EL PAÍS: ¿Han renunciado a reclamar los gastos las tres empresas adjudicatarias del concurso para privatizar la gestión de seis hospitales en Madrid después de que el Gobierno regional decidiera paralizar su proyecto? Según el nuevo consejero de Sanidad, Javier Rodríguez, sí. Así lo ha declarado esta mañana a los periodistas. Ha señalado que las empresas Hima San Pablo, Sanitas y Ribera Salud han llegado a un acuerdo con la consejería y que "no reclaman nada". Sin embargo, no es eso lo que dicen las concesionarias. Ribera Salud, sin ir más lejos, lo ha negado.

"Entendemos que la voluntad de resolver esto sin coste para la Administración es una decisión política y unilateral", ha explicado una portavoz a preguntas de EL PAÍS. "Pero el servicio jurídico de Ribera Salud está estudiando los próximos pasos" a seguir. Y ha añadido: "Nos sorprende que [Rodríguez] haya hecho esas declaraciones."

Sanitas, por su parte, ha confirmado que han existido "varias reuniones" con la consejería para tratar este asunto, y que "existe una base de entendimiento", pero tampoco ha confirmado que se haya llegado a un acuerdo. Hima San Pablo no contesta desde hace meses a las preguntas de este diario.

El presidente madrileño, Ignacio González, decidió a finales de enero paralizar el proceso de privatización de la gestión de seis hospitales públicos. Lo hacía solo un día después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) acordara mantener la suspensión cautelar que pesaba sobre el proceso desde septiembre. Se trató de una decisión política --que incluyó la salida del anterior consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty--, puesto que el tribunal no ordenaba la paralización del plan, sino que únicamente mantenía la suspensión cautelar hasta poder dictar sentencia.La Comunidad de Madrid no ha dado ningún paso, ni administrativo ni judicial, para anular el concurso de gestión de los seis hospitales. De hecho, el TSJM sigue adelante con los recursos.

Los expertos en derecho administrativo consultados aseguran que las adjudicatarias no tienen derecho a reclamar indemnización por lucro cesante, puesto que los contratos no llegaron a firmarse. Sin embargo, la ley les asiste si deciden reclamar los gastos en los que incurrieron durante la preparación de su oferta para el concurso y en los meses posteriores, en concepto de daños y perjuicios. En ese sentido, tanto Ribera Salud como Sanitas presentaron sendos escritos en el TSJM en los que se presentaban como damnificados por la suspensión cautelar. Ribera Salud argumentaba que la situación causaba daños a las concesionarias, que cuantificó en cerca de 1,5 millones de euros al año.

Fuentes conocedoras de las reuniones entre la consejería y las empresas señalan que las concesionarias aún no han decidido si reclaman daños y perjuicios y que Sanidad está insistiendo para que no lo hagan. Entre esos gastos estarían los costes financieros de los avales que suscribieron, la asesoría jurídica, la preparación de la oferta del concurso, etc. A la pregunta de qué está ofreciendo a cambio la consejería, ni Sanitas ni Ribera Salud han hecho comentarios.

El consejero ha reiterado esta mañana, ante las preguntas de la prensa, que el concurso de las empresas está anulado y la Comunidad no privatizará los centros afectados (Infanta Leonor en Vallecas, Infanta Sofía en San Sebastián de los Reyes, Infanta Cristina en Parla, Hospital del Henares en Coslada, Hospital del Sureste en Arganda y Hospital del Tajo en Aranjuez). Tras la dimisión de Javier Fernández-Lasquetty y la toma de posesión de Rodríguez, este último despidió al asesor ideólogo del modelo Alzira de privatizaciones, Antonio Burgueño. "Si mañana los jueces deciden suspender la suspensión cautelar, que podría ocurrir, la Comunidad de Madrid no va seguir", ha afirmado este miércoles. "Lo puedo decir más fuerte, más claro no sé".

El consejero ha realizado estas declaraciones tras acudir a un foro del Partido Popular para hablar de la sanidad pública de Madrid, que ha calificado como "la mejor de España." Ha declarado que es "mentira" que su Gobierno quiera privatizar la Sanidad y hacer negocio. Respecto a las derivaciones de operaciones quirúrgicas a los servicios privados, considera "hay que ofertar al ciudadano".