La privatización, cuestionada
6 Enero, 2014 - 11:05 | 
AAS
EL PAÍS: Descoordinación en las derivaciones de los hospitales públicos a los privados, distintos precios por las mismas pruebas, subcontrataciones sin justificación... La Cámara de Cuentas recopila ejemplos de este calado en las más de 130 páginas del informe sobre el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) en 2011. Días antes de un fallo judicial decisivo para los planes de privatización sanitaria de Ignacio González (PP), este organismo emite su diagnóstico sobre cómo los hospitales de la red pública madrileña subcontrataron ese ejercicio con entidades privadas todo tipo de servicios. Y su conclusión es demoledora: encuentra numerosas irregularidades, entre ellas el desconocimiento del Sermas de muchas transacciones que obligatoriamente debían pasar por su control. El deber de supervisión y de gestión de este ente, que se dirige desde la Consejería de Sanidad, queda en entredicho: los hospitales de gestión privada, la misma que ahora González quiere imponer en otros seis centros, subcontrataron sin su conocimiento. Esto es, escaparon a su control.
El informe de la Cámara de Cuentas fiscaliza los convenios y conciertos suscritos por seis hospitales públicos con entidades privadas a las que enviaron a sus pacientes para servicios de hemodiálisis, resonancias magnéticas y otros diagnósticos por imagen, como ecografías. Los auditores preguntaron a los hospitales por qué utilizaron “medios ajenos” en lugar de usar sus propios equipos y personal. Alegaron “insuficiencia de medios propios”, pero el informe señala que los hospitales envían a los pacientes a la privada sin saber siquiera si otros centros de la red pública tendrían medios para atenderles. El Sermas no tiene ningún sistema para saber si, cuando un hospital está desbordado, se puede mandar a los pacientes a otros, en lugar de enviarles por defecto a las clínicas privadas, según señala el informe.
“Sería bueno que la derivación se hiciera prioritariamente a otros hospitales que pudieran dar satisfacción a esas demandas antes de ser utilizados los medios ajenos”, asegura la Cámara de Cuentas. Así pues, además del “vacío contractual” que detecta el informe en muchas de esas subcontrataciones, algunas vinculadas a papeles firmados en 1977 que por ley ya no están vigentes, los auditores vienen a decir que algunas de las derivaciones ni siquiera serían necesarias, puesto que otros hospitales podrían tener capacidad para absorber más pacientes.
El informe no solo constata que se deriva por defecto a la privada, sino que los hospitales han estado pagando distintos precios por las mismas pruebas. Un ejemplo. La investigación de los auditores encontró diferencias del 22,45% en los precios que pagan los hospitales públicos por mandar a la privada las resonancias magnéticas. En unos casos se pagaron a 98 euros; en otros, a 120. Incluso se comprobó que la misma clínica privada cobraba precios diferentes a los hospitales públicos que le mandaban pacientes. Eso sí, es legal. Los precios, dice el informe, “son diferentes y pueden serlo” porque “están dentro de los máximos establecidos como tarifas máximas en la convocatoria del contrato marco 2/04 Madroño”.
Las diferencias se agrandan con otras pruebas diagnósticas. Por ejemplo, las ecografías y las mamografías bilaterales. La Cámara de Cuentas recoge el caso de una clínica que cobra 36,1 euros por una ecografía de tiroides, y otra, 22. La tarifa sube nada menos que el 64% según con quién se concierte la prueba. Se trata de un caso muy concreto, pero si se analiza globalmente, las ecografías varían entre los 22 y los 32 euros. Es decir, un 45%.
Aprovechamiento dispar de los recursos en cada hospital
El minucioso estudio de la Cámara de Cuentas también se ocupa de comprobar qué aprovechamiento hacen los hospitales de sus recursos propios, lo que desvela diferencias llamativas entre el uso que dan a sus aparatos. Si un centro usa más intensivamente sus medios propios, se ve obligado a derivar menos a la privada. El informe estudia, por ejemplo, las resonancias. El hospital Clínico hizo en 2011 algo más de 7.000 resonancias por aparato (tiene tres, según sus memorias) y solo tuvo que concertar con privados el 27% de las pruebas. En cambio, La Paz hizo ese mismo año 4.530 resonancias por cada uno de sus tres aparatos, y derivó más de la mitad de las pruebas (51%). Más allá de las diferencias, el informe también señala que los seis hospitales de gestión pública fiscalizados redujeron las pruebas hechas con medios ajenos en un 2,17% entre 2010 y 2011.
En el hospital de Valdemoro, el de Torrejón y la Fundación Jiménez Díaz, los tres de gestión privada, los auditores encontraron el mismo problema: habían subcontratado servicios sanitarios sin autorización. El hospital de Valdemoro, gestionado por IDC Salud (empresa antes llamada Capio), externalizó interrupciones voluntarias del embarazo, consultas de psiquiatría, servicios de anestesia, cirugía pediátrica, matronas, guardias de urgencia y UCI…
Entre los subcontratistas no había únicamente otras clínicas, sino también personas físicas con la que se establecía una relación mercantil; es decir, se contrataba a autónomos para días sueltos en lugar de tener personal laboral propio. El hospital comunicó a la Cámara, según consta en el informe, que había dejado de hacerlo y que en 2013 “únicamente continúan como mercantiles un profesional de cirugía general y digestivo, otro de ginecología (ambos solo realizan guardias en situaciones puntuales), la cirugía pediátrica y seis matronas. El hospital de Torrejón, originalmente de Ribera Salud, que se lo vendió un año después de inaugurarse a Sanitas, también hizo este tipo de contrataciones. En el informe figuran dos pagos de 500 euros a dos personas físicas en 2011.