EL PAÍS: La oposición de la Asamblea denuncia que el sistema de libre elección de médico especialista y hospital, instaurado por el PP en 2010, ha engordado el negocio de los hospitales de gestión privada. En 2018, miles de pacientes dejaron de tratarse en sus hospitales públicos de referencia —los siete más grandes perdieron 89.000 primeras consultas— y se pasaron a los de gestión privada —que ganaron 144.000—. Ese trasvase se traduce en dinero. Los centros privados cobran más del erario público cuantos más pacientes atienden. Los públicos, no. La Jiménez Díaz ha pasado de ingresar seis millones por esta partida en 2010 a 148 en 2016.

La Consejería de Sanidad, los partidos de la oposición y los sindicatos coinciden en señalar un denominador común para explicar el trasvase de pacientes de la sanidad pública a la privada. “Es el menor plazo de espera para las citas u otras razones”, dice un portavoz gubernamental. La discrepancia que les enfrenta es otra: por qué se atiende antes a un paciente en la sanidad de gestión privada que en la pública.

“La Consejería de Sanidad se encarga de hacerles el trabajo sucio [a los hospitales privados], que consiste en colapsar y deteriorar la sanidad pública hasta el punto de fomentar que pierda cientos de miles de pacientes al año que se derivan a la privada, para que facturen más con mayor gasto para las arcas públicas”, opina Mónica García, diputada de Más Madrid. “Si se tratara de dos empresas, se podría decir que una está absorbiendo a la otra, con el agravante de que la absorbida es nuestra sanidad pública, la que garantiza la equidad, la igualdad y la cohesión social”.

“El sistema está diseñado para favorecer que los hospitales de gestión privada tengan más actividad, y que con esa actividad generen más recursos que a su vez generen más actividad”, le sigue José Manuel Freire, diputado del PSOE. “Se favorece claramente a aquellos centros que tienen la agilidad de abrir huecos de consultas, que les dan más pacientes, lo que a la vez les supone obtener más dinero”, razona. Y compara: “Los hospitales públicos, en cambio, tienen una rigidez de medios que les convierte en donantes involuntarios de pacientes”.

"Ante la descapitalización de los servicios públicos y las carencias en medios materiales y humanos que conlleva, hemos visto cómo las listas de espera se mantienen en niveles muy elevados", argumenta Jacinto Morano, diputado de Podemos. "Ante eso mucha gente está optando por la privada, pero no por una mejor calidad ni porque a los madrileños no les guste la pública, sino porque la libre elección de centro se usa como coartada para justificar el ataque a la sanidad pública".

“Los hospitales públicos siempre van a estar más saturados, pero se potencia desde la consejería”, remata Julián Ordóñez , secretario general de UGT Sanidad en Madrid. “Cuando se cierran camas en verano, la excusa es que hay menos gente, pero las camas no se abren en septiembre, si no ya en invierno”, añade. “La saturación es algo que se va buscando para el ahorro que supone contratar menos gente y la intención de derivar”. Su homóloga en CC OO, Rosa Cuadrado, añade: “El sistema público no puede poner más recursos para atajar esa demora, no puede incrementar las plantillas, mientras que al hospital privado esa primera cita les es muy rentable económicamente, y además no tiene límites presupuestarios”.

Todo empieza con una llamada de teléfono al servicio de citas o con una conversación con el médico de atención primaria. El paciente tiene un problema. Busca un especialista que se lo solucione. Cuando la espera es mayor es su centro público de referencia, y menor en uno de gestión privada, la mayoría no dudan.

“No se sugiere de partida el cambiar de hospital, pero es una opción. No se sugiere ir a esos centros. Los pacientes eligen libremente”, explican desde la Consejería de Sanidad, área que cuenta con un presupuesto récord en 2019 (más de 8.000 millones) y en la que se ha emprendido la renovación de centros emblemáticos como La Paz, el 12 de octubre o el Gregorio Marañón a cambio de inversiones millonarias.

Sin embargo, los siete mayores hospitales (Gregorio Marañón, 12 de Octubre, Clínico San Carlos, La Paz, La Princesa, Puerta de Hierro y Ramón y Cajal) tienen muchas más citas salientes (personas cuyo hospital de referencia es ese pero deciden tratarse en otro) que entrantes (procedentes de otro hospital). La Paz es el que más ha perdido (un balance de 32.812 menos). Así, los siete grandes hospitales públicos perdieron 77.302 citas en 2017 y 89.090 citas en 2018.

Negocio millonario

En cambio, en los cinco hospitales de gestión privada integrados en la red pública (Fundación Jiménez Díaz, Villalba, Torrejón, Infanta Elena de Valdemoro y Rey Juan Carlos de Móstoles) ocurre lo contrario. Tienen muchas más citas entrantes que salientes, es decir, consiguen “captar” pacientes. En 2017 lograron 113.817 citas más, mientras que en 2018 elevaron esa cifra hasta las 144.071 citas. Es el caso de la Fundación Jiménez Díaz, que logró un balance positivo de citas (entrantes menos salientes) de 49.876 en 2017 y de 64.514 en 2018.

Eso se traduce en más dinero público. Si en 2013 la Jiménez Díaz recibió por esta partida 21,1 millones, en 2014 creció hasta los 35,8 millones y en 2015 alcanzó los 58,1 millones, según datos de la Cámara de Cuentas. Aunque el gasto de los siguientes años todavía no está consolidado, en 2016 Sanidad firmó una adenda por este concepto de 148,2 millones de euros y, dado que cada año logra captar más pacientes, esa cifra seguirá aumentando en los años posteriores.

Un portavoz de la Consejería de Sanidad explicó que el aumento de las partidas destinadas a la fundación se deben a que ha crecido el número de pacientes que ha acudido a su área de influencia. “El mecanismo y las normas que rigen la libre elección son iguales para todos y en ese sentido si hay más pacientes que van a la Jiménez Díaz eso se factura según lo que indica el convenio”, señala. “Solo se paga la actividad. Así que la actividad determina todo el pago”.En el caso contrario, cuando un paciente que tiene como referencia un centro de gestión privada prefiere ir a uno público, este también recibe un pago. Pero no va a sus cuentas. Se ingresa en un fondo común del sistema público.