La entrega de porciones de la sanidad pública al sector privado mediante concesión administrativa sigue ganando adeptos. Castilla-La Mancha será la tercera autonomía en sumarse a esta fórmula ocho meses después de la llegada del PP al gobierno regional.

Esta región sigue los pasos de la Comunidad Valenciana, la gran impulsora del modelo, donde ya hay un millón de personas (el 20% de la población) cuya asistencia sanitaria pública depende de empresas, en este caso Ribera Salud en alianza con distintas aseguradoras sanitarias. También Madrid cuenta con dos hospitales públicos gestionados por compañías privadas (Ribera Salud junto a Asisa y Capio) y tiene otros dos en construcción.

Ahora es el turno de Castilla-La Mancha. Fuentes oficiales del Gobierno regional indicaron este viernes a este diario que los centros de Villarrobledo, Almansa y Tomelloso (puestos en funcionamiento en 2007) y el de Manzanares (heredado del antiguo Insalud), se cederán al sector privado para su gestión bajo el mismo modelo.

En esencia, esta fórmula consiste en adjudicar a una empresa la construcción de un hospital público, concederle su gestión y asignarle los cuidados de su población de influencia (normalmente entre 100.000 y 200.000 personas de la red pública). A cambio de desentenderse de la atención de estas personas, la Administración paga a la concesionaria una cantidad fija (607 euros en 2010) por cada potencial paciente del área.

En Castilla-La Mancha habría que adaptar el modelo porque los centros ya están construidos. En principio, se contempla que la Administración que preside María Dolores de Cospedal ceda el control de toda la atención sanitaria, es decir, tanto los cuatro hospitales como sus centros de salud vinculados, “aunque los pliegos de condiciones no están cerrados aún y se podría cambiar de idea”, indican desde el Ejecutivo regional.

De optar por este formato, se aplicaría la variante más radical del modelo, la que se ha adoptado en la Comunidad Valenciana, que consiste en externalizar conjuntamente, además de los hospitales, también la atención primaria. Así funciona en Alzira, Torrevieja, Dénia, Manises y Elche. En Madrid (Valdemoro, Torrejón, Móstoles y Collado Villalba) la empresa adjudicataria solo se hace cargo de la gestión del hospital.

La presidenta de la comunidad autónoma, María Dolores de Cospedal, ya anunció el 2 de diciembre, en una segunda batería de recortes, que abriría la puerta a la empresa privada en los hospitales “inviables”. Entonces se habló de que se recurriría a alianzas público-privadas, pero no se definió cuál sería el modelo de gestión.

No fue hasta el jueves cuando la Junta de Castilla-La Mancha mostró sus intenciones abiertamente. Después de las protestas convocadas en algunas de las localidades afectadas (Villarrobledo, Tomelloso) y de la incertidumbre creciente entre la población de estos municipios, el gerente del Servicio de Salud de la región (Sescam), Luis Carretero convocó el jueves una rueda de prensa en el hospital de Villarrobledo donde admitió que su referente será Alzira. El calendario con el que trabaja este departamento fija que la transferencia de gestión de los cuatro hospitales tendrá lugar en verano.

Junto a estas medidas privatizadoras, la Junta también ha paralizado la construcción de los nuevos hospitales de Toledo, Guadalajara y Cuenca; así como la ampliación de centro de Albacete. Tras una polémica rescisión del contrato en el caso de Toledo, el Gobierno regional pretende fijar nuevas condiciones de construcción y gestión, aunque, en este caso, no ha querido trasladar si será bajo una filosofía pública o si optará (y en qué grado) por una fórmula privada.