EL PAÍS: En Estados Unidos existe un liderazgo sanitario nítido y firme frente al ébola. Thomas Frieden, director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Atlanta dirige la respuesta contra la enfermedad con el respaldo total del presidente Barack Obama —que maneja las riendas políticas de la crisis—. Frieden lleva semanas apareciendo en los medios, a un ritmo casi de comparecencia diaria, para informar sobre las medidas que se están tomando y trasladar mensajes claros a la población sobre el virus.

¿Quién ha asumido el papel de Frieden o los CDC en España?La falta de dirección clara, hasta la decisión tomada ayer por el Gobierno de crear un comité político y otro científico, ha lastrado no solo la gestión del contagio de la auxiliar Teresa Romero sino la confianza en las autoridades sanitarias, los políticos, y su capacidad para manejar la situación.

En España no ha habido un organismo técnico que haya asumido el mando de la crisis sanitaria. Los epidemiólogos han echado en falta una autoridad en salud pública que centralice la información, la gestione y tome las decisiones (o, al menos, las proponga), tengan estas que ver con la repatriación de españoles infectados, con sacrificar al perro de la paciente contagiada, con supervisar los protocolos de atención de las comunidades autónomas o con resolver qué plantas abrir del hospital Carlos III y en qué condiciones.

“Aquí no se ha sabido quién mandaba”, comenta Ildefonso Hernández, presidente de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas), que tras las medidas anunciadas por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, mostraba su satisfacción. Miquel Porta, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Autónoma de Barcelona, también ha echado a faltar “una gestión de la crisis en manos de técnicos con procedimientos claros”.

El ébola en España se ha manejado a tres niveles. Por un lado, el Ministerio de Sanidad es el encargado, con las comunidades, de que se apliquen los protocolos para la detección de posibles casos. El segundo es el autonómico. Las comunidades son las encargadas de poner en la práctica esos protocolos y atender a los afectados. El tercero es la comisión de investigación sobre el caso de Teresa Romero. Esta la forman miembros del Ministerio de Sanidad (la ministra, Ana Mato; la directora general de Salud Pública, Mercedes Vinuesa, y el responsable del Centro de Alertas, Fernando Simón) y de la comunidad (el consejero, Javier Rodríguez; el director general de Atención primaria, Antonio Alemany, y el viceconsejero de Asistencia Sanitaria, Javier Maldonado).

Esta policefalia ha provocado fallos de coordinación cuando los tres niveles han tenido que solaparse. Con el agravante de algunas particularidades, como la eliminación en 2008 en Madrid de la dirección general de Salud Pública, que se tomó como medida de ahorro, lo que llevó a repartir sus competencias entre otros departamentos de la consejería de Sanidad. Una decisión de una “gravedad extraordinaria”, para Porta: “La salud pública requiere de una estructura clara, visible, con mecanismos de decisión definidos. Si todo esto se diluye, nadie es responsable de nada”. Ildefonso Hernández considera positivo poner en marcha una comisión científica que, señala, debería reunir a los mayores expertos en España para deliberar sobre los aspectos técnicos y ayudar a la toma de las mejores decisiones. También destaca la relevancia de una comisión política que “supervise, impulse y facilite” las medidas que se han de aplicar y decidan los especialistas.

Pero, además, reclama un portavoz solvente con habilidades en comunicación, que podría salir de la comisión de especialistas. “Fernando Simón [el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad] podría desempeñar esta labor perfectamente”, sugiere el responsable de Sespas. “Lo importante es que no sea un político, no tendría credibilidad”, añade Miquel Porta.