EL PAÍS: Madrid, la comunidad que más ha alzado la voz contra las deficiencias de gestión del coronavirus, exhibe unos marcadores sanitarios mermados por años de recortes, privatizaciones y falta de planificación. Un dato rotundo —el gasto sanitario por habitante, que es el segundo más bajo de España— ilustra bien la escasa prioridad otorgada durante años a esta política. Aunque la pandemia ha desbordado a muchos sistemas sanitarios en España, la falta de recursos en la atención primaria y la precariedad laboral de buena parte del personal sitúan a Madrid en una situación debilitada. La Comunidad opone que el presupuesto actual, de 8.109 millones anuales, “es el más alto de la historia desde el traspaso de las competencias sanitarias”.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha arremetido estos días contra el Gobierno de Pedro Sánchez por la respuesta a la crisis. Pero la gestión sanitaria —incluida la salud pública— es terreno exclusivo de las comunidades. “La función del Gobierno central es de coordinación. Desplegar el dispositivo de vigilancia y respuesta epidemiológica, disponer de equipos personales de protección, comprar respiradores, reorganizar hospitales… todo eso es responsabilidad de la Comunidad”, detalla Félix Lobo, profesor emérito de la Universidad Carlos III de Madrid, especializado en evaluación sanitaria.

Todos los expertos consultados ensalzan la respuesta del personal sanitario como una de las claves para contener la presión actual. Se trata de un colectivo con salarios moderados (Madrid dedica el 44,6% de su gasto sanitario a remuneración del personal, uno de los porcentajes más bajos de España) y afectado por la temporalidad. La situación se agrava en el primer escalón del sistema, la atención primaria. Madrid dispone de media de un médico por cada 1.500 habitantes, lo que la convierte en la segunda comunidad peor dotada tras Baleares.

Algunos de estos datos admiten matices. Julián Ezquerra, secretario general del sindicato de médicos Amyts, señala que el indicador de gasto por habitante (1.274 euros en 2018, solo superado a la baja por Andalucía) suele penalizar a los territorios con poblaciones más concentradas frente a aquellos cuyos habitantes están dispersos. Aun así, este profesional defiende que se necesitan más recursos. “Pero subir el gasto para igualarlo a la media supondría un incremento presupuestario incompatible con el modelo económico y fiscal de la Comunidad de Madrid. Es un asunto muy político”, explica.

También el Gobierno regional cuestiona el criterio de gasto por habitante. Respecto a las contrataciones, argumenta que no han dejado de crecer —aunque menos que la población— y promete que las 10.000 incorporaciones realizadas en plena pandemia “se mantendrán siempre que sea necesario según la presión asistencial y de la evolución epidemiológica”, señala un portavoz.

En esa contienda política para reforzar el sistema está inmerso José Manuel Freire, diputado socialista en la Asamblea de Madrid y profesor de la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III. “Madrid tiene una buena sanidad en lo extraordinario. Pero falla en lo que afecta a la atención primaria y a las especialidades. Al final la sanidad privada actúa como válvula de escape de una sanidad pública que tiene las costuras reventadas”, reflexiona Freire, que sitúa en el año 2008, con Esperanza Aguirre en el poder, el cambio radical en la gestión sanitaria. Ese año, Aguirre tomó una decisión muy simbólica: eliminar de un plumazo la Dirección General de Salud Pública y el Instituto de Salud Pública.

Más allá de ese gesto, la presidenta quiso dejar su impronta con la construcción de hospitales bajo un sistema de colaboración público-privada que fue asignando cada vez más labores a las concesionarias. La designación al frente de Sanidad de Manuel Lamela, más tarde investigado en el caso Púnica, o Juan José Güemes, que pasó a una firma privada de laboratorios beneficiada por contratos públicos, fueron reflejo de algunos excesos.

José Ramón Repullo, también adscrito al Instituto Carlos III, recuerda que esos años de gestión permitieron “drenar personal” desde los centros públicos hacia los de fórmula mixta. “Ha habido demasiada interferencia política, mucho ánimo de lucro, no pocas ocurrencias y una muy débil adherencia al interés general”, sentencia Repullo, que ve “pésimas condiciones para afrontar la crisis de la covid-19”.

Prioridad: evitar que los enfermos lleguen al hospital

El hospital Gregorio Marañón, uno de los más reputados de Madrid, ha subsistido estos días gracias al material de protección que empresas y particulares han donado a los sanitarios. Así lo relata un enfermero que pide anonimato y que ha trabajado en una UCI improvisada con equipos a veces artesanales. A diferencia de la gestión de personal, que está centralizada, las compras de material dependen de cada hospital, lo que crea enormes diferencias entre ellos. Este profesional, que cobra 38 euros por cada noche trabajada en día no festivo, confía en que la crisis sirva al menos para que “los de arriba aprendan y no se produzcan más estas situaciones”. Pese al necesario refuerzo de los hospitales, el experto Félix Lobo alerta: lo mejor sería “que no tengan que llegar enfermos a los hospitales”. Para ello insta a “reforzar la atención primaria”.