infoLibre: Explosión en el sector de la medicina privada. La patronal hospitalaria, la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), ha encargado "un dictamen jurídico sobre la responsabilidad patrimonial del Estado tanto por la atención de pacientes de covid-19 como por la puesta a disposición de recursos asistenciales ante el mando único y las comunidades autónomas". Los hospitales reclaman al Ejecutivo compensación económica y advierten de que están dispuestos a llegar a medidas legales.

En una durísima comunicación, ASPE acusa al Gobierno de "abandonar" a la sanidad privada tras intervenirla a raíz de la declaración del estado de alarma. "El sector, muy afectado por la crisis sanitaria y con multitud de cierres y concursos de empresas, se enfrenta a una situación límite tres meses después de solicitar ayudas a los ministerios de Sanidad, Industria y Hacienda. Tras sucesivos compromisos de amparo con medidas financieras y fiscales, el sector se considera abandonado por el Estado y sin consideración en el fondo autonómico", señala ASPE. La patronal hospitalaria ya advirtió a primeros de abril de su difícil situación. Incluso planteó, como publicó infoLibre, que el Gobierno hiciese pagar a las aseguradoras, menos erosionadas por la crisis.

Hay más de 460 hospitales hospitales privados en España. La facturación del sector supera los 6.400 millones de euros al año, según el último informe de la fundación IDIS. Los 13 principales agentes, aquellos que facturaron en 2018 más de 100 millones, concentran el 42% de los hospitales y el 56% de las camas. El líder es Quirón, con una facturación de 2.800 millones. Los siguientes son Vithas, Ribera Salud, HLA-Asisa, HM, Hospiten, Sanitas, Clínica Universitaria de Navarra, Viamed, Pascual y Juaneda, con datos de IDIS de los ejercicios 2016, 2017 y 2018. ASPE agrupa a más de 1.300 entidades sanitarias y representa a más del 80% de los centros hospitalarios privados.

Según ASPE, "para afrontar la crisis el 89% de los hospitales contrataron personal, aumentaron hasta un 71% las compras de material e invirtieron en la adaptación de instalaciones como la creación de UCI adicionales en las zonas de mayor contagio". El sector se muestra "enormemente preocupado ante el riesgo de quiebra asistencial y financiera y denuncia el abandono del Gobierno actual a un sector que da trabajo a 266.000 personas y representa el 3,4% del PIB", según su comunicado.

Según los datos de ASPE, 124 hospitales privados estudiados para un informe también presentado este jueves asumieron el 16% de los pacientes diagnosticados de covid-19 (19.289) y el 14% de los ingresos en UCI (1.536). "En actividad, todas las áreas asistenciales se han visto afectadas de forma significativa: concretamente las intervenciones quirúrgicas descendieron un 83%, las pruebas diagnósticas un 79% y las urgencias un 73%, las consultas un 67%, los ingresos hospitalarios un 58%, las determinaciones de laboratorio un 57% y los ingresos UCI un 52%", añade la patronal.

Salvador Illa

ASPE asegura que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, "comprometió a principios de junio en una reunión con el presidente de ASPE, Carlos Rus, una respuesta en 10 días" a las medidas específicas para aliviar la situación, entre ellas beneficios fiscales y compensaciones económicas. "En ese mismo encuentro, el sector solicitó ser considerado de forma previa en los criterios de reparto que fijaría el real decreto del fondo autonómico sanitario de 9.000 millones de euros", añade ASPE.

Lo que detona la reacción de la patronal es el real decreto de 16 de junio que regula la creación del llamado "Fondo covid-19". "Se ha constatado la ausencia de avances y la única vía de liquidez proviene de la facultad de los gobiernos regionales de facilitar ayudas al sector", señala. Y ahí, según ASPE, el caudal está casi seco. "Salvo el acuerdo de compensación ya alcanzado con la Generalitat de Cataluña por cada paciente y recurso empleado, en la actualidad no existen otras resoluciones convenidas con el resto de gobiernos autonómicos en los que se han solicitado contrapartidas", señala, aunque hay negociaciones en Madrid, Murcia, Canarias, Galicia, Andalucía, País Vasco, Castilla y León, Baleares, La Rioja, Navarra y la Comunidad Valenciana.