El informe anual de la Defensora del Pueblo, que acaba de presentarse ante la presidenta del Congreso y su homónimo del Senado, resalta que en sanidad se llevaron a cabo un total de 1.229 consultas en materia sanitaria, un 16 por ciento menos que las llevadas a cabo el año anterior. Pese a asegurar que en términos generales el ritmo de respuesta de las administraciones es aceptable aunque ligeramente superior, sí resalta que ha ascendido hasta el 33 por ciento el número de investigaciones en las que ha sido necesario formular un primer requerimiento de respuesta tras la petición de información previa. 

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Así, en un 8 por ciento de las actuaciones fue necesario además emitir un segundo requerimiento, y en tres de ellos se hizo incluso un tercero, aunque todos fueron finalmente atendidos antes de acabar el año. 

Según señala la institución que dirige Soledad Becerril, se gestionaron 512 quejas individuales en materia sanitaria, en las que en 42 ocasiones la institución actuó de oficio. Estas actuaciones vinculadas a la salud se han referido principalmente a la atención especializada -30,83 por ciento-, atención farmacéutica y medicamentos -10,53 por ciento-, salud pública y seguridad de los pacientes, ambas por encima del 9 por ciento.

Además, dos cuestiones como la enfermedad celiaca y la protección social de los enfermos oncológicos han tenido además implicación con otras administraciones y serán objeto de sendos estudios monográficos. Respecto a esto último, la institución asegura que "trabaja para mejorar su protección social y laboral en un momento en que las perspectivas científicas indican que la realidad de la lucha contra esta enfermedad va a experimentar grandes cambios". 

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Dos de cada tres actuaciones se admitieron a trámite, especialmente sobre atención especializada y listas de espera

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Alta admisión

Respecto al número de admisiones, destaca que 2 de cada 3 actuaciones se admitieron a trámite, especialmente en referencia a problemas con las listas de espera en atención especializada. Por el contrario, más del 53 por ciento de las no admisiones lo han sido por no apreciarse indicios de actuación irregular por parte de la Administración. 

En total, el volumen de actuaciones ha supuesto la emisión de 23 resoluciones, con 18 recomendaciones y 5 sugerencias. Según el informe, en casi la mitad de los casos la investigación finalizó "apreciando una actuación correcta de la Administración responsable. En un 26,5 por ciento de los expedientes se logró un cambio, total o parcial, en la posición de la Administración. En 13 casos, la mayoría de ellos referidos al copago y financiación públicas de medicamentos, los expedientes se cerraron con diferencia de criterios entre esta institución y los organismos implicados", destaca. 

Dos procesos en el aire

Además, menciona dos casos de supuestas irregularidades en los procesos internos de elección de juntas directivas en los colegios profesionales de enfermería de la Comunidad de Madrid, suspendido por estar dirimiéndose en procedimiento judicial, y de Asturias, que al cierre del ejercicio seguía sin respuesta. 

Entre las actuaciones sanitarias refleja la petición de un duplicado de tarjetas sanitarias para los hijos menores de padres separados, reducir el tiempo de espera para las reconstrucciones de seno en mujeres sometidas a mastectomías -ha iniciado una actuación de oficio ante todos los servicios de salud por la demora en la realización de implantes de prótesis-, unificación de criterios para el acceso a sanidad de inmigrantes sin autorización de residencia y para el calendario vacunal por la inclusión del neumococo, y recomendaciones para atajar la lista de espera, entre otras. 

Además, ha continuado las actuaciones con el Ministerio de Sanidad y las Administraciones Autonómicas sobre la implantación de la receta electrónica y su compatibilidad (interoperabilidad) en todo el Sistema Nacional de Salud. Este proceso, de cumplirse los plazos, debería estar prácticamente completado en 2017.