infoLibre: El doctor Marciano Sánchez Bayle, jefe de Pediatría del Hospital Niño Jesús de Madrid y una de las caras más visibles de la marea blanca contra la privatización de la sanidad en Madrid, tendrá que dejar el servicio el próximo 24 de julio. Ese día cumple 65 años y la Consejería de Sanidad le ha denegado la prolongación, por lo que se procederá a su jubilación forzosa.

A juicio de Sánchez Bayle, que es presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid, detrás de esta denegación –que admite que no es la única que se ha producido en la sanidad madrileña– hay "un caso clarísimo de represalia sobre personas concretas" y un "intento de desactivar cualquier tipo de movimiento" en contra de los planes de la actual dirección de la Consejería de Sanidad. Y es también un mecanismo de presión de las gerencias de los centros sanitarios para que las personas que les sustituyan –sólo un 10% del total de jubilados puesto que la tasa de reposición es la misma que para el resto de funcionarios y que tendrán contratos eventuales– "estén dispuestas a no movilizarse".

Para solicitar la prolongación de la permanencia en el servicio activo los profesionales debían presentar una memoria que recogiera su trayectoria profesional y acreditar su excelencia y la posesión de méritos, así como un proyecto de actividad a realizar durante el período para el que se solicitaba la prolongación. Además, dependiendo de su ámbito de actividad (atención primaria, hospitales, urgencias…) debían presentar datos referidos al volumen de actividad durante los doce meses anteriores a la presentación de la solicitud.

Estos documentos iban acompañados por un informe del servicio de prevención sobre la capacidad funcional del profesional en cuestión y un informe de la Gerencia del centro. Toda esta información se remitía a la dirección general de Recursos Humanos de la Consejería, responsable última de la decisión. No existe, por tanto, un procedimiento con baremos objetivos, como vienen denunciando sindicatos y organizaciones profesionales.

Hace justo un año ya hubo polémica por el retiro forzoso de 455 de los 650 médicos mayores de 65 años que había entonces en la comunidad. Entonces, representantes de los principales sindicatos del sector y el colegio profesional ya señalaron que el proceso no había sido "transparente", que se había hecho de forma "apresurada" y que se habían tomado "decisiones arbitrarias".

De hecho, entre los salvados se encontraron entonces los doctores José María Román, que estuvo al frente del equipo quirúrgico de Patología de la Mama que operó a la expresidenta Esperanza Aguirre; el patólogo Vicente Furió, integrante del mismo equipo; el neurocirujano del hospital de la Princesa Ricardo González Liberal, familiar del presidente madrileño Ignacio González o Enrique Moreno, el cirujano que practicó un trasplante de hígado al expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra. Todos superaban los 65 años.