Acta Sanitaria: La Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) ha publicado un manifiesto en el que reclama “un cambio del modelo de financiación sanitaria que garantice la suficiencia, la equidad y la racionalidad del gasto”, y en el que se proponen 10 características que debería reunir el nuevo modelo.
En este sentido, el informe publicado por la FADSP hace hincapié en la “importancia trascendental para la sostenibilidad del sistema” de su financiación, y señala que éste se encuentra “en riesgo real de quiebra económica”. Una circunstancia que achaca, entre otros factores, a los recortes presupuestarios, así como al incremento del gasto por el recurso a la colaboración público-privada y al aumento de la concertación y la externalización de servicios.
Además, la Federación hace un recorrido por la evolución de la financiación pública de la Sanidad española en los últimos años, cuya trayectoria califica como “la historia de un desastre”. Históricamente, señala, la Sanidad Pública española se financiaba con fondos propios de tipo finalista que se repartían con base en el porcentaje de población de cada comunidad con respecto a la total del país.
Este sistema se modificó, primero en 2002, pasando a financiarse la Sanidad mediante una cesta de impuestos indirectos y, posteriormente, en 2005, la Conferencia de Presidentes Autonómicos aprobó “una importante inyección económica para que las comunidades pudieran hacer frente a su elevado endeudamiento con los proveedores”, para lo cual se incrementó el porcentaje del IRPF y del IVA cedidos a las mismas, y se crearon nuevos fondos para reducir la insuficiencia y la desigualdades intercomunitarias.
En 2014, indica la FADSP, estaba previsto un tercer cambio del modelo que, sin embargo, “fue paralizado por el Gobierno alegando falta de recursos por la crisis”. Ahora, asegura la Federación, la presión de las comunidades autónomas, “asfixiadas por el corsé de la estabilidad presupuestaria y las deficiencias del modelo”, obliga al Gobierno a reaabrir el debate para un nuevo cambio en la financiación autonómica.
Así, esta organización aboga porque la Conferencia de Presidentes acuerde un modelo “que garantice la suficiencia global de cada comunidad autónoma y la sostenibilidad del sistema sanitario público” y que, además, “reduzca las desigualdades y se ajuste a las necesidades de salud de la población”.
Para ello, propone 10 requisitos que el sistema debería cumplir, entre los que cita “garantizar la suficiencia financiera y la equidad fiscal entre comunidades” e incrementar los impuestos a los sectores económicamente más beneficiados, combatir el fraude fiscal y eliminar la financiación con impuestos indirectos. Además, apuesta por devolver el carácter finalista a la financiación sanitaria.
Por otra parte, su propuesta contempla “dar trasparencia y simplificar el sistema de cálculo y de nivelación”, crear una partida económica específica en los Presupuestos del Estado para compensar las diferencias de financiación entre las regiones, calcular las necesidades de gasto según las necesidades de salud y cambiar la estrategia de la política sanitaria de la actual, “orientada a la enfermedad y la curación”, a otra basada en “la promoción, la prevención, la equidad y el cuidado a los crónicos”.
Finalmente, la FADSP insta a controlar el crecimiento “irracional” del gasto farmacéutico y defiende la creación de una agencia estatal que evalúe las nuevas tecnologías antes de introducirlas en el sistema, así como la puesta en marcha de una Estrategia Estatal para racionalizar la actividad asistencial “basada en evidencia científicamente comprobada”.