Gaceta Médica: El proyecto de Ley de Garantías y Sostenibilidad del sistema sanitario público de Andalucía superó la enmienda a la totalidad presentada por el PP y continúa su trámite parlamentario gracias al apoyo de PSOE, Podemos, Ciudadanos e IU. El siguiente trámite será recibir las propuestas de los cinco grupos en la Comisión de Salud. Una norma con la que la Junta de Andalucía “persigue blindar la sanidad pública y asegurar los principios de universalidad, equidad, solidaridad social e igualdad en el acceso a las prestaciones a cualquier persona que lo necesite”.

El proyecto de ley fue aprobado en Consejo de Gobierno en diciembre, y desde entonces la Consejería de Salud, dirigida por Aquilino Alonso, ha pisado el acelerador para enviarlo al Parlamento de Andalucía. Entre otras medidas, la norma determina que no se establecerán sistemas de copago para las prestaciones de la cartera complementaria de servicios en el ámbito de competencias autonómicas. También, que se arbitrarán las medidas necesarias para minimizar el impacto de las tasas farmacéuticas fijadas por el Gobierno.

Durante su intervención ante el Pleno, Alonso destacó que el objetivo de la ley es proteger el sistema sanitario público ante situaciones de crisis, y “prepararlo para dar la mejor respuesta ante retos como los derivados del envejecimiento de la población y la cronificación de muchas enfermedades”. El consejero reiteró su apuesta por un pacto por la sanidad pública en Andalucía.

Por otra parte, el titular sanitario adelantó que se garantizarán los derechos básicos en los que Andalucía ha sido pionera como son la libre elección de médico, la segunda opinión médica, la declaración de la voluntad vital anticipada, la muerte digna, o el consejo genético. En aquellas prestaciones de la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud donde se prevea una aportación económica por parte de la población, Alonso explicó que se arbitrarán las medidas necesarias para minimizar su impacto y que, en ningún caso, pueda existir una persona excluida de una prestación por razones económicas.

El Consejero espera que con esta ley se abra un debate a nivel nacional para mejorar la sanidad.

El recorrido de la Ley no será tan plácido como el debate del 15 de marzo. Todos los grupos parlamentarios ya le han hecho saber al consejero de Salud, Aquilino Alonso, que el texto va a ser examinado al detalle y que se enmendará todo aquello que suene a “cantos de sirena”.

Y es que el capítulo más controvertido quizás sea el relacionado con el uso racional de medicamentos. Desde Ciudadanos, la portavoz Isabel Albás ya ha avisado que en este capítulo habrá cambios. Además de presentar “las enmiendas que consideremos oportunas”, la diputada naranja señala que solicitarán la presencia “de todos los agentes implicados” con el objeto de alcanzar un consenso social además de político. La postura de Podemos es similar. Su portavoz, Juan Antonio Gil de los Santos, ya ha avisado de que no aceptará ningún precepto legal “que no conlleve la financiación suficiente para llevarlo a cabo” y ha anunciado que pedirá al consejero a “sentarse y no levantarse hasta que todo tuviera viabilidad económica”.

Junto a las medidas de uso racional, el citado artículo también tiene otro precepto donde habrá enmiendas. Se trata de la colaboración público privada entre los centros del Servicio Andaluz de Salud y la industria farmacéutica para, entre otras cosas, actividades de formación. “Las empresas farmacéuticas vendrán obligadas a comunicar a la autoridad sanitaria de la Comunidad Autónoma, en los términos y condiciones que se determinen por la Consejería competente en materia de salud, información sobre las aportaciones dinerarias o en especie, ayudas y subvenciones, por la industria farmacéutica”.