EL PAÍS: Los 43 magistrados que han acudido al pleno de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) celebrado esta mañana han acordado en apenas unas horas y por mayoría devolver los siete recursos que afectan a la privatización sanitaria madrileña a sus secciones de procedencia, según han informado fuentes del TSJM. Las mismas fuentes señalan que se han anunciado votos particulares a esta decisión, que supone el respaldo de los magistrados a la suspensión cautelar del proceso, paralizado judicialmente desde septiembre. En las próximas horas se conocerán los contenidos de los autos que dicte la Sala.

La decisión supone un fuerte varapalo al acuerdo del expresidente de la Sala de lo Contencioso, Gerardo Martínez Tristán, ahora vocal del Poder Judicial a propuesta del PP, que decidió avocar al pleno el caso de la privatización al considerar que una sección de esa sala, la tercera, ordenó su paralización, mientras que otra, la octava, mantuvo que no había lugar a ella. Martínez Tristán apreció que las resoluciones de esas secciones "resultan o pueden resultar contradictorias".

Con Martínez Tristán ya fuera de la Sala al haber sido seleccionado por el PP para el CGPJ, sus excompañeros han tumbado su decisión. Aseguran que entre las dos resoluciones a las que hacía referencia no existe ninguna contradicción, según fuentes jurídicas. Y no la hay porque mientras que en la resolución de la sección tercera —la que paralizó el concurso privatizador— varias partes habían solicitado esa medida cautelar, en el caso que se seguía en la sección octava -un recurso especial de protección de los derechos fundamentales instado por CC OO- no se había solicitado, pese a lo cual, el tribunal se pronunció sobre ella. Esa es la principal razón por la que devuelven los casos a cada una de esas secciones, con lo que la paralización del concurso sigue vigente. La decisión, según esas mismas fuentes, ha sido muy discutida, y varios magistrados han anunciado que redactarán votos particulares.

El pleno de la sala comenzó a las 9.45 a resolver los recursos sobre el paso a manos privadas de seis hospitales públicos presentados ante este tribunal y, en apenas tres horas, los magistrados han decidido devolverlos a sus secciones de origen, entre ellas, la tercera de lo Contencioso-Administrativo, que fue la que acordó suspender el procedimiento a solicitud de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM). Al enviar el asunto de nuevo a su sección, será esta la que decida si levanta la suspensión, como le pide el Gobierno regional en uno de los recursos, o la mantiene, como defiende AFEM.

Entre los recursos, que se dirigen contra la resolución de 30 de abril de 2013 de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria que habilita la privatización de los hospitales Infanta Sofía, Infanta Cristina, Infanta Leonor, el Hospital del Sureste, el del Henares y el del Tajo, figuran los registrados por el PSM y los sindicatos CC OO, Amyts, además de AFEM. Los hospitales fueron adjudicados a tres empresas el pasado mes de agosto, que no llegaron a tomar posesión, con la oposición de sindicatos, partidos y agente sociales. Además de multitudinarias manifestaciones o mareas blancas, en referencia al color de las batas de los médicos, los profesionales sanitarios llevaron a cabo 22 jornadas de huelga.

El consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, ha preferido no pronunciarse sobre la decisión del TSJM a la espera de más datos, al tiempo que ha subrayado que "el pleno de la sala que no se pronuncia sobre los recursos, solo sobre su tramitación", informa José Marcos. "Tenemos que recibir el auto y estudiarlo, no ha sido una decisión unánime", ha insistido Lasquetty, para pedir que los recursos contra la privatización "se resuelvan con rapidez". "Sin haber leído o estudiado el auto no podemos pronunciarnos sobre si presentaremos un recurso", ha añadido el consejero, que ha asegurado que no supone ningún "golpe".

Fátima Brañas, portavoz de AFEM, ha expresado a Efe su satisfacción y ha opinado que es una "señal de respeto" del pleno por la justicia. "Si las secciones estaban haciendo su trabajo correctamente, lo razonable, y parece que es el punto de vista jurídico, es que estas continúen con su trabajo", ha añadido. "Nos parece una decisión absolutamente razonable y justa", ha asegurado el secretario general del sindicato médico AMYTS, Julián Ezquerra. En declaraciones a la SER, José Manuel Freire, portavoz de sanidad socialista en la Asamblea de Madrid, ha considerado que la decisión judicial de hoy implica que el proceso de privatización de la sanidad "está muerto".

La rápida respuesta de la sala supone, además, un giro sorprendente, ya que los magistrados tenían dos días para decidir y, según habían avanzado fuentes judiciales, no se esperaba que se diera a conocer su conclusión hasta la semana que viene.

Al devolver los recursos a su punto de partida, los jueces revocan la polémica (e “inusual”, según fuentes jurídicas) decisión de unificar los recursos que en la sala de lo Contencioso que tomó en octubre el entonces presidente de la sala, Gerardo Martínez Tristán. Los socialistas recusaron a Martínez Tristán al considerar que estaba demasiado relacionado con el PP —está casado con una consejera del Gobierno de María Dolores de Cospedal, también exalto cargo de la Comunidad de Madrid— como para ser imparcial.

Tomás Gómez, líder de los socialistas madrileños, dimitió posteriormente como senador cuando PP y PSOE pactaron la composición del nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en el que Martínez Tristán consiguió un puesto precisamente a propuesta del PP. Pero este magistrado no ha presidido la reunión, puesto que a finales de diciembre fue nombrado miembro de la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces y ese cargo requiere exclusividad. Le ha sustituido Miguel Ángel Vegas, el magistrado con más antigüedad en la sala.

A las puertas del TSJM en la calle General Castaños se han concentrado, en coincidencia con el inicio del pleno y convocados por la plataforma Sanidad en Lucha bajo el lema No es de Justicia privatizar la sanidad, un centenar de personas en defensa de la sanidad pública que pedían a los magistrados que defendieran los "derechos básicos" de la ciudadanía.