Acta Sanitaria: Según el último informe que ha presentado la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), los servicios de salud son muy diferente entre las distintas Comunidades Autónomas, lo que confirma la persistencia de flagrantes desigualdades territoriales.
Según el sistema de puntuación seguido por el informe, la máxima puntuación correspondería a 106, siendo la mínima 26. Con esta escala, las CCAA con mejores servicios sanitarios son Navarra, Aragón y el País Vasco. Tendrían servicios sanitarios regulares, Castilla y León, Asturias, Castilla la Mancha y Extremadura, Galicia y La Rioja; y tendrían servicios sanitarios deficientes Cantabria, Madrid, Baleares y Andalucía, ocupando el dudoso honor de los peores servicios sanitarios Cataluña, Murcia, Canarias y Valencia, siendo estas dos últimas las que salen siempre peor paradas cada año en los informes de la FADSP.
En cuanto a los cambios más destacables con respecto al informe de 2015 se sitúa el retroceso de Andalucía, Cantabria, Murcia y, en menor medida del País Vasco, Asturias, Galicia, Madrid y La Rioja. Por contra, han mejorado de ubicación Castilla La Mancha y Extremadura, que suben siete puestos; y Aragón, Castilla y León, Cataluña, Canarias y Navarra, que han avanzado un puesto.
En cuanto al efecto de los cambios en los gobiernos regionales de las últimas elecciones autonómicas, Sánchez Bayle estimó que es pronto para sacar conclusiones, aunque sí hay síntomas de mejoría en algunas CCAA.
En su decimotercera edición, el informe de la FADSP fue presentado por el secretario de organización de la federación, doctor Marciano Sánchez Bayle, quien reiteró su preocupación por la falta de equidad en el acceso a los servicios sanitarios que reciben los ciudadanos, según el territorio en el que viven.
Según aseveró Sánchez Bayle, los datos recogidos en el trabajo confirman el empeoramiento de la Sanidad pública en España, siendo este un fenómeno más grave en unas comunidades autómomas que otras, existiendo, sin embargo, problemas generales comunes a todo el Sistema Nacional de Salud.
Según los datos comentados, la sanidad española podría haber perdido recursos por valor de hasta un máximo de 23.000 millones de euros desde que comenzó la crisis económica en España, aunque otras fuentes reducen esa cantidad a los 15.000 ó los 21.000 millones de euros.
Perdidas especialmente visibles en la reducción de personal sanitario, el aumento de las listas de espera y la bajada en el número de camas hospitalarias disponibles, pero también visibles en recortes de derechos como la exclusión de inmigrantes en situación irregular de la prestación sanitaria y la misma vulneración de derechos en aquellos jóvenes, de nacionalidad española, que salen al exterior por lapsos superiores a tres meses. En estos casos, poco conocidos por la ciudadanía en general según el responsable de la federación, las administraciones expulsan a los afectados una vez que el sistema sanitario detecta su ausencia prolongada del país, perdiendo el referido derecho a la asistencia sanitaria.
Entre otros males, el secretario de la FADSP también señaló el gasto farmacéutico por receta, llamando especialmente la atención sobre el incremento de 2.500 millones de euros que se detectó en el ámbito hospitalario durante 2015. Haciendo también mención al acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Sanidad y Farmaindustria, por el que se garantiza un gasto farmacéutico acompasado con el PIB nacional, al margen de que el gasto sanitario no se incremente nunca a ese tenor.
Sánchez Bayle afirmó que el sistema sanitario ha sufrido desde 2009 una agresión continuada en forma de recortes presupuestarios. A la citada pérdida de recursos, que el Ministerio de Hacienda fijó en 10.000 millones de euros (sin contar los gastos del MSSSI y las corporaciones locales), y que el propio responsable de la FADSP subió a 15.000, 21.000 ó incluso 23.000 millones de euros, según las fuentes; también señaló la pérdida de entre 35.000 y 55.000 puestos de trabajo dentro del sistema sanitario.
Impactos negativos que explicarían por qué se redujo el número de personas que estimaban que el sistema sanitario funcionaba bien o bastante bien en 2010 ( 73,88 por ciento), frente a los que seguían pensándolo en 2015 (63,70 por ciento). Un descenso en la estima de los ciudadanos hacia su Sanidad, debido a millones de situaciones como las sufridas por un familiar del propio Sanchez Bayle, que recientemente ha recibido cita para la realización de una colonoscopia en abril de 2017. Como también se explicaría por el 1,8 millón de ciudadanos (4% de la población), que habrían dejado de retirar de las farmacias sus tratamientos prescritos por causa de los copagos.
Sánchez Bayle fue categórico al afirmar que es preferible, en su opinión, tener Desgobierno a un mal Gobierno. Por ello pidió que las fuerzas políticas se unan para derogar el real decreto 16/2012, como responsable de los mayores recortes de la pasada legislatura. Como medidas a reclamar, el secretario de la FADSP pidió que los presupuestos públicos sean finalistas y un fondo de cohesión sanitaria entre CCAA mucho más grande que el que pactaron el Partido Popular y Ciudadanos antes de la última investidura fallida como presidente del Gobierno de Mariano Rajoy, en el congreso de los Diputados.
Sánchez Bayle criticó acuerdos con la sanidad privada que se realizan en distintas autonomías, asegurando que los procesos de privatización de la sanidad siguen en marcha bajo distintas fórmulas. Especialmente, valoró de forma negativa la situación concreta de los hospitales de Burgos y Salamanca y la actual política sanitaria de Galicia en esta materia. El representante de la federación se mostró convencido de que los mecanismos privatizadores son más costosos y redundan en un peor servicio sanitario a los ciudadanos.
Los informes sobre los Servicios Sanitarios de las Comunidades Autónomas son documentos elaborados por la FADSP desde el año 2004, con objeto de registrar y evaluar, a partir de datos publicados oficialmente, las diferencias asistenciales existentes entre los sistemas sanitarios públicos de las distintas autonomías, una vez que el proceso de transferencias de la Sanidad fue completado en el año 2001.
Se trata de unos estudios necesarios, según los responsables de la federación, ya que la Ley General de Sanidad de 1986 no fue capaz de anticiparse a los desequilibrios territoriales en materia sanitaria que fueron agravándose tras su promulgación, así como tampoco parece estar consiguiéndolo la modificación de dicho texto legal realizada en junio de 2015.