Huffington Post: La Fiscalía se ha querellado contra la que fue directora general de Planificación y Equipamientos Sanitarios de la Comunidad de Madrid entre 2008 y 2011 por presuntas irregularidades en la construcción y explotación del hospital Puerta de Hierro de Majadahonda (Madrid), que ha supuesto una pérdida de diez millones de euros.

La investigada es Elena de Mingo, que fue nombrada directora general de Planificación, Infraestructuras y Equipamientos Sanitarios de la Comunidad de Madrid en 2008, cuando era consejero de Sanidad Juan José Güemes y presidenta del Gobierno autonómico Esperanza Aguirre.
 

Según ha informado la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, hay indicios de que “prescindiendo del más mínimo procedimiento administrativo de modificación de contratos previsto en la legislación vigente y en el pliego de cláusulas administrativas, se modificó de facto el contrato de concesión de obra pública para la redacción del proyecto, construcción y explotación del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda”.

“Mayores costes por servicios no prestados”

Debido esa gestión “la administración ha abonado mayores costes por servicios nunca prestados”, produciéndose un menoscabo a los caudales públicos de la Comunidad Autónoma de más de diez millones de euros, explica el Ministerio Público.

Esta obra pública fue adjudicada por el consejero de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid mediante Orden de 18 de marzo de 2005 a la agrupación de empresas formada por Dragados S.A., Bovis Lend Lease S.A. y SUFI, que constituyeron la mercantil Hospital Majadahonda S.A.

Sobre ese contrato se aprobó una modificación en 2008, en una Orden de Cambio del 28 de mayo de ese año, por la que las 135 habitaciones del citado hospital pasaron de ser dobles a individuales.

Para justificar este cambio se invocó una resolución de 5 de mayo de 2008 dictada a requerimiento de la presidenta de la Comunidad de Madrid que no existió, según asegura la Fiscalía tras hacer los oportunos requerimientos.

El Ministerio Público considera que “sin perjuicio de la ilegalidad radical de la reducción de las 135 camas hospitalarias llevada a efecto eludiendo cualquier procedimiento administrativo” además “se debió de haber reestablecido el equilibrio económico del contrato de concesión a favor de la Administración a través del oportuno modificado, con el objeto de evitar el impacto negativo en los caudales públicos”.

Sin embargo a día de hoy no existe una resolución firme en ese sentido, con lo que la Administración ha abonado mayores costes por servicios nunca prestados, en una cantidad que estima en más de diez millones. La querella de la Fiscalía será investigada por el Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid.