EL PAÍS: “A mis 73 años, he vivido la mayor de las tragedias. Durante nueves meses he acompañado a mi hijo (de 50 años) a urgencias una vez cada mes y al especialista de tres en tres meses. Después, casi dos veces por semana con un dolor insoportable”. Así relata C. P, vecina de Huelva, el amargo periplo que comenzó con un diagnóstico de problemas de próstata y que, después de decenas de protestas para pedir pruebas complementarias, ha terminado siendo un cáncer de pulmón con metástasis. Otra vecina de Málaga lleva cuatro meses esperando análisis para confirmar un cáncer de útero. En la misma ciudad, a E. C, de 41 años, le caducó la prueba de la anestesia sin recibir en siete meses cita para operarle de un mioma y ni siquiera obtuvo respuesta a su reclamación oficial.

La lista de quejas que llegan a las asociaciones, sindicatos, partidos y medios de comunicación es interminable. Son los casos que han llevado a más de 100.000 andaluces a la calle para reclamar mejoras en la sanidad, que le han costado el puesto a cuatro altos cargos de la consejería andaluza y que trae de cabeza al Gobierno de Susana Díaz en el momento político más delicado de su carrera. Este martes se retoman las negociaciones para superar el conflicto sanitario.

“Que la falta de recursos no termine en malas prácticas sin tener en cuenta el dolor, los derechos y la dignidad de la personas”, afirma C. P. desde el hospital de Huelva. A escasos metros de donde se encuentra, un paciente tomó con su móvil una foto de roedores cerca de los accesos que ha recorrido las redes sociales.

El conflicto, del que Granada es solo la punta de lanza, surge por el deterioro en las prestaciones de un servicio básico, según los testimonios de los usuarios que se han movilizado. La causa, la reducción del presupuesto sanitario desde 2010 y las restricciones impuestas por el Gobierno central que, según Díaz, impidió reponer personal y obligó a un recorte de 7.000 millones en los fondos para sanidad, copagos, privatizaciones y  despidos. En medio, la disputa entre partidos, de la que se desmarcan las plataformas ciudadanas pese a que toda la oposición se ha acercado a las protestas para sacar rédito político. La presidenta esgrimió la pasada semana un comunicado del PP en la Diputación de Jaén en el que se explicaba a los ciudadanos cómo tienen que manifestarse.

Andalucía invierte casi el 30% de los fondos públicos en sanidad. Pero de los 9.739 millones gastados hace siete años se ha pasado a 8.751 el pasado ejercicio. En 2014 se tocó fondo con 8.210 millones. Como defiende Susana Díaz, este ajuste no se ha hecho a costa de despidos o privatizaciones. Pero se han reducido las jornadas del personal y los servicios prestados se han resentido. Los ciudadanos lo han percibido y la última encuesta de la Universidad de Granada refleja que, aunque el paro y los problemas económicos continúan siendo el principal problema para los andaluces, la educación y la sanidad superan a la corrupción en el índice de inquietudes personales.

La presidenta andaluza defiende que el sistema sanitario realiza 75 millones de actos médicos en 49 hospitales y 1.500 centros de salud públicos, por lo que las incidencias entran dentro de lo normal. Pero la realidad es que las plataformas de protesta, que comenzaron en Granada, se han extendido a todas las provincias. "Los ciudadanos tienen todos los días problemas en la atención que no son ocasionales", defiende Inmaculada Nieto, portavoz de IU en la comisión de Sanidad.

El origen de las mareas está en la capital granadina. Bajo la denominación de “fusión hospitalaria”, la Junta elaboró un plan para establecer servicios especializados dispersos por tres centros, pero con una única gestión. Los ciudadanos perciben que tendrán que recorrer la ciudad una y otra vez de hospital en hospital para completar las pruebas diagnósticas o los tratamientos. Y salen a la calle (hasta 40.000 personas en cada una de las tres manifestaciones) para reclamar hospitales completos: que cada centro cuente con todos los servicios y se distribuya la asistencia a la población según su residencia y no según sus patologías o terapias. "Hemos cometido errores o no lo hemos explicado bien", admite Susana Díaz.

El 13 de diciembre, la Junta y seis sindicatos firman un acuerdo para negociar “sobre la base de dos hospitales completos” que consigue reducir la asistencia a la protesta convocada durante el mitin de Susana Díaz y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en Jaén. Pero los representantes de los trabajadores no ven avances en dos meses y abandonan la negociación, ruptura que termina con la dimisión del viceconsejero andaluz de Salud, Martín Blanco, el gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), José Manuel Aranda, y la directora gerente del Complejo Hospitalario de Granada, Cristina López Espada, quien sustituyó a Manuel Bayona tras el comienzo del conflicto.

Pero la mecha está extendida y en todas las provincias se han organizado plataformas que no tienen que ver con el conflicto granadino. El próximo 19, la marea de Cádiz ha convocado manifestación por el "deterioro progresivo del sistema sanitario" y para reclamar una sanidad "pública, universal, equitativa y de calidad".

Díaz ha pedido que se tengan en cuenta los ceses para retomar el diálogo. Destaca que la Sanidad recuperará este año el nivel de inversión de 2011 con 9.237 millones y que los efectos se notarán en la recuperación de la calidad en los servicios. El consejero de Salud, Aquilino Alonso, afirma que respeta las movilizaciones y “seguirá negociando” para mejorar el sistema. Pero la oposición exige medidas concretas.

Una solicitud tarda más de 20 días en recorrer 20 metros

La Educación es la tercera preocupación de los andaluces y la oposición apunta a un nuevo frente tras las protestas sanitarias. “Nuestro sistema educativo es una olla a presión que puede estallar en cualquier momento”, afirma el presidente del PP, Juan Manuel Moreno.

E. W., de 17 años, trasladó su domicilio de Huelva a Sevilla en Navidad. El 10 de enero pidió el cambio de Instituto para seguir el curso de primero de Bachillerato. “Cuando se registra la solicitud, no nos llega de inmediato. Tarda unos días en llegar a Escolarización y ahora está ahí arriba, en la primera planta, pendiente de resolución. No sabemos cuánto tardará”, explicaba amablemente una funcionaria de la Delegación de Educación el pasado 1 de febrero mientras señalaba con la mano las oficinas por las que ha pasado la solicitud. Entre ellas, la distancia es de 20 metros. La adolescente ha perdido ya un mes del curso y aún hoy no tiene asignado un centro.

Una clase de un colegio bilingüe francés de Sevilla ha pasado el primer trimestre sin profesores que hablaran ese idioma y, al arrancar el curso, los alumnos tuvieron que aportar papel higiénico para el colegio. Raro es encontrar un centro donde los estudiantes no hayan tenido que donar folios para el funcionamiento interno del centro. Un profesor de Física de Bachillerato de Sevilla no encuentra fondos en el centro para un proyecto didáctico para la Semana de las Ciencias sobre el hidrógeno como combustible. El instituo Las Encinas de Valencina (Sevilla) ha tenido que reutilizar un edificio de 1934, donde se ha desprendido una viga en una clase, y carece de personal suficiente. Ante la falta de respuesta de la Administración, según los padres de alumnos, han convocado un paro este martes.