domiciliaria de la ciudad, en un nuevo modelo de mayor integración de los distintos niveles asistenciales".