El Huffington Post, Carlos Barra Galán: El pasado 10 de marzo se presentó en el Círculo de Bellas Artes de Madrid la Declaración Institucional por la Universalidad de la Salud, que fue firmada por la práctica totalidad de fuerzas políticas de nuestro país con la excepción del Partido Popular y Ciudadanos; esta declaración surgida a iniciativa de Médicos del Mundo ha estado avalada por más de medio centenar de organizaciones sociales.

Los partidos políticos firmantes del documento (PSOE, IU, CiU, UPyD, BNG, Compromis, ERC, NC, Coalición Canaria, Geroa Bai, Amaiur, Equo y Podemos) asumen el compromiso de poner en marcha medidas legislativas, políticas y presupuestarias para restituir en nuestro modelo sanitario el principio de universalidad de la asistencia sanitaria quebrado por la política del Gobierno del Partido Popular mediante la promulgación del RD Ley 16/ 2012 que excluía del derecho a la asistencia sanitaria a casi un millón de personas residentes en nuestro país.

A este respecto, manifesté en su momento mi oposición a la política de exclusión que el citado Real Decreto-Ley ponía en marcha, y lógicamente no me ha producido ninguna sorpresa la ausencia del PP entre las fuerzas políticas firmantes; ha sido su Gobierno quien ha cometido los mayores atropellos en relación al derecho a la protección a la salud, practicando una política de exclusión que nos avergüenza a muchos. Incluso la defensora del pueblo, nada sospechosa de ser una izquierdista radical, ha pedido al Gobierno reintegre el derecho a la asistencia sanitaria a todas las personas que residen en nuestro país.

Sí es llamativa la ausencia de Ciudadanos entre las fuerzas políticas firmantes de la citada declaración; tratándose de un partido que se presenta como nuevo, parece que en relación al derecho a la salud adopta la postura vieja de la derecha neoliberal que no contempla el derecho a la salud y a la asistencia sanitaria como un derecho de la persona.

Expuesto lo anterior y al hilo de la declaración firmada, me parece oportuno efectuar una serie de puntualizaciones, algunas preguntas y una propuesta. Veamos.

El RD Ley 16/ 2012, al restaurar el concepto de asegurado para tener acceso a la asistencia sanitaria, choca en mi opinión con los principios establecidos en pactos y declaraciones internacionales tales como: Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Carta Social Europea; todos ellos establecen la salud y la asistencia sanitaria como derecho de toda persona.

Nuestra constitución coloca el derecho a la protección de la salud -artículo 43, en su Título I: De los Derechos y Deberes Fundamentales-, y no parece que el Real Decreto-Ley desprenda concordancia alguna con el Título Constitucional.

La ley 14/ 1986 General de Sanidad establece en su artículo 1.2 que son titulares del derecho a la protección de la salud todos los españoles y ciudadanos extranjeros que residan en España; el Real Decreto-Ley deroga de facto este artículo al negar el derecho a la asistencia sanitaria a casi un millón de inmigrantes irregulares que residen desde hace años en nuestro país, e incluso están empadronados en diversos municipios de la geografía española.

A pesar de todo lo expuesto en los apartados anteriores, del rechazo frontal de toda la oposición política y de las masivas movilizaciones ciudadanas contra la política sanitaria del Gobierno del PP, la realidad es que ha bastado la mayoría absoluta de un Gobierno sustentado por un partido neoliberal para quebrar un principio esencial de nuestro sistema sanitario público, su carácter de universalidad.

Llegados a este punto, conocida la política sanitaria del Gobierno Rajoy, así como el compromiso suscrito en la declaración por la práctica totalidad de las restantes fuerzas políticas -y asumiendo de entrada que las medidas presupuestarias serían relativamente fáciles de asumir, pues dependen de la voluntad política de priorizar el gasto social en los presupuestos-, creo oportuno efectuar alguna pregunta para la reflexión:

¿Cómo podríamos blindar el derecho a la protección de la salud y la asistencia sanitaria para todas las personas residentes en nuestro país, frente a quienes desde el poder político pretendan eliminarlo? ¿Qué cambios en nuestro ordenamiento jurídico habría que realizar para asegurar el ejercicio de este derecho a todas y cada una de las personas residentes en España?

Desde la experiencia que hemos tenido los españoles, y sin menoscabo de la existencia de cualesquiera otras medidas legislativas que adoptar, en mi opinión sería la transposición del actual artículo 43 de nuestra Constitución (protección de la salud) incluido en el capítulo tercero del Título I, a la sección primera del capítulo II, De los derechos fundamentales y libertades públicas, lo que garantizaría plenamente el derecho a la salud y la asistencia sanitaria como derecho de las personas. Esta transposición colocaría el derecho a la protección de la salud y la asistencia sanitaria al mismo nivel de protección, por ejemplo, que el derecho a la educación, el derecho de reunión, libertad de residencia y circulación, libertad de expresión.... Este cambio constitucional supondría que cualquier ciudadano que se sintiese agredido en el ejercicio del derecho podría recurrir ante los tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad, y en su caso, a través de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Convertir el derecho a la protección de la salud en un derecho fundamental amparable debe ser un objetivo de la sociedad española que ha manifestado reiteradamente que la salud y su protección es una de sus máximas prioridades.

Para concluir, quiero comentar que ayer tuve conocimento de las declaraciones realizadas por el ministro de Sanidad, Sr. Alonso, indicando que se va a devolver el derecho a la asistencia sanitaria en Atención Primaria a los inmigrantes irregulares; esto supone un anuncio con un tufo electoral tan grosero que produce indignación.

Los españoles conocen bien la política sanitaria del PP, y estoy seguro que en las próximas elecciones generales votarán de manera responsable e impedirán que puedan gobernar quienes se han dedicado a cercenar el derecho a la protección de la salud y la asistencia sanitaria. Así sea.