eldiario.es: Ni encierros ni protestas lo detuvieron. La cesión –y pago– de las donaciones de sangre itinerantes a Cruz Roja por parte de la Comunidad de Madrid está en marcha. Hace unos días, el Centro de Transfusiones entregaba ya parte de su material a la organización, que colocaba sus distintivos en un vehículo –hasta ahora– del centro.
Desde este mes de marzo, las bolsas de sangre donada ya le cuestan 67 euros por unidad a la sanidad pública. Cada mes de 2014, Cruz Roja ingresará 471.010 euros a cuenta. El convenio que regula ahora el servicio cedido –a cuya versión completa tuvo acceso eldiario.es– estipula que la organización recibirá por adelantado el 95% de la mensualidad prevista.
Como el documento asigna 74.000 extracciones para este año desde marzo, el montante anual asciende a 4,9 millones de euros. A eso hay que sumarle las unidades de aféresis de multicomponentes (600 para este curso a 67 euros), según el régimen económico acordado entre las partes.
Además, el importe de la sangre "será actualizado, una vez transcurrido el primer año de ejecución del convenio, en función de la variación del índice de precios al consumo general, no pudiendo superar el 85% de variación", incluye el texto
En 2014, básicamente, la actividad está ya divida en dos. Una para el centro público y otra para Cruz Roja. "Se traspasará la mitad de las colectas externas" del Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid (CTCM) al de la Cruz Roja, planificaron los responsables. En esta fase transitoria, el Servicio Madrileño de Salud debe "ceder en marzo de 2014 una furgoneta y tres unidades móviles". El 1 de enero de 2015, el centro público ya se deshará de "las tres unidades móviles y la furgoneta restante". De igual manera, proporcionará los equipos móviles "equipados con el material que el CTCM utiliza habitualmente en la colecta".
El CTCM asumirá, por convenio, "la totalidad del suministro de componentes sanguíneos a los hospitales privados". Ahora mismo, buena parte del circuito privado era al que surtía el centro de procesamiento de la Cruz Roja. La Comunidad de Madrid también tiene que "facilitar la información necesaria relativa a los puntos de extracción, ubicación, rendimiento, frecuencia, etc."
Como ya trascendió al conocerse los planes del Ejecutivo de Ignacio González, los cálculos globales son que se extraigan 140.000 unidades de sangre a 67 euros cada una y 1.200 de aféresis (las más complejas; también con "precio unitario" de 67 euros).
En total, el convenio traspasa 9.460.400 euros a Cruz Roja por el servicio. La organización contestó que no se trata de beneficios sino de cubrir gastos. “Compensación de gastos por dicha actividad”, lo calificó. La Memoria Anual del CTCM de 2012 –los últimos datos actualizados– registra 3.198 colectas y 62.428 unidades en extracciones externas. En los últimos cinco años, el pico se obtuvo en 2008 con 83.163 unidades.
Aunque la Comunidad de Madrid y Cruz Roja han negado que se trate de una privatización del servicio al uso –de ahí que hayan debido firmar un convenio directo entre ambas instituciones y no convocar un concurso público–, también es cierto que el Gobierno regional ha aplicado una de las máximas inherentes a la privatización: delegar la responsabilidad.
Así, en la cláusula undécima del documento, el Servicio Madrileño de Salud declara que "no se hará responsable de los accidentes ni de los daños ocasionados a personas o bienes por el personal adscrito a la Cruz Roja Española Comunidad de Madrid que desarrolle su actividad dentro del ámbito del convenio". Si algo sale mal, las reclamaciones irán a la ventanilla de la organización, "que deberá estar cubierto por un seguro de accidentes y responsabilidad civil". Es decir, lidiar con una aseguradora.
El documento por el que el Servicio Madrileño de Salud renuncia a las extracciones externas a favor de la Cruz Roja se firmó el 20 de diciembre pasado. La rúbrica llegaba tan rodeada de polémica que el acto no mereció gran publicidad por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Ya se había aireado que cada bolsa de sangre obtenida por Cruz Roja le costaría 67 euros a la Consejería de Sanidad.
La rúbrica al pie del documento lleva los nombres de la entonces viceconsejera de Sanidad, Patricia Flores, y el presidente de Cruz Roja de Madrid, Jesús Mora. Al arrancar la fase operativa de este convenio, ninguno de los dos firmantes está ocupando ya su puesto.
Flores saltó del cargo a mediados de febrero pasado, cuando entró el nuevo titular Javier Rodríguez. Flores está imputada por presunta prevaricación en una primera fase de privatización hospitalaria en Madrid y está pendiente de declarar ante el magistrado. Mora fue apartado un mes antes –en enero– por sendas denuncias contra su forma de elección de cargos y la gestión del despido de una trabajadora de la organización.