EL PAÍS: La sanidad pública madrileña adjudica a dedo el 99,7% de sus contratos. En 2016, la Consejería de Sanidad firmó 486.562 contratos (por 1.402 millones de euros), de los que solo 1.443 pasaron por una licitación pública; los otros 485.119 (el 99,7%) fueron contratos menores (sin publicidad ni concurso) por 698 millones. Tras analizar estos datos, la plataforma Audita Sanidad ha presentado este martes una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y fraude. El presidente en funciones, Pedro Rollán, ha reconocido el “número importante” de contratos menores y ha dicho que desea reducirlos.

Los contratos menores son adjudicaciones de cuantía limitada (hasta 21.000 euros con IVA) pensados para solucionar problemas de la Administración en situaciones de urgencia en las que no es posible convocar un concurso público, o bien para pequeños gastos. La Consejería de Sanidad comenzó a publicar este tipo de convenios a partir de mediados de 2015, como exige la ley de transparencia, en la web del Perfil de la Contratación Pública.

La plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad (Audita Sanidad) ha estudiado en profundidad algo más de un millón de contratos realizados por este departamento en 2016 y 2017 y los datos hablan por sí solos: el 99,7% de las adjudicaciones de ambos años se realizaron por este procedimiento, suponiendo cerca del 50% del gasto de los contratos totales en ambos ejercicios. De hecho, en 2017 se realizaron 571.726 contratos por 1.414,5 millones de euros, de los que 570.031 fueron menores hasta los 772,4 millones de euros.

“Es un tema que nos parece escandaloso. Una cosa es que la ley prevea que existan los contratos menores, pero nosotros vemos un claro abuso de esta figura e indicio de fraccionamiento de contratos”, señala Cathy Boirac, de la plataforma denunciante. Por eso, la plataforma ha presentado este martes una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y el Tribunal de Cuentas.

Hace unos días, la Cámara de Cuentas emitió un informe que alertaba del fraccionamiento irregular de contratos en el Presupuesto de la Comunidad de Madrid de 2017, y señalaba que el 94% de ellos pertenecían al Servicio Madrileño de Salud (Sermas). El análisis de Audita Sanidad va más allá y fiscaliza las partidas que han ido a parar a diferentes empresas. “El espíritu de la ley es que se favorezca a las pequeñas empresas, pero de las 3.441 empresas adjudicatarias de contratos menores en 2016, las 20 primeras son grandes multinacionales médicas y farmacéuticas que reciben el 30,2% de los contratos y el 45,5% del importe total”, añade Boirac.

Así, la empresa que más dinero obtuvo por este procedimiento en 2016 fue una multinacional, que logró 2.953 contratos a dedo por más de 28,3 millones de euros. Ese año, otra gran empresa alcanzó los 21.136 contratos por 16,7 millones de euros. Mientras, en 2017 la compañía más beneficiada por este sistema consiguió 18.995 contratos por un montante de 42,7 millones de euros.

La denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción recuerda que la Ley de Contratos del Sector Público señala que “no podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan”. Para los denunciantes, eso ocurre en muchos de los documentos analizados: “la mayoría de dichos contratos menores se han realizado mediante un abuso de la naturaleza de los mismos”.

El Servicio Madrileño de Salud, responsable último

En cuanto a los hospitales públicos de la Comunidad, Audita Sanidad explica que el Hospital Central de la Cruz Roja realizó 98.658 contratos menores en 2016, el Hospital Rodríguez Lafora firmó 58.262, mientras que el Infanta Cristina hizo 42.439. En 2017, los tres centros que adjudicaron más dinero con este tipo de partidas fueron el Clínico San Carlos (90.071), el Gregorio Marañón (74.973) y el Ramón y Cajal (44.565). “La contratación la hacen las direcciones de los hospitales, pero el responsable último es el Servicio Madrileño de Salud, por eso nuestra denuncia va contra la cúpula de la Consejería de Sanidad”, dice Boirac.

Un portavoz de la Consejería de Sanidad ha respondido este martes que el porcentaje de contratos menores no supone nada. “Los contratos menores son más o menos el 10% del presupuesto de la consejería”, señaló. “Este tipo de contratos son perfectamente legales. Se suelen hacer porque la actividad sanitaria requiere comprar determinadas cosas que por distintas problemáticas no se pueden aplazar”. En cuanto a la denuncia, la valorarán cuando se la remitan.

Por su parte, el presidente en funciones de la Comunidad, Pedro Rollán, ha justificado este martes el “número importante” de contratos menores que firma la Consejería de Sanidad para “garantizar la sanidad asistencial a los pacientes” aunque, en cualquier caso, su Ejecutivo tiene el deseo de reducirlos. Según el presidente en funciones, este tipo de contratos se usan para comprar medicamentos y que este proceso “no esté supeditado a largos y tediosos procedimientos” que supondría un contrato ordinario que salga a la luz pública y pujen varias empresas. “Los contratos menores están dentro del marco de la ley y se están estableciendo mecanismos para que se pueda reducir a ese número importante de contratos. Pero en primer lugar está garantizar la sanidad asistencial de los pacientes y si para ello es necesario un contrato menor, se lleva a cabo”, ha dicho.