EL PAÍS: Los profesionales sanitarios encargados de los servicios de urgencias en los hospitales no son suficientes, según reclaman los Defensores del Pueblo de las distintas comunidades autónomas en un informe conjunto sobre la atención urgente. Esta insuficiencia hace que los Médicos Internos Residentes (MIR) asuman un “grado excesivo de responsabilidad en la actividad asistencial”, continúa el estudio que han presentado este lunes los defensores y que resume las insuficiencias de las urgencias en 40 conclusiones, de las que destaca que se puede atribuir un “aumento de mortalidad” a las condiciones del servicio. El trabajo Las urgencias hospitalarias en el Sistema Nacional de Salud: derechos y garantías de los pacientes ha sido presentado este lunes por la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril.

La atención urgente encierra “dificultades importantes” que deben atenderse, entre ellas, la saturación del servicio, como ocurre con la epidemia de gripe.Pero la solución a esta congestión no radica en exclusiva en la ampliación de los espacios físicos. “No resuelven el problema si no van acompañados de cambios en la organización y en la gestión”, ha apostillado el Defensor del Pueblo de Navarra, Francisco Javier Enériz. El informe señala que los profesionales tienen experiencia para prever esos picos de atención, con lo que podría actuarse ante esas situaciones, que las Administraciones muchas veces califican de imprevisibles.

El problema se agrava cuando la sobrecarga supone un deterioro de la dignidad e intimidad de los pacientes, situación que según el informe se produce en muchos casos y se debe a “la estructura física y funcional de los servicios de urgencia, las frecuentes situaciones de saturación de estos servicios y la todavía insuficiente cultura de respeto a la privacidad del medio hospitalario”. Las quejas de los pacientes, uno de los factores que fundamentan el estudio, suelen hacer referencia a la falta de camas, al uso de camillas situadas en los pasillos o la visualización de asuntos personales por personas ajenas al enfermo.

Además, la separación de los servicios de urgencias del resto de la atención (en muchos centros no hay ni siquiera acceso a la historia clínica del paciente) lastra la atención, según el informe.

Los defensores piden también que se cree la especialidad médica de urgencias y emergencias. Una solicitud que los profesionales del sector apoyan, pero la reordenación del sistema MIR, la troncalidad, no lo incluye.

Preocupa especialmente la atención adecuada a las personas más vulnerables de la sociedad. El estudio apunta que la continuidad asistencial de personas sin hogar o de inmigrantes en situación irregular no está garantizada, con lo que apuntan al recorte de derechos de estas personas promovido por el Ministerio de Sanidad. El informe señala medidas (exigir compromisos de pago o emitir facturas) que deterioran la asistencia a estas personas. Para ellos la asistencia médica debe prolongarse más allá del alta en la atención urgente. En el caso de las personas sin hogar, por ejemplo, esto supondría coordinar la comunicación y la actuación entre los servicios médicos y los sociales.

Trasladar las conclusiones del estudio a las autoridades es “sencillo”, ha apuntado la Defensora del Pueblo.