El Boletín: Las derivaciones de pacientes a clínicas privadas podrían tener sus días contados. Al menos así lo pretende la Marea Blanca, que ha puesto en marcha una campaña para acabar con esta práctica. La Coordinadora Anti-Privatización de la Sanidad (CAS-Madrid) lanza un comunicado en el que pide a los madrileños que se nieguen a ser atendidos en la privada y les anima a grabar las llamadas que hace la empresa Indra, contratada por la Consejería de Sanidad para tramitar estas derivaciones, y poder llevar el caso a los tribunales.

La nota de este colectivo, a la que ha tenido acceso elboletin.com, asegura que “a las personas a las que su médico les indica la realización de pruebas diagnósticas, consultas a especialistas o intervenciones quirúrgicas, reciben una llamada de un ‘Centro de Coordinación’ de la Consejería de Sanidad que les da como opción exclusiva ser atendidos en clínicas de la sanidad privada”.

La llamada no la hace el departamento que dirige Javier Fernández-Lasquetty, sino que como explica CAS-Madrid “procede de la empresa Indra, a quien la Consejería de Sanidad adjudicó la realización de las llamadas para derivar a los pacientes”. El Gobierno regional privatizó en 2010, con Juan José Güemes de consejero, el sistema de citas. Sacó a concurso la gestión de un ‘call center’ por 40 millones de euros durante cuatro años, y ganó Indra, que ofreció 27 millones.

Son los teleoperadores de esta empresa los que llaman a los pacientes para ofrecerles ser operados en centros alternativos, es decir, privados, “para reducir el tiempo de espera”. Según la Coordinadora, “esta empresa, por encargo de la Consejería de Sanidad, ha estado engañando a la gente diciéndole que en la pública el tiempo de espera era muy alto e insistiendo en la rapidez de la privada, aún cuando muchas personas exigían ser tratadas en los centros públicos. Además, mienten descaradamente diciendo que los centros privados que recomiendan pertenecen a la Sanidad pública”, asegura el colectivo.

La Marea Blanca critica estas derivaciones cuando la realidad es que “la Sanidad pública permanece infrautilizada”, un “argumento que luego se utiliza para cerrar servicios”. Por ello, el colectivo considera que dicha práctica “puede ser objeto de demanda judicial contra quienes administran el dinero público y nuestros recursos con la finalidad de potenciar el negocio privado”.

Y para poder llevar a cabo acciones judiciales, dice CAS-Madrid, “es preciso obtener pruebas”. Con ese objetivo han lanzado la campaña en la que piden a todos los madrileños que reciban esta llamada que “graben la conversación en su teléfono móvil” y se pongan en contacto con ellos para organizar toda la información disponible.

Asimismo, instan a los pacientes a rechazar ser derivados a la privada y a exige ser atendidos en la Sanidad pública, “cosa que con insistencia se consigue”. Por último, sugieren a los afectados que “soliciten a su médico que indique en el documento en el que se pide la prueba, la intervención quirúrgica o la consulta con el especialista, que el paciente exige ser atendido en la Sanidad pública”.

El pasado mes de enero la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) puso en marcha un registro de las derivaciones a clínicas privadas, al considerar que el ‘call center’ engañaba a los pacientes al no informarles de la lista de espera real que hay en sus hospitales, sino sólo de la espera máxima.