PÚBLICO: Miles de personas se han manifestado este domingo en una nueva Marea Blanca para pedir la dimisión de la ministra de Sanidad, Ana Mato, y del consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Rodríguez, por su gestión ante el primer caso de ébola en España.

La manifestación ha sido convocada por la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (MEDSAP) y ha comenzado a las 12 horas en el Colegio de Médicos de Madrid, yendo hasta el Ministerio de Sanidad. Previamente se ha realizado un abrazo simbólico a la fuente de Atocha para apoyar al sector de la salud mental.

"No a los recortes y privatizaciones. Sí a la sanidad y servicios públicos" o "La sanidad no se vende...se defiende" han sido otras de las pancartas que han presidido la manifestación, que ha discurrido desde la calle de Santa Isabel hasta el Ministerio de Sanidad. Los participantes en la protesta, convocada como cada tercer domingo de mes por la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid-Marea Blanca, han expresado su apoyo a la auxiliar de enfermería infectada por el virus del ébola, Teresa Romero, que evoluciona favorablemente en el Hospital Carlos III.

Durante el recorrido, se han coreado consignas y se han exhibido carteles de solidaridad con Teresa Romero, en contra de los recortes y privatizaciones, en defensa de la sanidad pública y para pedir la dimisión de la ministra y el consejero. La marcha, a la que se ha sumado José Ramón, el hermano de la paciente, ha estado encabezada por una pancarta en la que se podía leer "Exigimos que las autoridades sanitarias respeten a los profesionales. Todos con Teresa".

José Ramón, hermano de Teresa Romero, la auxiliar de enfermería infectada de ébola, entre los participanes en la manifestación de la Marea Blanca. EFE

Un médico de atención primaria, que se ha unido a la marcha con su bata blanca, José María Arrea, ha tachado de "irresponsable" y "desastrosa" la gestión de la repatriación de enfermos infectados con el virus del ébola "poniendo en peligro a la población cuando habían desmantelado el Hospital Carlos III".

La secretaria autonómica del sindicato SAE de técnicos de enfermería en Madrid, Elvira González Santos, ha lamentado el comportamiento de los responsables políticos ante todo lo que ha pasado con el ébola en España, al tiempo que les ha instado a tener en cuenta a los profesionales y no "echar por tierra" la sanidad pública. González Santos se ha congratulado de que ahora se estén corrigiendo errores, pero ha pedido responsabilidades a la ministra y al consejero de Sanidad, ya que, a su juicio, la gestión de Ana Mato se ha caracterizado por su ausencia y Javier Rodríguez ha tardado tanto en rectificar que su disculpa pareció "un lavado de imagen".

Por su parte, Ana Garro, del sindicato independiente de auxiliares de enfermería de Madrid, SIAE, ha subrayado que su organización lleva reclamando desde el mes de abril al Gobierno regional y a los responsables políticos que den "una información clara", pero "no nos han hecho nada de caso". Garro ha calificado de "nefasta" la gestión de la crisis del ébola en España, "tanto en información como en formación", antes de señalar: "A toro pasado, reculamos, pero esto se podría haber evitado".

El portavoz socialista en materia sanitaria en la Asamblea de Madrid, José Manuel Freire, ha estado presente en el acto donde ha aprovechado para expresar que "las personas que no pueden seguir siendo responsables de la sanidad, - en España, la ministra; en Madrid, el consejero - sean cesados o dimitan", y además pedir que "la sanidad pública sea de verdad pública, sea buena y esté bien gestionada".

A la manifestación, ha acudido el candidato socialista a la Alcaldía de Madrid, Antonio Miguel Carmona, y el concejal socialista del Ayuntamiento de la capital y secretario de Movimientos Sociales del PSM-PSOE Pedro Zerolo. Zerolo ha expresado su solidaridad con Teresa Romero y con todos los técnicos sanitarios que han intervenido en este proceso, al tiempo que ha puesto de manifiesto que el PP sigue desmantelando la sanidad pública, lo que, en su opinión, supone "un peligro para los principios democráticos y el interés común".