Ciudad Real Digital: La Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública denuncia que el Gobierno tiene la intención de fragmentar los centros sanitarios públicos en microempresas dotadas de entidad jurídica propia (lo que les confiere autonomía para administrar su personal y su presupuesto), gestionadas mediante las diferentes fórmulas empresariales de la Ley 15/1997 y con capacidad para apropiarse de los beneficios generados por la venta de sus servicios a otras Unidades o Centros Sanitarios.

Así se fomenta el desorden asistencial y la creación de un mercado interno dentro del sistema sanitario.

Se daría entrada al sector privado (farmaindustria, multinacionales sanitarias, fondos de capital-riesgo, etc...) a cambio de aportar recursos y capitalización. El sector privado podría controlar la elaboración de las estrategias y decisiones clínicas dirigidas a los procesos asistenciales más prevalentes y/o de mejor relación coste-beneficio, lo que le proporcionaría incalculables beneficios económicos financiados con fondos públicos.

Por otro lado esta estrategia pretende también pasar la responsabilidad de la prestación sanitaria a una maraña de empresas interpuestas que en época de recortes gestionaran la escasez y servirán de dique para las protestas.

Bajo la apariencia de un término que parece inofensivo, se pretende introducir este concepto que es de manera  encubierta, una privatización de los servicios hospitalarios y de los centros de Salud, que pretende convertirlos en empresas "autónomas",- lo que nuevamente suena muy bien-  abiertas al capital empresarial personal, rompiendo la unidad de los centros, introduciendo el mercado, los beneficios, los incentivos económicos puros y duros, y la precariedad laboral  de los profesionales derivada de la su imprescindible laboralización y renuncia al estatuto vigente, entre otras muy perversas consecuencias.

Estamos realmente ante lo que se podría llamar un proyecto de “Gestión Clínica SA”.

Para alcanzar estos objetivos el Ministerio de Sanidad ha adoptado dos medidas:

1.  De manera oculta y solapada, aprovechando la elaboración de la Ley 10/2013 destinada a regular temas relacionados con la farmacovigilancia, ha introducido en su disposición final quinta, la creación de Áreas de Gestión Clínica (AGC), con su personal regulado por el régimen laboral de las empresas privadas.

Esta medida elimina el régimen estatutario de los trabajadores de la sanidad pública, que perderán estabilidad y derechos laborales y quedarán sometidos al control empresarial de gerentes y responsables de las unidades clínicas.

2.  El Gobierno ha firmado un acuerdo con el denominado Foro de la Profesión, formado por algunas organizaciones conservadoras, muy alejadas de la gran mayoría de los colectivos sanitarios y sindicales que, a cambio de algunas prebendas, han dado su apoyo a la laboralización del personal de las Unidades de Gestión Clínica, lo que supone un respaldo a la política privatizadora del gobierno y divide al colectivo sanitario.

Así, “se promoverá un marco jurídico específico del profesional médico en el Sistema Nacional de Salud y un modelo retributivo voluntario vinculado a la gestión clínica que favorezca los principios de excelencia profesional y de gobernanza del sistema sanitario público”.

El acuerdo vincula estos cambios a la Creación de Unidades de Gestión Clínica. Como consecuencia el personal integrado de estas unidades no podrá mantener las garantías del Estatuto Marco y deberá laboralizarse para trabajar en las mismas, paso necesario para que las Unidades de Gestión Clínica se constituyan en empresas autónomas con personalidad jurídica propia, acogidas al modelo empresarial

Consecuencias previsibles

1.  Desregulación y privatización del sistema sanitario, que se fragmentará en múltiples empresas, en las que entraría el capital privado y de grupos empresariales, que podrán influir de manera directa en las decisiones sobre: qué hacer, cómo, quién y con qué, en la política sanitaria y en los procesos y procedimientos asistenciales más interesantes económicamente

2.  Las decisiones clínicas de los profesionales sanitarios se someterán a las políticas empresariales. La laboralización del personal otorgará un gran poder de control a las gerencias para influir en la libertad de decisión que hasta ahora garantiza el Estatuto del Personal

3.  Pérdida y deterioro de los derechos de los trabajadores sanitarios, que para integrase en las Unidades de Gestión Clínica deberán renunciar a las garantías del Estatuto del Personal (estabilidad, seguridad y libertad de decisión). Los que no lo hagan, quedarán marginados dentro de los centros, sin acceso a las innovaciones y nuevos recursos.

4.  Desaparición del modelo actual de Atención Primaria, cuya actividad quedará sometida a los intereses empresariales de la nuevas unidades, con la función de realizar el cribado de pacientes y patologías atendiendo a criterios de rentabilidad (selección adversa).

5.  Aumento del gasto sanitario innecesario, ya que las unidades deberán dotarse de un aparato burocrático administrativo para gestionar los recursos como empresas autónomas (gestión del personal, facturación de servicios, etc.). Además, el sector privado buscará maximizar beneficios promoviendo el uso intensivo de las tecnologías.

6.  Pérdida de calidad, seguridad y de acceso a los servicios de la ciudadanía, especialmente de los pacientes aquejados de patologías no rentables económicamente para las nuevas Unidades Clínicas (selección de riesgos), las cuales podrán apropiarse de los beneficios económicos que generen.  

Quienes ganan

Empresarios, laboratorios, fondos de inversión, aseguradoras, consultoras, profesionales con capacidad de influencia, personajes vinculados a la actual administración que participen en la llamada "puerta giratoria", el clan de gestores interesados en ampliar el modelo empresarial y la burocracia .  

Quienes pierden

Los ciudadanos, dado que la atención sanitaria quedará sometida a los intereses empresariales de las Unidades de Gestión; profesionales y trabajadores sanitarios, que perderán estabilidad, seguridad y libertad de decisión; el sistema sanitario público, que además de fraccionado, será ingobernable, más costoso y provocará más desigualdad; la Atención Primaria, que en un contexto de debilidad, quedará relegada a portera de las Unidades de Gestión para seleccionar pacientes y procesos.