EL PAÍS: La reforma de las bajas laborales, que ha provocado críticas por parte de algunas comunidades autónomas y de profesionales médicos, se ha pospuesto en la mayoría de comunidades autónomas por las dificultades que estas estaban teniendo para adaptarse a los cambios. El real decreto, aprobado en julio de 2014, fijaba la entrada en vigor para el 1 de diciembre, pero el Instituto Nacional de la Seguridad Social ha aprobado una ampliación de plazo de entre dos y seis meses, conforme a lo que las autonomías han pedido. La principal causa del retraso es la dificultad para adaptarse al nuevo sistema informático, que permitirá a médicos de cabecera, de urgencia y especialistas emitir bajas, altas y partes de confirmación.
Algunos de los portavoces de las consejerías de sanidad han trasladado su malestar porque en las reuniones con el INSS no ha acudido el subdirector de la institución, Luis Sánchez Galán, impulsor de la reforma: "Podríamos pensar que pone el sistema de patas arriba y luego no aparece en las reuniones", ha afirmado uno de los portavoces.
Un portavoz del Ministerio de Empleo niega que esta concesión se trate de una moratoria, sino que la define más bien como "una flexibilización de la puesta en práctica del sistema". "Hablar de moratoria sería como reconocer que existe un retraso generalizado", sostiene. El portavoz niega las críticas que las comunidades hicieron a finales de noviembre sobre la posibilidad de que el nuevo sistema no erradique el papeleo en el sistema de gestión de las bajas: "Sostenemos que la burocracia se ha reducido", afirma.
Con respecto a la falta de consenso, argumento que esgrimen algunas consejerías de sanidad y sociedades médicas, el portavoz afirma que "hubo bastante debate": "Este decreto se aprobó en 2014, ha habido bastante tiempo para hablar de los posibles problemas que podría haber", añade. Asimismo afirma que los portavoces autonómicos que critican en este sentido son los que representan a gabinetes que se formaron tras las elecciones autonómicas de mayo, y que por tanto han podido sentirse menos informados.
EL PAÍS ha consultado a las distintas consejerías de Sanidad. De las 17 comunidades, 14 han respondido y 11 de ellas han solicitado una moratoria. Estos son los aplazamientos que las comunidades han solicitado y que se les ha autorizado:
Andalucía: Junio de 2016
Castilla-La Mancha: Abril de 2016
Extremadura: Finales de marzo de 2016
Región de Murcia: Febrero de 2016
Aragón: Abril de 2016
Asturias: Segundo trimestre de 2016
La Rioja: Marzo de 2016
Comunidad Valenciana: Febrero de 2016
Islas Baleares: Finales de marzo de 2016
Islas Canarias: Junio de 2016
Cataluña y Navarra, como ya adelantó este diario, y finalmente también Galicia, no han solicitado una moratoria. Los departamentos de sanidad de Castilla y León, Cantabria, Comunidad de Madrid y País Vasco no han contestado.