EL PAÍS: El juzgado número cuatro de lo contencioso administrativo de Madrid ha dictado la suspensión cautelar de la privatización de la gestión que la Comunidad pretende para seis hospitales de la red pública (Infanta Sofía, Infanta Leonor, Infanta Cristina, Hospital del Henares, Hospital del Sureste y del Tajo) en base al recurso por defensa de los derechos fundamentales interpuesto por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM). "Vamos a estudiar el auto, hay posibilidad de poner un recurso", han señalado desde el Gobierno regional, donde han resaltado que el fallo procede de un órgano "inferior jerárquicamente al TSJM". El Gobierno de Ignacio González tiene 15 días de plazo para hacerlo. Este miércoles está previsto un acto en el que el consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, dará explicaciones.

"Es una buenísima noticia, estamos muy satisfechos, porque ha sido precisamente una suspensión por un recurso por defensa de derechos fundamentales. La privatización no solo no supondría el ahorro que defendía la Comunidad [del 20%, según el presidente autonómico, Ignacio González], sino que además generaría unas desigualdades en cuanto a la atención sanitaria que recibirían los madrileños y por tanto una discriminación", ha declarado Fátima Brañas, miembro de AFEM. "Nuestra lucha contra el proceso se debe fundamentalmente porque era malo para los pacientes, sería el perjuicio de la mayoría para beneficio de unos pocos. AFEM no se creó para paralizar la privatización, se creó antes para defender una mejor gestión de la sanidad pública. Por eso, esta paralización es para nosotros kilómetro cero. A partir de esto podemos trabajar para una mejor sanidad pública. Pero la vía no es privatizarla", ha añadido Brañas. “Esta decisión es el resultado del trabajo de AFEM con el despacho López Rodó, en concreto con el abogado Juan Ferrer”, valoran políticos de la izquierda madrileña.

Según recoge el auto del magistrado Carlos Gómez, la adjudicación “lleva implícita una considerable dosis de irreversibilidad” que “se incrementa notablemente en supuestos como éste, en los que, por la propia magnitud del servicio, se precisa introducir por los agentes privados, en sus legítimas aspiraciones empresariales, importantes modificaciones y cambios estructurales durante la vigencia de la concesión (10 años en este caso), que hace muy difícil, cuando no imposible, la reversión al sistema público anterior”.

“Al margen de que esta cuestión [la privatización] resulta una incógnita en el momento actual (existen datos sobre países en los que la gestión privada de su sistema sanitario no ha supuesto un ahorro por, entre otros factores, la interposición de más operadores) y al margen, también, de que no se entienda bien cómo los responsables de la Administración, encargados de la gestión pública de su este servicio esencial, asuman sin más su incompetencia para gestionarlo con mayor eficiencia, lo cierto es que en un supuesto tan particular como este asiste la duda al plantearse si el interés general se concreta en ese ahorro de costes que proclama la Administración o si, por el contrario, el interés general demanda el mantenimiento del sistema que ahora se pretende cambiar”, añade en un tono muy duro. El magistrado se basa en estas razones para admitir “la suspensión de los actos administrativos impugnados”, interrumpiendo de esta forma el proceso.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ya suspendió de forma cautelar el proceso de privatización el pasado 10 de julio. Sin embargo, dos semanas después levantó la suspensión cautelar de la adjudicación de los centros que el mismo tribunal había decretado, dando la razón al Gobierno regional, que alegó que los seis diputados socialistas —cada uno residente en una de las zonas de influencia de los hospitales— que pidieron la suspensión “no ostentan un interés legítimo”. Al considerarlos no legitimados, el tribunal archivó el recurso sin entrar a estudiar el fondo del caso, algo que, como admiten los propios magistrados, no está previsto por la ley.

“Es una noticia formidable que estaba esperando toda la sanidad de Madrid y de España. Prácticamente hace inviable la privatización este año. Había poderosas razones para paralizar este proceso. Ya lo hemos pedido todos los grupos de la oposición, hay que revisar este proceso y gestionar de otra manera el sector público. Los argumentos contra la privatización son apabullantes”, ha manifestado tras conocer la decisión judicial el diputado regional socialista José Manuel Freire y portavoz de Sanidad del PSM. Los socialistas madrileños pedirán "la inmediata salida de los representantes de las tres empresas que ya estén presentes en los hospitales".

“El Gobierno regional ya no tiene ninguna excusa para no paralizar este proceso”, ha resaltado el parlamentario autonómico Rubén Bejarano (IU). “Tras 10 meses de movilizaciones y con esta noticia está claro que el Gobierno debe dar marcha atrás, no puede gobernar al margen de lo que dice la ciudadanía y los tribunales de justicia”, ha enfatizado.

“No nos sorprende esta paralización y esperamos que sirva para que la Comunidad de Madrid renuncie totalmente al proceso”, ha valorado el diputado Enrique Normand (UPyD). “Todo este proceso de privatización está generando una confusión muy importante entre los pacientes y los profesionales, generada por las numerosas irregularidades que ha habido durante el mismo”.

Previamente, en el debate del estado de la región los partidos de la oposición han pedido expresamente al PP que retirara el proceso. “Señor Gómez, paralice la privatización de la sanidad, inclúyala en su programa electoral. Si los ciudadanos la respaldan, al día siguiente quitaremos nuestros recursos. De lo contrario no pararemos hasta revertir la privatización". “Reclamamos el fin de un proceso escandaloso de privatización, innecesario, opaco, probablemente ilegal, con toda seguridad clientelar, y desde luego abusivo”, ha dicho Gregorio Gordo, de Izquierda Unida. “La privatización sanitaria ha sido totalmente improvisada, con fallos administrativos como adjudicar hospitales a sociedades que no existen. Les pedimos que rebobinen y la abandonen, siéntense a mejorar la gestión con los profesionales”, ha coincidido Luis de Velasco, de UPyD.

Tres empresas se han disputado la adjudicación de la gestión de los seis hospitales que la Comunidad de Madrid pretende privatizar: Ribera Salud, Sanitas y el grupo puertorriqueña HIMA San Pablo.

HIMA San Pablo, que posee cuatro hospitales en Puerto Rico y una de sus áreas de negocio es el turismo sanitario de pacientes procedentes del resto de Estados Unidos, asumía la gestión de los hospitales Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), Infanta Cristina (Parla) y el del Tajo (Aranjuez).

Ribera Salud, empresa especializada en la gestión de hospitales públicos —la tiene concedida en Alzira, Elche, Denia y Torrevieja, con sus correspondientes áreas de salud, además de las resonancias magnéticas en la Comunidad Valenciana y el laboratorio central de Madrid— se presentó al concurso para hacerse con dos de los seis centros cuya gestión está privatizando el Gobierno regional madrileño: el Infanta Leonor, en Vallecas (Madrid) y el del Sureste (Arganda del Rey).

Sanitas, propiedad de la multinacional BUPA, entró en el mercado de la gestión privada de hospitales públicos el año pasado, con la compra a Ribera Salud de sus participaciones en los centros de Manises y Torrejón de Ardoz. Ahora ha resultado adjudicataria del hospital del Henares, en Coslada.

En la actualidad trabajan en los seis hospitales un total de 5.200 sanitarios, de los que 2.000 son personal estatutario fijo (funcionarios) y, de éstos, 560 son médicos, según datos de la Consejería de Sanidad.